El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, denunció en su más reciente informe que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel "ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes a través del sitio de sus viviendas en todo el país".
La organización alertó sobre la consolidación de "un nuevo patrón represivo por parte del Gobierno", que consiste en "sitiar y mantener bajo vigilancia policial las residencias de los activistas para impedirles la salida de sus casas".
"Si bien este mecanismo no es novedoso, sí observamos una tendencia creciente en su aplicación, en la medida en que se van levantando las restricciones por el Covid-19. Es por ello que lo identificamos como un patrón. Probablemente busquen camuflar lo que en otro momento sería una detención arbitraria", denunció el OCDH.
También informó que su red de observadores y colaboradores registró 314 acciones represivas en el mes de julio, de las cuales 68 fueron contra hombres y otras 29 contra mujeres. Al menos 19 de estas acciones se trataron de detenciones violentas.
En el mes de junio, marcado por una frustrada protesta pacífica el día 30, la OCDH documentó 55 acciones de sitio a las viviendas de activistas y periodistas, mientras en julio la cifra se elevó hasta 72.
El informe señala que esta práctica no es nueva, pues en el mes de febrero, cuando la pandemia del coronavirus aun no afectaba a la Isla se documentaron 44 acciones de ese tipo.
Los reportes evidencian que en la mayor parte de las veces las autoridades establecen vigilancia policial en las afueras de las residencias de los activistas. En caso de que estos salgan, en ocasiones son advertidos por los agentes, y en otras son directamente arrestados.
Una de las principales características de este tipo de operaciones es su ilegalidad, pues nunca hay una orden judicial que permita semejante actuación.
Un activista citado por la organización explicó que "no solamente no existe una constancia escrita (de la prohibición de salida de la casa), sino a que a veces uno ni siquiera logra saber por qué lo hacen, como ocurrió el pasado 30 de julio".
Entre las personas que sufrieron estos operativos en el mes de julio se encuentra destacados activistas y comunicadores como Yoani Sánchez, Luz Escobar, Mónica Baró, Ileana Hernández, Omara Ruiz, Camila Acosta, Reinaldo Escobar, Luis Manuel Otero, Bertha Soler, Zaqueo Báez, entre otros.
Sobre el delicado contexto económico y social de la Isla, el OCDH denunció "el creciente deterioro de la situación por el inmovilismo del Gobierno" pues "la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar ha sido eclipsada por los altos precios de los productos de primera necesidad que se venden en las tiendas habilitadas en divisa norteamericana".
Por esto, la organización adivirtió que "la dolarización de los productos básicos en Cuba constituye una violación del derecho a la alimentación".
En meses anteriores también el OCDH denunció que el régimen de la Isla utiliza el sistema judicial para imponer el miedo, basándose en la aplicación de multas a diferentes miembros de la sociedad civil amparadas en el Decreto Ley 370.
Respetuosamente los del Observatorio deben buscar asesoría con mejores fuentes porque afirmar que hay "un nuevo patrón represivo" al referirse a lo que es una práctica común y estandarizada por parte de la dictadura es signo de que no conocen debidamente el asunto en cuestión. Ahora ven lo que existe pero antes no veían, lo cual no significa "un nuevo patrón" sino una visión retardada de la realidad.