El prisionero político cubano Chadryan Vila Sequín, condenado a 11 años de prisión tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio, se declaró en huelga de hambre en el penal Combinado del Sur de la provincia de Matanzas.
"Nosotros nos enteramos porque vino un preso que estaba de pase y nos dijo que Chadryan se niega a comer o tomar agua, que está tirado en la litera en huelga", dijo a Radio Televisión Martí desde Cárdenas, su esposa, Lía Fonseca Cruz. Más tarde añadió que la llamó por teléfono otro recluso y le confirmó la información.
"Él no nos puede llamar porque le quitaron ese derecho cuando se plantó. No sé desde cuando comenzó la protesta, pero parece ser que fue hace casi una semana. Está demandando que le quiten esa sanción porque es inocente", declaró Fonseca.
El Tribunal Militar de Matanzas hizo firme la sentencia el 13 de enero contra el joven de 22 años, quien fue inculpado de "sabotaje" y "desórdenes públicos".
Alejandro Vila Díaz, padre del manifestante, reiteró que su hijo es inocente de las acusaciones que le hicieron, porque manipularon y forzaron las pruebas.
En Holguín, otros participantes de las demostraciones antigubernamentales juzgados por delitos de sedición, y con peticiones fiscales de 30 años, se mantienen en huelga de hambre en la prisión para reclamar de las autoridades cubanas su libertad incondicional.
Entre ellos están Yosvany Rosell García, Cruz García Domínguez, William Manuel Leyva Pupo, en protesta por las excesivas peticiones fiscales por el delito de sedición. También Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, está en huelga de hambre y sed en protesta por la reiterada denegación de un cambio de medida cautelar.
El jueves, la madre de Leyva Pupo, Idelsys Pupo, pidió fe de vida de su hijo, cuyas condiciones de salud desconoce.
"Quiero fe de vida de mi hijo William Manuel Leyva Pupo. Hoy hace ya varios días que se encuentra plantado en la Prisión de Holguín. Basta ya", reclamó en su perfil de Facebook.
La mujer sostuvo que su hijo "prefiere la muerte" antes que cumplir la sanción de 18 años de privación de libertad que le impuso la Fiscalía por el delito contra la seguridad del Estado de sedición.
A la fiscal a cargo de proceso contra el joven dijo: "En tu conciencia sabes que ninguno cometió (delito). El mayor responsable fue Díaz-Canel cuando dio la orden al combate. Digo sus palabras para si alguien no la oyó ('la orden al combate está dada, la calle es de los revolucionarios'). Él mismo desató una guerra entre cubanos".
El pasado 10 de enero, la activista Camila Rodríguez denunció en Facebook que Leyva Pupo sufrió agresiones en la cárcel.
"El segundo jefe de la prisión junto a otros guardias le dieron a mi hijo, le apretaron el cuello y lo tiraron contra los cables de corriente", denunció Idelsys Pupo en declaraciones a Rodríguez.
No es la primera vez que el grupo Justicia 11J denuncia actos de violencia contra Leyva Pupo. El pasado 6 de noviembre reportó que el joven había sido golpeado y torturado durante su reclusión.
Leyva Pupo padece de trastornos psiquiátricos, pero "su abogado no quiso incluir esta información como parte de su defensa. Durante estos meses, Manuel contrajo Covid-19, y estuvo reportado como grave", señaló Rodríguez.
Una campaña para solicitar a las representaciones de los países de la Unión Europea (UE) en Cuba ejercer como observadores internacionales ante la situación de centenares de presos políticos ha arrancado en redes sociales, por iniciativa de activistas cubanos.
El jueves, el subsecretario de Estado para las Américas de Estados Unidos, Brian A. Nichols, volvió a denunciar el procesamiento a personas que ejercieron su derecho a manifestarse en julio y dijo que pedirá a la comunidad internacional que se uniera a Washington en la condena al régimen
