La organización internacional Freedom House denunció la represión desatada el lunes contra activistas y familiares de manifestantes del 11 de julio frente al Tribunal Popular de Diez de Octubre, en La Habana; mientras Human Rights Watch condenó que el régimen cubano está "violando garantías básicas" en los juicios por las protestas masivas del verano pasado.
"El régimen cubano, no satisfecho con condenar a largos años de prisión a manifestantes del 11 de julio, incluido seis niños por sedición, ayer detuvo a 11 manifestantes pacíficos frente a los juzgados", denunció el capítulo para América Latina y el Caribe de Freedom House en un hilo en Twitter.
"La comunidad internacional debe evitar que estas personas sean juzgadas", demandó, al hacerse eco de una alerta publicada por Democracia América Latina (DemoAMLAT) en la que se daba a conocer la detención de los activistas Carolina Barrero, Camila Rodríguez, Tata Poet, Daniela Rojo y Leonardo Romero Negrín.
Los activistas fueron golpeados y detenidos junto a los familiares de los presos del pasado 11 de julio, juzgados en esos momentos en dicha sede judicial.
"Urge una acción coordinada de las naciones democráticas alrededor del mundo para exigir responsabilidad al régimen cubano y la liberación inmediata de los presos políticos, especialmente los niños", añadió Freedom House.
"La comunidad Internacional no puede seguir permitiendo la normalización de la violencia en Cuba, el uso de la prisión contra manifestantes pacíficos, el destierro como método de intimidación y la prisión domiciliaria como castigo", concluyó la organización.
Para Juan Pappier, investigador principal para las Américas de Human Rights Watch (HRW), "este es un nivel de criminalización masiva y sistemática de los manifestantes que muy pocas veces se ha visto en América Latina en las últimas décadas".
De acuerdo con la edición digital de Radio Francia Internacional (RFI), el investigador de HRW consideró, además, que los procesos judiciales que se están realizando en la Isla "se viola flagrantemente los estándares internacionales en materia de derecho de asociación, de libertad expresión y de debido proceso".
"Son procesos judiciales adelantados por tribunales que carecen de toda independencia, donde se está persiguiendo el disenso, donde se están violando garantías básicas. Todo esto con el objetivo evidente de generar terror en la población cubana y de enviar un mensaje de que lo que ocurrió en julio, ese alzamiento pacífico y popular por la libertad en Cuba, está prohibido y nunca más puede ocurrir", añadió.
Entre los enjuiciados esta semana en Cuba hay varios menores de edad, que son considerados adultos y por lo tanto responsables penalmente por la justicia cubana. Esta es una situación inaceptable para Pappier.
"Es realmente escandaloso que el Gobierno cubano esté persiguiendo a menores de edad. Sabemos que hay decenas que están presos actualmente en el país y que muchos están siendo tratados como si fueran adultos en procesos penales abusivos donde se violan sus derechos como niños, establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos", señaló.
Para el investigador, esto dice mucho "sobre la falta de tolerancia del régimen y sobre lo débil que se siente frente a la crítica. Que las autoridades judiciales en el país estén persiguiendo a menores de edad que en muchos casos no han hecho más que ejercer su derecho de libertad de expresión".
Desde el pasado lunes 31 de enero y hasta el 7 de febrero 33 cubanos que se manifestaron el 11 de julio contra el Gobierno en la zona de Toyo, municipio Diez de Octubre, La Habana, son juzgados en el Tribunal Provincial de la capital o en el del propio municipio por el delito de sedición, entre ellos seis menores de edad, informó la plataforma independiente Justicia 11J.
Las peticiones fiscales contra los cubanos acusados de sedición por participar en la protesta de Toyo van desde 25 hasta 13 años de privación de libertad. De las 33 personas acusadas 24 son menores de 30 años de edad.
Del total de 1.393 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, según los registros del grupo, 730 continúan en centros de reclusión y 72 de ellas son mujeres.
