En el proyecto del Código Penal cubano hay "una intención muy profunda, para nada oculta", de facilitar la represión en Cuba, advirtió el jurista Eloy Viera Cañive durante un debate sobre la norma que debe aprobarse en abril próximo, transmitido en vivo a través de la página de DIARIO DE CUBA.
Uno de los artículos que más ha hecho sonar las alarmas de la sociedad civil es el 143, que establece prisión de cuatro a diez años para "quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional".
Al respecto, Viera Cañive señaló que "el Artículo 143 es un viejo anhelo del poder político cubano" y "se inscribe en una tendencia de regímenes autoritarios e híbridos, sobre todo en la región latinoamericana", que han intentado cortar las fuentes de financiamiento a la sociedad civil. Puso los ejemplos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
En el caso de esta última nación, destacó que los tres artículos de la Ley de Soberanía nicaragüense, utilizada para criminalizar y encarcelar a la mayoría de los candidatos presidenciales de la oposición, y el Artículo 143 del proyecto del nuevo Código Penal cubano son "básicamente lo mismo".
También destacó que este artículo elimina el conflicto de la sociedad civil cubana sobre la procedencia de los fondos, pues, a diferencia de la Ley 88, que criminaliza los provenientes de Estados Unidos, el Artículo 143 "extiende la criminalización a cualquier tipo de financiamiento".
En ello, Viera Cañive ve "un atentado clarísimo a la capacidad y al derecho de asociación que tiene toda ciudadanía" y "contra cualquier intento de expresar descontento".
"El (Artículo) 143 está ahí porque ellos entienden que, para hacer activismo, para hacer política, hace falta dinero", dijo Viera Cañive, y recordó que el Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y las "organizaciones satélites que tiene el Partido" necesitan presupuesto.
Por su parte, el abogado Edel González Jiménez consideró que la aplicación del artículo tendrá un carácter selectivo, porque "el régimen no pretende encarcelar a una gran cantidad de personas", pues le generaría un conflicto.
Recordó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha dicho que las organizaciones de la sociedad civil, legítimamente constituidas, pueden recibir financiamiento, siempre que no lo usen para cometer delitos o actos terroristas, sino para defender derechos humanos.
"Creo que se está introduciendo la norma en un momento en que, después del 11 de julio y de la última marcha que se desarticuló, ellos han observado que la sociedad cubana se está solidarizando con esos procesos", sostuvo González Jiménez y subrayó la transparencia de los financiamientos externos. Por ello, opinó que el Artículo 143 "es una herramienta más para introducir miedo, para que esas personas se retiren de esas actividades que reciben un financiamiento".
"Es un artículo que se va a aplicar en un momento determinado con carácter ejemplarizante, igual que cuando la Primavera Negra, pero después va a entrar en una especie de moratoria", señaló González Jiménez.
Sobre las posibilidades de la ciudadanía cubana de expresar inconformidad, Viera Cañive se refirió al mecanismo de la queja, impulsada de manera colectiva, y al recurso de inconstitucionalidad, recogido en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Pero también llamó la atención sobre el hecho de que "no es un interés estatal que se discuta sobre el Código Penal", por lo que el debate al respecto se está quedando en las redes sociales.
