Desde este lunes 31 de enero hasta el 7 de febrero 33 cubanos que se manifestaron el 11 de julio contra el Gobierno en la zona de Toyo, municipio Diez de Octubre, La Habana, serán juzgados en el Tribunal Provincial de la capital o en el del propio municipio por el delito de sedición, entre ellos seis menores de edad, informó la agrupación Justicia 11J.
Las peticiones fiscales contra los cubanos acusados de sedición por participar en la protesta de Toyo van desde 25 hasta 13 años de privación de libertad. De las 33 personas acusadas 24 son menores de 30 años de edad.
La agrupación independiente exigió "la presencia no discrecional (en los juicios) de medios de prensa, como única garantía de que, medianamente, sean respetados el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, el derecho a una participación efectiva, la presencia y examen de testigos, contemplados en la sección 'Garantías de un juicio imparcial', de la Observación no. 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño (2017)".
"Recordemos que estos niños han sido ya expuestos y estigmatizados en televisión nacional como 'delincuentes', 'vándalos', 'revoltosos', de modo que el acceso a la prensa a las supuestas evidencias científicas y a los testimonios cuestionables de supuestos testigos, expondrían de manera irremediablemente la naturaleza tendenciosa de los juicios", añadió el comunicado.
"Hasta la fecha, y a pesar de las campañas generadas en redes sociales a tales efectos, no hemos sabido que haya sido permitida la entrada a los Tribunales a los medios independientes cubanos ni a los medios internacionales", denunció la agrupación.
La agrupación independiente también denunció en el comunicado que en estos procesos judiciales "se vulneran los derechos de los ciudadanos, en especial, de los familiares, a participar de las vistas, negándose con ello la publicidad del debate, y en consonancia, el control sobre el actuar de los jueces en el ejercicio de la función judicial".
Esta semana el Gobierno cubano debió participar de la 89 periodo de sesiones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, para lo cual Justicia 11J y Cubalex enviaron un informe detallando la situación de los menores en detención, por lo cual el régimen debía rendir cuentas ante el Consejo.
Sin embargo, la participación del Gobierno cubano, junto a otros cinco países, fue pospuesta para la 90 sesión, en mayo de 2022.
Del total de 1.393 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, según los registros de la agrupación independiente, 730 continúan en centros de reclusión y 72 de ellas son mujeres.
