Fiscales cubanos niegan violaciones en los procesos del 11J y califican los juicios como 'transparentes'

En Cuba más de 1.300 personas fueron detenidas por participar en las protestas del 11J. El régimen se empeña en calificar a todas como delincuentes pagados desde EEUU y describir lo sucedido en más de 50 ciudades y pueblos como disturbios y hechos vandálicos que, efectivamente se suscitaron, pero no fueron mayoría.

Beatriz Peña de La O, fiscal jefa del Departamento de Investigación y Supervisión de la Dirección de Procesos Penales de la FGR, dijo al periódico oficial Granma que los fiscales se incorporaron en julio a los centros de detención para cumplir, desde ese instante, la función de control de la investigación, a fin de mantener el seguimiento de los casos desde su inicio. Dijo que lograron "individualizar cada actuación y responsabilidad, y que se cumplieran las garantías previstas en la Ley".

Peña afirmó que se "realizaron los análisis pertinentes, aplicando lo dispuesto en el Código Penal en cuanto a aquellos autores con edades comprendidas entre 16 y 20 años que tienen una protección especial por su edad".

A finales de enero, la Fiscalía General de la República de Cuba reconoció que 55 menores están siendo procesados por participar en las protestas.

Pese a las denuncias de muchos de los familiares de estos adolescentes, la fiscal dijo "que se le brindó toda la atención y tratamiento diferenciado e individualizado que el ordenamiento legal exige" y que todo ello permitió "tomar decisiones precisas y objetivas conforme a derecho, antes de su presentación al Tribunal".

Según Peña, luego de los análisis requeridos, muchas personas que en un inicio resultaron detenidas no fueron presentadas a los tribunales, pues en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, se decidieron otras medidas de carácter contravencional, sin resultar acusados ante los órganos judiciales, acotó la Fiscal, quien no entró en precisiones numéricas.

Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular (TPP), dijo que en La Habana se han radicado 28 causas, de ellas 22 a instancia de los tribunales municipales —que son sanciones de hasta ocho años de privación de libertad— y seis que se tramitaron a nivel provincial.

"Aquí estamos hablando, específicamente, de los territorios de Toyo y La Güinera, que, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la Fiscalía viene imputándolos como delitos de sedición", añadió.

A estos casos se le pedían inicialmente hasta más de 20 años de cárcel. Esta semana se supo de la rebaja de sentencia a cinco menores de edad que protestaron el 11J en Toyo.

El presidente del TPP de La Habana dijo que los juicios por el 11J deben concluir este mes de febrero. Negó las irregularidades que se han venido denunciando en medios independientes y redes sociales y lo calificó como parte de "una matriz de opinión que ataca directamente la transparencia de los procesos".

"Dicen que son juicios simulados, que no tienen garantías, que no se les ha dado a los acusados la posibilidad de defenderse, que las condenas han sido injustas, que fue una demanda del pueblo contra la policía y el gobierno, cuando pueblo somos todos", señaló.

Describió la imputación de delitos de sedición como "algo novedoso" que tuvieron que enfrentar, pero negó que se violara el debido proceso: "actuamos como hacemos siempre en la tramitación de cualquier proceso, estudiando minuciosamente las causas, y respetando cada una de las garantías establecidas".

Como advirtió DIARIO DE CUBA, el régimen echó mano al delito de sedición a raíz de la convocatoria del 15M cuando se dio cuenta de que los cargos de desórdenes públicos, instigación a delinquir, robo con fuerza, daños a la propiedad, propagación de epidemias y otros anunciados contra manifestantes del 11J en el programa televisivo Hacemos Cuba del pasado 15 de julio, no bastaban para disuadir a los cubanos de volver a protestar.

Sierra dijo que "todos los acusados asistieron a juicio con la representación de un abogado, ya fuera contratado por estos o puesto de oficio por el tribunal, para aquellos que no lo hicieron. Asimismo, tuvieron la posibilidad de comunicarse entre ellos, a los efectos de sentar las bases para la defensa y, durante la celebración de los actos judiciales, los letrados pudieron ejercerla sin que se violase ningún principio".

Si es cierto que familiares de procesados han alabado la defensa de los juristas contratados, muchos se quejaron de que muchas de las alegaciones de estos no fueron estimadas. Por ejemplo, Wilber Aguilar, padre de Walnier Aquilar Rivera, denunció que en el proceso no fueron admitidos documentos clínicos presentados por el abogado sobre una discapacidad intelectual del joven, así como un historial de Psiquiatría. Casos como este están en la mira de la Seguridad del Estado por las denuncias frecuentes.

Sierra Infante calificó como otra "muestra de transparencia" que, el día del juicio, el presidente del tribunal les pregunta a todos los presentes en la sala si alguien tiene motivos para que alguno de esos jueces no participe en el proceso, lo que se conoce como motivo de recusación. "Y en ninguno de los juicios realizados se ha expresado inconformidad", dijo.

Por otra parte, dijo que "las decisiones están basadas en la carga probatoria". Dijo que se aportaron numerosas pruebas documentales, así como otras periciales y testificales, ya fuera por parte de la Fiscalía o la defensa. 

Dentro de las pruebas documentales, mencionó muchos videos. Aquí el trabajo de criminalística fue excelente, pues se analizó a cada individuo que aparecía en las imágenes, cotejándolo con su identidad y el uso de la técnica de descripción por rasgos exteriores, que demostraba que era esa persona y no otra la que aparecía en el video, precisó.

Negó que la presentación de testigos estuviera restringida a los de la Fiscalía, como han denunciado familiares de los procesados. 

"Cada parte, ya fuera Fiscalía o defensa, pudo llevar, además, los testigos que consideraron necesarios, incluso, ciudadanos que no estuvieron involucrados directamente en los hechos, pero que vivían en el barrio y sintieron, en piel propia, la inseguridad que generaron aquellas jornadas", dijo el jurista.

Para el diario oficial Granma, la justicia cubana "es magnánima, racional, pero también —consecuentemente— severa, como corresponde con quienes atentaron contra el bienestar común y la tranquilidad colectiva".

Para concluir, el diario oficial volvió a describir las protestas como un "intento de sumir a Cuba en el caos" en un momento en el cual "se volcaba en la lucha contra la pandemia de la Covid-19".