Una decena de abogados cubanos suscribieron una campaña en redes sociales con el objetivo de exigir la excarcelación "inmediata e incondicional" del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien fue condenado por el régimen a un año de prisión el pasado agosto.
"El sistema cubano continúa fabricando delitos para asfixiar las libertades ciudadanas incluidas las de iniciativas y desarrollo económico. Hay miles de encarcelados por delitos políticos y otras faltas en Cuba que en el mundo democrático sería absurdo que ocurriera", dice el texto compartido por el abogado Juan José López.
"La mayoría de los procesos penales en Cuba se realizan discriminando las garantías del debido proceso judicial, el acceso a los expedientes para los abogados es una verdadera odisea, el acusado no tiene derecho a interrogar a los testigos del Gobierno, la asistencia letrada es siempre bajo contrato estatal", explican los juristas.
"El computo del tiempo para beneficios de excarcelación no es considerado para reducir la pena, conceder libertad condicional u otra medida que beneficie a prisioneros políticos", añaden.
Recientemente, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, dijo que el sistema de justicia cubano "concedió más de 10.000 beneficios de excarcelación anticipada" durante los meses de la pandemia de Covid-19, pero en el caso de los prisioneros políticos apenas tuvieron repercusión estas medidas.
En la actualidad, los familiares de Quiñones esperan por la respuesta a una petición de licencia extrapenal que presentaron la pasada semana, basándose en los ocho meses que ha cumplido de condena y el delicado estado de salud en que se encuentra.
En declaraciones ofrecidas a la prensa a finales de abril, la hermana de Quiñones denunció violaciones de los derechos humanos en la cárcel, evidenciados en la propia comida que les ofrecen, que puede ser polvo de arroz con gusanos.
Categorizado como prisionero de conciencia por la ONG Amnistía Internacional, Quiñones no ha recibido ningún tipo de beneficio en la cárcel, a pesar de sus 62 años de edad y el buen comportamiento que mantiene.
El periodista se encontraba el 22 de abril en el portal del Tribunal Provincial esperando el inicio del juicio contra los pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, procesados por negarse a enviar a sus hijos a la escuela, cuando un oficial de Policía le aplicó una llave y se lo llevó detenido.
Posteriormente supo que sería enjuiciado por los delitos de "resistencia y desobediencia".
Los abogados firmantes del manifiesto por su libertad también solicitaron apoyo a "los países democráticos del mundo, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a todos los organismos internacionales".
