Justicia 11J: De la denuncia urgente a la exposición del régimen cubano y su naturaleza represiva

En el contexto de la represión y las primeras desapariciones forzadas tras las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba un grupo de mujeres se articuló de inmediato y de manera espontánea para dar un rayo de luz a decenas de familias con madres, padres, hijos, hermanos, esposos detenidos.

Lo que nació como una necesidad del momento se ha convertido en referente. Una minuciosa y bien documentada lista de detenidos es hoy herramienta de denuncia, de presión contra el régimen cubano en escenarios internacionales donde ha sido expuesta su naturaleza represiva.

A un año de surgido el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba Justicia 11J, DIARIO DE CUBA habla con dos de sus fundadoras, Darcy Borrero y Laritza Diversent, de cómo ha sido la labor del equipo.

"Desde el mismo 11 de julio en la noche nos fuimos articulando varias mujeres que participábamos de grupos, entre ellos de feministas cubanas, con una sinergia ya creada. Se trataba de hacer un trabajo lo más inmediato posible, siempre buscando la justicia para todas esas personas detenidas, tratar de ubicarlas", relata la investigadora y periodista Darcy Borrero.

"Fuimos actualizando datos. A mí me llegaban del barrio La Güinera (La Habana) que fue donde crecí y tenía acceso a fuentes", ejemplifica.

Califica como una "ventaja" y a la vez como un "arma de doble filo" el hecho de que algunas de las integrantes del grupo estuvieran fuera de Cuba.

"A pesar de la dificultad por el contexto represivo cubano, la ventaja que hemos tenido es que hemos estado fuera de Cuba. Por una parte, no tenemos el contacto directo con las personas que nos dan sus testimonios, sin embargo, nos protege (en cierta medida) y nos permite además tener unas mejores condiciones de conectividad, imprescindible para el trabajo de periodismo de datos", añade.

Borrero y otras activistas implicadas en Justicia 11J residentes en el exterior han escapado a una serie de represalias que sí han sufrido las mujeres del proyecto dentro de Cuba, como el caso de Camila Rodríguez en La Habana. 

"Unas dentro, otras fuera, tratamos de imbricarnos para aprovechar las potencialidades de cada una. Todas tenemos siempre algo que perder, aunque no estemos en Cuba", dice.

Para la activista, que no se considera como tal, "el trabajo de datos, contactar fuentes sin ese temor inmediato, es lo que ha permitido avanzar".

Sobre la metodología, cuenta que lo primero fue crear el grupo en Facebook Desaparecidos SOS Cuba, donde "se ha compartido muchísima información".

"Hoy es complejísima de moderar, de estructurar, pero fue una fuente muy importante al principio, porque nos permitió que las denuncias tuvieran un cauce y que se fueran amplificando las búsquedas para finalmente dar con el paradero de las personas detenidas. Aparte de este grupo, hemos estado en comunicación a través de un grupo interno para concretar el listado, ese fue el segundo paso, hasta hoy", con la recogida de casos de más de 1.400 personas.

"Creamos una red de verificación también con participación de mujeres muy valiosas, por zonas del país, por cercanía, grupos de madres. Lo nuestro, como siempre decimos, es un subregistro tomando en cuenta que no hay cifras oficiales que estén desglosadas, desagregadas, tal y como las compartimos nosotras públicamente", refiere.

Sobre el impacto del trabajo de Justicia 11J, con resonancia en la ONU, Borrero recuerda que dos comités han hecho revisiones al Gobierno de Cuba recientemente. Otras organizaciones tuvieron implicación en denuncias al respecto.

"No sucedía hace muchísimos años y ahora tanto el Comité contra la Tortura como el de los Derechos del Niño han emitido una serie de consideraciones y entre ellas siempre toman un papel bastante preponderante las que aluden a la cuestión de la desagregación de los datos, de decir quiénes son los presos, con sus nombres y apellidos y sus edades, género y una serie de otras cuestiones", sostiene. 

"Estoy bastante orgullosa del trabajo que hemos hecho en Justicia 11J en la medida de lo posible y alternando con otros trabajos", dice Borrero.

Destaca que el objetivo siempre ha sido mostrar "el cariz real de las protestas, no estas manipulaciones que solemos ver en medios estatales, que las achacan a toda una organización previa, de supuestos laboratorios yanquis, todos esos argumentos poco creíbles".

A pesar de que el trabajo ha evolucionado hacia una mejor organización, "algo que lamentamos es que no seamos tantas actualmente. Hemos ido disminuyendo por el camino. Cada una de las que seguimos sí hemos decidido alternar este trabajo de desprendimiento, voluntariado casi, con nuestros trabajos en sí".

