Cuban Prisoners Defenders (CPD) demandó un pronunciamiento de la Unión Europea (UE) sobre el caso de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y celebró la reciente denuncia realizada por las Naciones Unidas en torno al caso.
Ferrer fue detenido violentamente en su casa tras un asalto, sin orden de registro ni arresto. Permanece "desaparecido" desde hace más de cuatro semanas sin que las autoridades hayan realizado acusación formal (...) —a pesar del requerimiento formal de Habeas Corpus al que se ha hecho caso omiso—. Su pequeño bebé de cuatro meses de vida, otros dos de sus hijos menores (14 y 16 años) y su esposa fueron detenidos en la vía pública y encerrados por una protesta por la libertad del opositor.
"(…) Valoramos el hecho de que las Naciones Unidas han dado un gran paso al denunciar los hechos, lo que viene a refrendar el paso que ya dieran la OEA, Amnistía Internacional, Civil Rights Defenders, Freedom House, los Estados Unidos de América y numerosas otras organizaciones y estados", señaló CPD en un comunicado.
"Sin embargo, llamamos la atención sobre la ausencia de un actor clave a nivel internacional, aún pendiente de pronunciarse respecto a esta barbarie: la Unión Europea. Como no puede ser de otra manera, la comunidad internacional espera y desea la reacción de la Comisión Europea y su Servicio de Acción Exterior (SEAE), así como de las diferentes delegaciones de los Estados Miembros de la Unión, y que esta se haga manifiesta públicamente ante las atrocidades que se están viviendo en Cuba, de la que este es solo un pequeño episodio más", recalcó la ONG.
Para su demanda, CPD consideró los artículos 1.5, 2c), 5 y 22 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba (ADPC), y el mandato del Parlamento Europeo plasmado en la Resolución de 15 de noviembre de 2018, "sobre la situación de los derechos humanos en Cuba".
Recordó que en esta "se explicita, entre muchas otras acciones determinantes, que se insta 'a los Estados miembros de la Unión, a SEAE y a su delegación en Cuba a que respeten firmemente sus principios y sus políticas fundamentales en relación con Cuba y adopten todas las medidas necesarias en favor de la puesta en libertad" de disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política en la Isla, "a fin de garantizar el cese inmediato del acoso a los opositores políticos y a los defensores de los derechos humanos, y de asistir y proteger a estos últimos".
Cuban Prisoners Defenders consideró que los equipos diplomáticos que tienen a cargo llevar a buen término los mandatos del ADPC y la citada Resolución del Parlamento Europeo, "están legitimados para poder exigir cambios sustanciales a sus mandos políticos (...) que lleven a la marcada y no conseguida efectividad con los mecanismos puestos en marcha hasta la fecha".
También entiende que el efecto "de la estrategia política desarrollada hasta la fecha por la Unión Europea, así como el respaldo al régimen con las visitas y declaraciones de la Sra. (Federica) Mogherini, Pedro Sánchez y otras, aún presumiéndolos ejecutados con las mejores intenciones, han resultado claramente contraproducentes en materia de derechos humanos en Cuba, a la vista de los hechos, pero mucho más aún con respecto a los objetivos marcados".
Por ello, solicitó a la UE que "considere alinearse en mucha mayor medida, con respecto a Cuba y en particular también en el caso de la detención de José Daniel Ferrer y sus tres compañeros activistas, con las organizaciones que velan por los derechos humanos a nivel regional (…)".
Asimismo, que "deje patente al régimen de la Isla a través de una primera exposición pública (...) rotunda y clara, el efecto negativo que dará como resultado proseguir por la vía de la represión con su pueblo para su merecido descrédito internacional".
Por último, demandó accionar "la palanca de dar visibilidad pública, como ya están haciendo las organizaciones regionales de derechos humanos (…) y la propia Organización de las Naciones Unidas, a las más graves violaciones de los derechos humanos en Cuba", como es el caso de Ferrer García.
