El músico contestatario Richard Zamora Brito, conocido artísticamente como "El Radikal", desmintió en declaraciones a DIARIO DE CUBA que la Fiscalía solicitó 25 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio en el municipio de Colón, Matanzas.
Dijo que el rapero Marichal, quien compartió la falsa noticia en Twitter, entendió mal una conversación que sostuvo con él.
"Yo no tengo petición fiscal ninguna en la mano. Mi caso está parado en el tiempo", zanjó.
Zamora Brito fue arrestado en su vivienda en Colón, Matanzas, durante la madrugada del 12 de julio por agentes de la Policía. Sus familiares solicitaron entonces un cambio de medida que les fue negada. En agosto no habían tenido acceso a su expediente ni a la causa que se le imputaba. Fue excarcelado ese mismo mes bajo fianza, informó entonces a DIARIO DE CUBA Osvaldo Navarro Veloz, quien colabora con el músico contestatario en el proyecto comunitario Di.Verso.
Un instructor penal le comunicó verbalmente a los familiares que el artista estaba acusado de "desorden público", "robo con fuerza" y "disturbios".
Navarro Veloz declaró recientemente que "El Radikal" estaba siendo investigado por la Fiscalía Militar.
"La Fiscalía Militar ha dicho que, cuando termine el proceso investigativo, tendrían cinco días hábiles para hacer el contrato con un abogado, y a nosotros nos llama mucho la atención, pues Richard no es militar, ni siquiera civil que trabaje en alguna estructura castrense", señaló.
Peticiones para activistas pineros
La Fiscalía Municipal de la Isla de la Juventud pidió entre tres y ocho años de privación de libertad para cuatro manifestantes del 11 de julio en Nueva Gerona, informó el medio independiente CubaNet.
Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero (PAP), de 64 años de edad; Martha de los Ángeles Pérez Acosta, jefa del departamento de derechos humanos del PAP, de 51 años; y Francisco Alfaro Diéguez, líder del opositor Movimiento 13 de Marzo (M13), de 54 años, se encuentran bajo fianza, acusados de "desorden público", y la Fiscalía pide para cada uno tres años de privación de libertad.
Según el documento judicial, los tres manifestantes, mientras "se desplazaban hacia el centro de la ciudad, realizaron gestos y pronunciaron palabras que fomentaban alteración del orden en los ciudadanos pues algunas lastiman profundamente sentimientos patrióticos en los que se ha formado el pueblo, otras exacerban las diferencias y el odio entre los ciudadanos, lanzando improperios contra los dirigentes del Estado y del Partido Comunista de Cuba en tono despectivo, lo que fomentó un ambiente de mayor desorden y alteración del clima de tranquilidad que a esa hora y día existe en las calles y parques de Nueva Gerona".
Juan Luis Sánchez González, de 37 años de edad, se encuentra cumpliendo medida cautelar de prisión preventiva desde el 11J en la prisión del territorio conocida como El Guayabo, acusado de "atentado", y la petición fiscal para él es de ocho años de prisión.
El documento, firmado por la fiscal Oravia Torres Cabrera, dice que el 11J Sánchez González transitaba por la zona donde se desarrollaban las manifestaciones en el momento en que estaban siendo detenidos algunos de los activistas, trató de evitar que los oficiales de la policía detuvieran a uno de los manifestantes, Loisel Castro, "se interpuso" ante el oficial y, "sin mediar palabra, le propinó un golpe por el mentón que le causó un hematoma, lesión que no requirió tratamiento médico".
Sin embargo, en la petición fiscal no se citan como testigos a los manifestantes, tampoco se documenta la golpiza que recibió Juan Luis Sánchez González por parte de los agentes del orden. Según declaraciones de Osvel Barzagas, uno de los activistas del PAP detenido ese día y testigo de lo sucedido, "Juan Luis es un muchacho que pasaba por ahí el 11 de julio y vio el atropello que se estaba cometiendo con nosotros y protestó contra ese abuso. Lo golpearon tanto, incluso esposado, que él dice que apenas se acuerda de todo lo sucedido".
También le rompieron el teléfono al ser sorprendido en la estación policial llamando a su familia para notificarle dónde estaba, según contó a CubaNet Barzagas al ser liberado un mes después del suceso.
Unos 15 activistas del PAP resultaron detenidos ese día; fueron liberados en las semanas siguientes con multas o bajo fianza. Solo permanece con medida cautelar de prisión preventiva Sánchez González, quien se ha integrado a las filas del PAP. De los cuatro acusados solo Alfaro Diéguez presenta antecedentes penales.
Hasta la fecha, el centro de información legal Cubalex ha documentado 1.292 personas detenidas por las protestas del 11J en Cuba, de estas, al menos 673 continúan en las cárceles. 314 tienen peticiones fiscales de entre 1 y 30 años de privación de libertad y 24 han sido ya procesadas en juicios ordinarios. Según datos ofrecidos por el gobierno cubano a fines del mes de agosto, 67 manifestantes habían sido procesadas en juicios sumarios.
