El régimen de Nicaragua negó la entrada al país al activista cubano por los derechos de la comunidad LBTI Raúl Soublett y a Dayami Valdés Cocho, madre del periodista Héctor Luis Valdés, pareja de Soublett, según una denuncia de este último en Facebook.
"El Gobierno de Nicaragua nos negó la entrada al país", escribió Soublett desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá.
"Nos encontramos en un local en espera de ser deportados para Cuba. Si regresamos nuestras vidas corren peligro", explicó el activista.
"Necesitamos ayuda. Las autoridades de migración nos retuvieron los pasaportes", lamentó Soublet.
En estos momentos esperan que las autoridades de Panamá decidan qué harán con ellos, dijo a DIARIO DE CUBA, Valdés Cocho, quien, a inicios de 2022, fue obligado a exiliarse por la Seguridad del Estado cubano. Las autoridades nicaragüenses también le negaron la entrada al país. Logró llegar a Estados Unidos en marzo pasado.
Soublet también fue forzado a abandonar el país, explicó Valdés Cocho. Además, fue presionado para cerrar Alianza Afro-Cubana, un proyecto enfocado en los derechos de la comunidad LBTI cubana y en la lucha contra el racismo, que dirigía desde 2017.
El pasado 9 de septiembre Soublett anunció en Facebook el cierre del proyecto de la sociedad civil cubana y afirmó que la decisión "no fue motivada por presiones externas". También dijo que no estaría "disponible para temas referentes al activismo de ningún tipo".
Valdés Cocho confirmó a DIARIO DE CUBA que Soublett hizo esas declaraciones en la red social bajo amenazas de la Seguridad del Estado.
Por ese motivo, el defensor de derechos humanos, decidió partir de Cuba junto a la madre de Valdés Cocho y ambos esperaban reunirse con él, expresó el periodista.
En diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución , mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor del Soublett y Valdés Cocho, tras considerar que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
Dos meses antes, Soublett había sido amenazado por la Seguridad del Estado con un proceso penal por el delito de mercenarismo, durante un interrogatorio. La acusación se basaba en unos videos contra el racismo y la homofobia que él produjo.
El defensor de derechos humanos había sido sometido a interrogatorios y amenazas con anterioridad, por su activismo y por su relación con un periodista independiente.
