El juicio contra 17 residentes de la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, por su participación en las protestas populares del 11 de julio, quedó concluso para sentencia el jueves, informó Radio Televisión Martí.
El juicio a los 16 hombres y una mujer se celebró en el tribunal municipal y la sentencia deberá entregarse el próximo 7 de abril. Fueron ratificadas todas las peticiones fiscales que van desde cinco hasta nueve años de privación de libertad por los presuntos delitos de "desacato, atentado y desórdenes públicos".
"Todo el juicio se desarrolló con una fuerte presencia de militares en la sala judicial y sus alrededores, así como con testimonios falsos de los testigos de la fiscalía", declaró Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, de 47 años de edad y acusado de "desacato y desórdenes públicos".
"Había muchos policías con perros pastores alemanes, pero ayer donde más militares se concentraron fue dentro de la sala penal, con la presencia de muchos uniformados, muchos boinas negras, y los testigos de la fiscalía que fueron un total de 22, mintieron en sus testimonios y no conocían prácticamente a los que estaban acusando, entonces los abogados de la defensa le pidieron que identificaran a los acusados, y no sabían quién era esa persona. Todo fue un circo montado, esa sentencia ya está hecha, sus numeritos están puesto allí ya", denunció Santana.
La mujer dijo que los abogados realizaron una gran defensa. "El de mi esposo fue el mejor de todos, la verdad es que no esperaba eso", señaló Santana González.
La oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), nombrada Nayalis Correoso Mora, que condujo el arresto el día de la protesta en contra de Lázara Karenia González Fernández, de 28 años, única mujer en este proceso judicial, fue uno de las testigos claves de la fiscalía en la sesión del jueves, y su testimonio estuvo cargado de falsedades y contradicciones, dijo Santana González.
"Lo que más impactó en la sala fue la oficial Nayalis, que fue quien detuvo a Lázara Karenia. Fue impresionante la cantidad de mentiras que esa mujer dijo en el tribunal. Llegó un momento que todo el mundo en la sala comenzó a cuestionar hasta cuándo esa mujer seguiría diciendo todas esas falsedades", afirmó.
Según Santana, la oficial "decía una cosa y luego otra, toda una incoherencia, lo mismo decía que la detuvo en tal calle y después que había ocurrido en otro lugar, todos nos dimos cuenta la cantidad de testimonios falsos que estaba diciendo ella allí, fue tan contradictorio, que incluso la jueza del tribunal le recordó que ella debía conocer que estaba declarando bajo juramento, y que podría ser llevada a los tribunales y ser condenada a prisión por decir mentiras".
A nueve años de privación de libertad fueron condenados Francisco Rafael Villa Tamari (48 años de edad), Jorge Serrano Alfonso (49), Jorge Víctor Quintana Cala (48) y Jorge Yadiel Robaina Aranega (27). A ocho años de cárcel, Lázara Karenia González Fernández (28 años de edad), Yosday Escobar Hernández (35) y Yohandys Leonard Pérez (31).
A siete años de cárcel fueron condenados Osaín Denis Trujillo (41 años), Samuel Pupo Martínez (47), Julián Rodríguez López (26), Eliecer Delgado Mesa (38), Yandys Ruiz Martínez (35), Oscar Valdés Quiala (28), Adrían Cao Tejera (30), Daisel Ernesto Sánchez Taylor (31), Danis Osorio Hernández de la Cruz (33).
Por último, a cinco años de privación de libertad fue condenado Yonniel Betancourt Goving (de 18 años de edad).
En Placetas, Villa Clara, las hermanas Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac fueron condenadas este viernes a ocho años de prisión por salir a manifestarse en las calles de ese municipio el 11J.
"Hoy la abogada me acaba de dar la noticia más mala que una madre puede saber: acaban de sentenciar a ocho años de privación de libertad a mis dos hijas, aun sabiendo abogados y tribunales que no hubo ninguna prueba contra ellas, porque se manifestaron pacíficamente", denunció Bárbara Isaac Rojas, madre de las jóvenes mellizas en su perfil de Facebook.
Las gemelas de 22 años fueron acusadas de los delitos de "desorden público, desacato y atentado". Resultaron detenidas el día 15 de julio, cuando dos oficiales de la Policía llegaron a su vivienda a las 2:00AM y se las llevaron a una estación.
"Ahora, cuando sancionan injustamente a estas dos jóvenes, yo me pregunto: ¿Dónde está la justicia que se dice hay en Cuba? Les han tronchado sus vidas. ¡Libertad para mis hijas que han sido encarceladas injustamente, mientras una niña espera por su madre! ¡Libertad!", dijo la madre de las jóvenes. Una de ellas (Lidianis) es, además, madre de una niña pequeña.
El viernes, la Unión Europea calificó de "desproporcionadas y duras" las sentencias de prisión impuestas recientemente en Cuba e instó a La Habana a "respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión".
"Las últimas sentencias de prisión impuestas por los tribunales cubanos a participantes en las manifestaciones del 11 y 12 de julio son desproporcionadas y duras. La manifestación pacífica es un derecho fundamental y estas sentencias pretenden disuadir a los ciudadanos de ejercerlo", dijeron fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior, en respuesta a una petición de Radio Televisión Martí.
La diplomacia europea dijo haber "alentado al Gobierno cubano a escuchar las preocupaciones de su pueblo".
Bruselas exigió además al régimen de La Habana "respetar la transparencia, la proporcionalidad y el debido proceso en los juicios en curso, vinculados a las protestas de julio".
El jueves, EEUU denunció las largas condenas impuestas a las personas que salieron a protestar el 11 de julio. En un tuit repetido por la Embajada estadounidense en La Habana, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, subrayó que "protestar por los derechos humanos no es sedición, como pretende el régimen en sus acusaciones".
