Un grupo de 11 familiares de los presos políticos cubanos enjuiciados en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre por manifestarse el 11J, junto a activistas que se habían reunido con ellos en las inmediaciones de la sede judicial, fueron detenidos con violencia.
De acuerdo con la activista Salomé García Bacallao, una de las impulsoras del proyecto Justicia 11J, entre los detenidos estarían los activistas Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz Álvarez (conocido como Tata Poet), Daniela Rojo, Leonardo Romero Negrín, así como a Yudinela Castro Pérez, madre del joven de 18 años Rowland Jesús Castillo, uno de los enjuiciados.
En varias publicaciones en su muro de Facebook, García Bacallao agregó que también estaría detenida "la familia completa de Duanis León Taboada, incluyendo a la hermana de 18 y la abuela de 60 años", en referencia a otro de los presos del juicio.
"A los familiares de Yunaiky los liberaron porque la abuela se desmayó", sumó, en referencia a Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, también acusado en el proceso.
"Nos dicen testigos que los golpearon a todos y se los llevaron a la policía. Es muy probable que se los hayan llevado a Infanta y Manglar en el Cerro", apuntó.
Según el testimonio de García Bacallao, "brigadas de respuesta rápida golpearon a activistas y familiares", después de que estos corearan "¡libertad!" desde el exterior de la sede judicial.
De acuerdo con la activista Camila Rodríguez, quien compartió un video más temprano desde el lugar, alrededor de 20 personas estaban en oración en el parque Juan Delgado de ese municipio capitalino, cerca del tribunal donde se procesa a 33 personas, todos acusados del delito de "sedición", entre ellos seis menores de edad.
Un rato después, la ONG de asesoría legal Cubalex denunció que los asistentes se habían quedado sin conexión de datos "al menos en las inmediaciones del tribunal", alertó a través de su perfil de Twitter.
Según el perfil en esa misma red social del grupo Justicia11J, al lugar habían "llevado una brigada de respuesta rápida para reprimir a las madres y los acompañantes que han asistido al juicio de los manifestantes".
Desde el lugar, Bárbara Farrat, madre del menor Jonathan Farrat, de 17 años y uno de los presos del 11J, hizo una transmisión en directo donde señaló que se habían reunido en solidaridad con los manifestantes enjuiciados.
Según la mujer, "ellos se deben estar rompiendo la cabeza por cómo pude llegar aquí, porque mi casa está rodeada", señaló.
"Nos han rodeado como si estuviéramos...", ironizó, en referencia al operativo represivo en el lugar.
Yudinela Castro Pérez, dijo que también logró salir de su vivienda a pesar del cerco policial.
"Muchas personas en su casa estaban sitiadas (...) Esos esbirros pensaban que aquí iba a haber una o dos personas y hay gran cantidad: familiares de los manifestantes que se le está celebrando juicios y familiares de otros presos que vinieron a manifestar solidaridad", señaló la mujer.
Castro Pérez terminó deseando que el martes pueda entrar al juzgado junto a su hijo, "porque hoy no me dejaron estar al lado de él, ni tan siquiera verlo".
Los juicios de Diez de Octubre son por las manifestaciones del 11J en la zona del reparto Toyo, donde decenas de personas se enfrentaron a la Policía, que disparó en su contra.
Las peticiones fiscales contra los cubanos acusados de sedición van desde 25 hasta 13 años de privación de libertad. De las 33 personas acusadas, 24 son menores de 30 años.
La agrupación independiente Justicia 11J denunció en un comunicado que en estos procesos judiciales "se vulneran los derechos de los ciudadanos, en especial de los familiares, a participar de las vistas, negándose con ello la publicidad del debate, y en consonancia, el control sobre el actuar de los jueces en el ejercicio de la función judicial".
Esta semana el Gobierno cubano debió participar de la 89 periodo de sesiones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, para lo cual Justicia 11J y Cubalex enviaron un informe detallando de la situación de los menores en detención, por lo cual el régimen debía rendir cuentas ante el Consejo.
Sin embargo, la participación del Gobierno cubano, junto a otros cinco países, fue pospuesta para la 90 sesión, en mayo de 2022.
Del total de 1.393 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, según los registros de la agrupación independiente, 730 continúan en centros de reclusión y 72 de ellas son mujeres.
¿Derechos ciudadanos? EL GOBIERNO DECIDE SI EL CUBANO TIENE DERECHO NADIE MAS. Con ellos no se dialoga.
En Sudán, África hubo unas protestas en 2019 que despojo un Dictador Militar de 30 años. Civiles y militares llegaron a un acuerdo para compartir poder y organizar elecciones después de un periodo de transición de 3 años. Los militares dirigieron el Consejo de Transición por 21 meses y luego estaban supuesto a entregar poder a civiles. El 25 de Octubre 2021 los militares le dieron un golpe de Estado al componente civil del Consejo de Transición y encarcelaron los políticos civiles debido a tomar poder. La población de Sudán se ah explotado en protestas desde entonces. La presión llevó a los militares liberar los políticos presos para tratar de llegar a un acuerdo con la población. Hasta la fecha el pueblo de Sudán está en la calle demandando que civiles tengan poder, ningún otro tipo de acuerdo. 70 han muerto y siguen protestando. A LA LUCHA CUBANOS. NO HAI DE OTRA.