"Actualmente somos bien pocas, pero sí mantenemos el ánimo y la fe en que podamos seguir sacando adelante este trabajo que consideramos muy útil en el contexto cubano actual, más coordinadas, con metas claras y resultados", dice. 

Justicia 11J ha encontrado el camino para realizar verificaciones bastante pegadas a la realidad y los hechos. Con una red de fuentes que se ha ido creando por las mismas madres y otros familiares de los manifestantes del 11J, ha logrado imponerse a los informes oficiales de la Fiscalía publicados en la prensa estatal a cuentagotas. 

"Nuestros datos son propios, con mucho esfuerzo se han obtenido. Otras organizaciones de la sociedad civil han hecho sus listados y esto también es muy positivo, que la prensa tenga varias fuentes a las que acudir. Y si en alguna medida nos hemos posicionado como referentes para la prensa es porque han visto el rigor con el que se ha trabajado. No damos nunca nada por sentado. Estamos del lado de la justicia, pero eso no implica que nos vayamos a hacer eco de la alguna información dudosa por mucho que esté del lado de las víctimas. Cada vez que damos una información es porque tenemos muchos elementos para corroborarla, para efectivamente afirmar que es verídica", subraya.

Alianza provechosa

El grupo Justicia 11J ha mantenido una "muy estrecha colaboración" con el centro de asesoría e información legal Cubalex, cuya directora, Laritza Diversent, ha definido la relación como "muy beneficiosa" para ambas partes y una forma de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil.

"Para nosotros es motivo de orgullo no solo haber ayudado a visibilizar la situación de los manifestantes del 11 de julio, sino también fortalecer a un grupo de la sociedad civil integrado por mujeres", considera Diversent.

En concreto, el proceso de alianza de Cubalex con las muchachas pasó en "un primer punto, por la asesoría y la asistencia técnica, ayudar a determinar claves elementales en cada uno de los registros de la lista. Ayudar a categorizar términos que luego generan datos estadísticos y que nos permiten ya hablar de determinadas prácticas por parte de las autoridades, con respecto al proceso penal y la parte legal".

También el centro legal ha ayudado a Justicia 11J a "interpretar lo que dicen los tribunales, las respuestas que dan".

"Aunque ellas han sido las que han mantenido actualizados los registros, nosotros también le hemos aportado información de los casos individuales con los que trabajamos. También, en caso de que las personas que recurran a ellas requieran asistencia, ellas pasan el caso a Cubalex para que podamos atenderlos. Es una relación bien estrecha en la que ambas organizaciones colaboran y aportan su trabajo en lo que saben hacer", explica.

"El listado que manejan Cubalex y Justicia 11J tiene una información completamente diferente a la de presos políticos de otras organizaciones. Nosotros vamos un poco más allá de dar el nombre y la sanción recibida, a hablar de su situación legal, quién está pendiente de juicio, cuántos no, qué tipos de delitos se imputan, en qué centro penitenciario está, y aun así nos sigue pareciendo insuficiente toda la información, sentimos que faltan detalles para hablar de todo el proceso incluso en la ejecución de sentencia", aclara Diversent.

Ha sido "una forma nueva de sistematizar y documentar violaciones de derechos humanos. Ha sido la primera vez que chocamos con sentencias donde hay un grupo grande de personas a las que debemos defender", señala.

Diviersent asegura en que ha sido "un proceso de aprendizaje en medio de una reforma legislativa y en la que los cambios legales en los procedimientos también han influenciado muchísimo". 

"Ha sido un reto, teniendo en cuenta la entrada en vigor de una nueva Ley de Procedimiento Penal en medio de la realización de juicios y notificaciones de sentencias. Han ocurrido muchos cambios que hemos tenido que entender para poder asistir y acompañar a los afectados, y en un contexto bastante difícil", dice.

Diversent califica el trabajo con Justicia 11J como "un adiestramiento de cara al futuro, con nuevas herramientas, aplicaciones, una nueva metodología para documentar mejor las detenciones arbitrarias".

"Todavía tenemos el reto de poder reflejar la situación de las personas privadas de libertad, al interior de los centros penitenciarios", dice la directora de Cubalex, pero siente como éxitos los cuestionamientos al régimen en la ONU sobre los menores detenidos y sus prácticas que catalogan como tortura.

"Hemos logrado que se disponga de información, nos ha servido para poder analizar, pero también para ofrecer datos" que el régimen oculta. 

Emprender un listado como el actual, con un registro de más de 1.400 personas detenidas el 11J, "nos ha servido para ver la situación de determinados grupos en situación de vulnerabilidad que todavía están invisibilizados. Ha sido una labor muy ardua, pero ha dado unos resultados muy buenos", concluye.