La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó el lunes que hasta el momento los tribunales del régimen han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las protestas masivas del 11J, entre ellos 16 menores de 18 años.
En una nota oficial, la institución precisó que al 78% de ese total de sancionados (297) se les impusieron penas de hasta 25 años de prisión, la mayoría de ellos por lo delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos.
Asimismo, a 36 condenados por sedición se les impusieron penas que van de los cinco a los 25 años de cárcel, indicó la Fiscalía. Agregó que a 84 personas se les subsidió la privación de la libertad por otro tipo de sanciones, como trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad. Entre ellas, a 15 menores de 18 años.
La nota no aclara cuál es el total de personas de entre 16 y 18 que han sido condenadas, aunque grupos independientes como Justicia 11J ha cifrado en más de medio centenar los encarcelados.
Según la nota de la Fiscalía, "en julio del año 2021, en distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, casas de cambio (CADECA), establecimientos comerciales y de expendio de combustible; muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte".
Si bien hasta el momento el régimen no ha presentado un balance de los daños causados por tales hechos, tampoco ha hecho que rindan cuentas las personas que atacaron a los manifestantes, entre ellos agentes que hicieron uso de armas de fuego.
El caso de Diubis Laurencio Tejeda, asesinado por un agente policial en La Güinera el 12 de julio durante un enfrentamiento, por el momento la única víctima mortal de las manifestaciones reconocida oficialmente, sigue sin ser llevado a juicio.
Estas cifras difieren de las reunidas por diferentes ONG de derechos humanos, como Cuban Prisoners Defenders (CPD), que indicó en su informe de mayo que hasta 168 manifestantes han sido procesados solamente por el delito de sedición, introducido por la fiscalías del régimen meses después de producirse la explosión social y ante la convocatoria a la Jornada Cívica por el Cambio de noviembre, frustrada bajo represión.
Además, CPD señaló en su más reciente informe que al menos 1.046 personas están en prisiones cubanas por motivos políticos, la mayoría de ellos por los hechos del 11 de julio.
También a fines de mayo Justicia 11J informó que 519 de las 564 personas que habían sido para entonces juzgadas en Cuba por las manifestaciones estaban condenadas y 40 aún esperan su sentencia.
La Fiscalía General había informado en enero que los procesados ascendían a 790, de las cuales 55 tenían entre 16 y 17 años.
Como es habitual, la institución aseguró que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz de las protestas del 11J, lo que es cuestionado por diversos testimonios y documentos de los juicios en los que se ha evidenciado el no cumplimiento de requisitos mínimos. Así, en diversos juicios los testigos de las fiscalías han sido policías, agentes de la Seguridad del Estado y funcionarios del Partido Comunista.
DIARIO DE CUBA difundió días atrás un video de una reunión entre oficiales del Ministerio del Interior y Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), en el que se hace manifiesta la complicidad de la justicia en Cuba con el aparato represivo y el Partido Comunista.
