La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 presentó este lunes un informe titulado Bajo sentencia: La censura en Cuba, Guatemala y Honduras, en el cual abordaron la represión a los periodistas en los mencionados países.
En la presentación, realizada mediante una transmisión en vivo a través de las redes sociales de la organización, intervino Quinn Mckew, directora de la Oficina Internacional de Artículo 19, y Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, junto con expertos y profesionales de los países sometidos a examen.
La jurista cubana Laritza Diversent, de Cubalex, la periodista Evelyn Blanck, de Centro Cívitas de Guatemala, y la reportera Dina Meza, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras, ejercieron como ponentes en un panel moderado por Claudia Ordóñez, del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
"En el caso de Cuba", dijo Quinn Mckew, "hemos identificados violaciones sistemáticas a la libertad de expresión y la prohibición explícita en la propia Constitución de los medios que no sean propiedad del Estado".
Mckew agregó que en la Isla se evidencian "prácticas sistemáticas represivas en los niveles económicos, políticos y sociales contra periodistas independientes, que los obligan a abandonar la profesión debido a represalias contra ellos y su familia".
Ana Cristina Ruelas dijo que a pesar de la Reforma Constitucional realizada en 2019, en Cuba existen muy diversos tipos penales que son utilizados de manera continua para la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos, siempre protegiendo los intereses del Gobierno.
"La captura de los medios a través de un monopolio estatal, la colegiación obligatoria y la falta de reconocimiento del periodismo independiente son elementos que sin duda truncan cualquier posibilidad de acceso a información diversa y plural en el país y por lo tanto al desarrollo democrático", agregó Ruelas.
"En Cuba vivimos uno de los escenarios más peculiares y atípicos de la región latinoamericana, lo que significa que por cuestiones legales, jurídicas y de permisibilidad solo está aceptada la prensa controlada por el Partido Comunista y gestionada a nivel gubernamental", dijo Yoani Sánchez, directora la publicación independiente 14ymedio, entrevistada por la organización.
"Esto es importante entenderlo, porque todo lo que existe en paralelo a la prensa oficial está absolutamente prohibido, no reconocido y tiene que actuar en la ilegalidad, la alegalidad y el clandestinaje", sentenció.
"La población cubana no dispone de alternativas de información para poder seleccionar cuál es la fuente que desean leer. (…) Haría falta ver cómo esa propiedad del Estado sobre todos los medios de comunicación afecta el derecho de la sociedad a estar informada", afirmó por su parte Diversent.
Otro obstáculo, en opinión de la jurista, son las formas legales que restringen la libertad de expresión, empezando por la figura del "desacato", internacionalmente desacreditada porque "atenta contra la libertad de expresión", pero que en Cuba se mantiene vigente en el Código Penal.
El académico cubano José Raúl Gallego afirmó que es evidente que "están cerrando el cerco y criminalizando a los sectores más activos de la sociedad civil cubana, entre ellos opositores, periodistas y activistas", a quienes les han llegado a aplicar sanciones de cárcel, como es el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces.
En el panel, Diversent afirmó que tomar la decisión de ejercer el periodismo en Cuba fuera de los medios de comunicación oficial implica asumir que tu vida íntima y familiar quede expuesta, afectando también a la familia.
La abogada afirmó que para ser considerado un peligro ni siquiera es necesario ser frontal con el Gobierno, pues "basta con que hables de los feminicidios en Cuba, los abusos sobre los animales o los derrumbes para que el Estado te acuse de servir a intereses extranjeros, lo que justifica detenciones arbitrarias y decomiso de medios", agregó.
En el caso de Guatemala, un país que cuenta con amplio historial de asesinatos a periodistas, la situación de la libertad de prensa retrocedió considerablemente durante el actual Gobierno, encabezado por Jimmy Morales, teniendo como punto más grave la expulsión del país de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICG).
Además del hostigamiento, la intimidación y los asesinatos de periodistas, en los últimos tiempos se introdujeron nuevas formas de violencia, especialmente en la esfera digital, dirigidas a periodistas críticos con el actual Gobierno, señaló Ana Cristina Ruelas.
Las campañas de desprestigio, difamación y agresiones en redes sociales mantuvieron un fuerte componente de género, que en muchos casos provocó la autocensura de mujeres periodistas en el territorio.
Acerca de Honduras, Ruelas explicó que el incipiente proceso de democratización por el que transitaba el país se vio afectado por el golpe de estado en 2009 y la reelección de Juan Orlando Hernández como presidente en 2017.
Bajo distintos niveles de riesgo y tipos de agresores, los periodistas se enfrentan a la violencia de las fuerzas de seguridad civiles y castrenses en las coberturas de protestas y a las amenazas de funcionarios públicos y crimen organizado cuando evidencian corrupción o negligencia en el ejercicio del Gobierno.
El cierre constante de radios comunitarias, muy frecuente en el país centroamericano, es una de las mayores evidencias de represión hacia el ejercicio del periodismo.
En los tres países el informe concluyó que existe un especial acoso hacia las mujeres, quienes son más perseguidas y hostigadas por parte de los Estados.
El texto fue realizado por la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, fundada en Reino Unido, y que toma su nombre del artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclama la libertad de expresión.
