¿Qué opción les deja el régimen a los cubanos, sin elecciones libres ni derecho a protestar?

Aunque un poco tarde con respecto al 11 de julio de 2021 —un día después del estallido de las primeras protestas por el prolongado apagón generalizado—, la orden de combate contra los manifestantes llegó. No hubo llamado en público a "los revolucionarios", pero la orden de reprimir se dio.

El régimen solo podía reprimir, ante la testarudez de una población que no se detuvo a recordar la represión y posteriores condenas contra los manifestantes del 11J, ni la que recibieron quienes protestaron contra los apagones en Nuevitas, incluidas tres niñas, en agosto pasado.

El régimen cubano no tiene para ofrecer más que represión y para justificar dicha represión, como hizo el 11J, necesita deslegitimar las protestas, sobre todo, si reprime mientras está "en conversaciones" con el Gobierno de EEUU. 

Miguel Díaz-Canel tardó dos días en pronunciarse sobre los sucesos y cuando lo hizo fue para afirmar que "manifestaciones de ese tipo no tienen legitimidad", amenazar a los manifestantes con todo el peso de la ley y recurrir al argumento del pago desde el exterior para sacar de la ecuación el carácter espontáneo de las manifestaciones. "Sabemos todos los nexos que tienen (quienes se manifestaron) con esa contrarrevolución que desde el exterior empieza a dictar cómo actuar y empieza a pagar ese comportamiento", citó Granma.

Cuando ocurrieron las protestas del 11J, en el programa "Hacemos Cuba", conducido por el vocero del régimen Humberto López, la coronel Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de la Investigación Criminal del Ministerio del Interior (MININT), afirmó que existían pruebas de financiamientos desde el exterior o "mercenarismo", que más de un año después no han sido presentadas.

Granma publicó las declaraciones de Díaz-Canel en una nota dedicada a resaltar la tercera visita del gobernante a Pinar del Río en seis días, su recorrido por las zonas afectadas por el huracán Ian y su intercambio “con autoridades del territorio y con el pueblo sobre la estrategia de recuperación”.

La publicación estaba destinada a mostrar un avance en la recuperación de Pinar del Río, la más golpeada por Ian, que haría como mínimo injustas las protestas que tuvieron lugar fundamentalmente en La Habana.

Sin embargo, una semana después del huracán y tres días después de la citada publicación de Granma, en Pinar del Río permanecían más de 1.000 personas en centros de evacuación, el nivel de recuperación del servicio eléctrico estaba solo al 19,8% y en el caso del abastecimiento del agua la situación era grave, según transcendió en una reunión del Gobierno presidida por Díaz-Canel el 5 de octubre.

Antes de que Díaz-Canel diera la cara, el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, había dicho que protestar era un derecho, para enseguida acotar que era un derecho "cuando los responsables del Estado y el Gobierno están dejando de hacer lo que les compete".

En otras palabras, son las autoridades las que deciden que han hecho lo que les corresponde y los cubanos no tienen derecho a decidir que su gestión ha sido insuficiente o ineficaz.

El pueblo, del que dimana todo el poder del Estado, según la Constitución de Cuba, y que sufre los apagones desde hace más de un año, por constantes averías debido a la obsolescencia de termoeléctricas, que no han recibido mantenimiento en décadas, no tiene derecho a considerar ineficiente la gestión del Gobierno, de acuerdo… al propio Gobierno.

El soberano, al que se le van horas de vida en colas para comprar comida o emplea la mitad del salario para adquirirla y la ha visto echarse a perder a causa del apagón generalizado, no puede calificar de deficiente la gestión de un Gobierno que no ha sido capaz de detener la inflación, que provocó un encarecimiento mayor de la vida con la implementación de la Tarea Ordenamiento y lleva décadas agarrándose del embargo estadounidense para justificar sus continuos fallos.

Ese soberano, compuesto por todos los electores cubanos, no tiene derecho a evaluar y protestar contra el desempeño del Gobierno que eligió y debe servirlo… Perdón, los cubanos no elegimos este Gobierno. Díaz-Canel no es un presidente electo.

Pero Díaz-Canel está consciente de que el descontento de la población no es inducido desde el exterior y es previo al huracán Ian.

El pasado 25 de septiembre, cuando se llevó a cabo el referendo sobre el Código de las Familias y previendo que, pese a la abrumadora propaganda gubernamental por el Sí, no sería validado por una mayoría amplia, reconoció en declaraciones a EFE que podía haber un voto de castigo, no porque las personas tuvieran nada contra el Código, sino porque "su situación en estos momentos es compleja", con "desabastecimiento, apagones, carencias" y "una parte importante de la economía paralizada".

Pero los cubanos no tenemos la posibilidad de expresar ese "voto de castigo" en elecciones libres. ¿Cuál es la vía "legítima", según el Gobierno, para expresar la inconformidad acumulada, de la que el apagón generalizado, después de dos, tres, cuatro, cinco días, fue la gota que colmó el vaso?

¿Qué camino le queda a ese pueblo en el que, según la Constitución, recae la soberanía de Cuba, y, sin embargo, no puede elegir representación política fuera del Partido Comunista, ni elegir directamente a su Gobierno, ni calificar su gestión de deficiente, ni sacarlo del poder mediante "un voto de castigo", por su ineptitud, en las urnas? 

La única opción que le queda a un soberano atado de manos y pies es la protesta ciudadana. En estos casos extremos de cierre democrático, la doctrina política-jurídica histórica coincide incluso en que es válido hasta un hecho de rebelión, como alegaron en su día los asaltantes del Cuartel Moncada. A diferencia de esos asaltantes dirigidos por Fidel Castro, los cubanos que exigieron en las calles electricidad, agua y libertad, no estaban armados ni portaban palos como sus represores vestidos de civil.

Manifestarse es un derecho en potencia válido, que está reconocido en la Constitución cubana, aunque sigua esperando por una ley que fue extraída del cronograma legislativo sin más explicaciones en el 2020 para nunca más aparecer. 

No hay una norma que le diga a los cubanos cuál es la forma legal de protestar para exigir sus derechos. Pero basándose en la Constitución, fuente de garantías y ley superior en el país, los cubanos pueden incluso señar que la falta de ley de reunión y manifestación es otra de las tantas deficiencias del Gobierno.