La Habana, la ciudad mal querida, mal pensada y mal vivida

En una entrevista ofrecida en 2004, el arquitecto Mario Coyula recordaba lo que el maestro italiano Duccio Turín, especializado en Economía de la Construcción, le dijo durante su visita a La Habana en la década de 1970: "Ustedes tienen microplanes, extraplanes, planes especiales… ¡pero lo que no tienen es Plan!".

Cierto y extravagante, la verdad es que nunca lo hemos tenido, ni durante la Colonia, ni durante la República, ni hasta el día de hoy en Revolución. Eso sin desconocer las propuestas que algunos urbanistas cubanos elaboraron en diferentes momentos del siglo XX y XXI para dar mejor cauce al desarrollo de la capital, pero que en su mayoría no fueron escuchadas.

Durante la primera mitad del siglo XX, La Habana tuvo su momento de mayor crecimiento urbano. La ciudad heredada se expandió y completó, principalmente hacia el oeste y hacia el sur, como una colcha de retazos. Trozo a trozo, creció el territorio uniendo fincas urbanizadas por iniciativa privada que, por regulaciones, debían conectarse entre sí para favorecer la continuidad vial. Se alertó entonces de la falta de un plan director que pensara la ciudad a nivel macro, que condicionara una mejor distribución de los servicios y actuara de manera anticipada al futuro desarrollo vehicular, industrial, etc.

Entonces cada cual decidió sobre su pedacito de tierra. Los preceptos del urbanismo moderno aplicados en gran parte del territorio y la alta calidad técnica y constructiva alcanzada en esa época, consolidó de manera casi espontánea una ciudad funcional, aunque con desbalances. El paradigma de lo moderno en una Habana que siempre estaba de estreno, estuvo unido, además, a la depreciación del espacio tradicional, iniciando la degeneración de la ciudad histórica.

Llegó 1959 con nuevos planes urbanos promovidos por el cambio de gobierno, que privilegiaron el progreso de las provincias. La planificación integral de la capital, según su potencial crecimiento poblacional y desarrollo, no era una opción a valorar. Esta debía seguir sosteniéndose con la infraestructura creada, que se explotó al máximo. Mario Coyula lo resume con tino al decir: "El gran desarrollo de La Habana en el primer cuarto del siglo XX se apoyó en una infraestructura flamante. Pero enterrar dinero bajo las calles no es muy gratificante para los que toman decisiones".

Asimismo, este autor, como otros, reconocía el prejuicio latente durante décadas hacia la capital, "vista como un parásito embaucador y rutilante, plagado de vicios y resabios, en oposición al sano mundo rural". Lo que, de algún modo, condicionó que las primeras intervenciones urbanas derivadas de planes de impacto social, no solo ocuparon lotes disponibles al interior del espacio urbanizado, sino que se desarrollaron más extensamente en las afueras.

Desde entonces esta ha sido una práctica recurrente, por lo que puede decirse que, desde la década de 1960, en La Habana ha coexistido la ocupación de zonas ya urbanizadas con proyectos de nueva expansión —conocidos en el país como de "nuevo desarrollo"—, con privilegio de estos últimos. Este proceder ha generado un aumento de la superficie construida que no corresponde al crecimiento demográfico. Al mismo tiempo, la planificación de los recursos estatales ha desatendido las problemáticas del área urbana preexistente, acumulando y agravando sus conflictos, tal y como la ciudad manifiesta.

Aunque en la década de 1980 la Dirección Provincial de Planificación Física de La Habana (DPPF-CH), intentó priorizar la ejecución de obras en el interior de la capital, esta práctica ha resurgido y aún en el siglo XXI, prevalecen los proyectos de nuevo desarrollo. Según el urbanista Enrique Fernández-Figueroa, estos emplean "la misma fórmula de ocupar zonas no urbanizadas, con nuevos proyectos típicos que han desparramado nuevas castas de monotonía por la ciudad". Asimismo, en las obras realizadas en barrios consolidados para eliminar edificaciones precarias y mejorar las condiciones de vida de la comunidad, se repite el error. Los nuevos edificios se ubican en la periferia de la urbanización, dejando el barrio insalubre en iguales condiciones, por lo que pronto es ocupado. Sin resolver el problema original, a pesar de la inversión, se desplazan las familias que deberían resultar beneficiadas, alejándolas de su red de servicios y entorno de vida habitual. Un ejemplo reciente es el proyecto del barrio Cuncuní en La Güinera, Arroyo Naranjo, en 2021.

Es lamentable que se persista en invertir recursos en proyectos desafortunados, causantes de nuevos conflictos. Los "nuevos desarrollos" requieren además mayor inversión, pues el hábitat no se define solo con la vivienda, implica una infraestructura complementaria eficiente de equipamientos y servicios, si no se quiere repetir Alamar indiscriminadamente. Por otra parte, al invertir en obras nuevas en terrenos no urbanizados periféricos, la ciudad histórica acrecienta el profundo deterioro de su parque habitacional y el requiebre de las condiciones de vida. Se desatiende también la necesidad de mantener un notable fondo construido, articulado en una red tradicional de servicios, con cuantiosos inmuebles de valor patrimonial. Esta situación mantenida durante mucho tiempo, ha obstaculizado la capacidad de resiliencia urbana de la capital cubana, ha derivado en la pérdida de considerables edificaciones y ha agudizado el déficit de viviendas asequible.  

El urbanista Enrique Fernández-Figueroa, quien este año recibe el Premio Nacional de Arquitectura por su vida y obra, ha demostrado que La Habana no necesita expandirse, sino regenerarse y rehabilitarse, conceptos que deberían regir su futuro plan director. Este profesor de la facultad de Arquitectura de la CUJAE, ha liderado numerosos estudios urbanos donde ha registrado el gran número de terrenos disponibles que tiene la capital, producto de derrumbes y edificaciones irreparables.

Cita que, desde la década de 1980, la DPPF-CH hizo un levantamiento completo donde ya se detectaba la gran cantidad de parcelas disponibles en la ciudad. Un número que sin duda ha crecido, aunque no se cuantifica oficialmente. Para que se tenga una idea del espacio en cuestión, se sabe que entre 1991 y 2000 el área total demolida en la capital fue de 1.278.021 metros cuadrados y que hubo 2.323 derrumbes. En las décadas siguientes estas cifras aumentaron, siendo 3.120.000 metros cuadrados el área demolida y 14.500 los derrumbes, entre 2001 y 2024. De todo ello, deduce el especialista la posibilidad de construir alrededor de 120.000 nuevas viviendas más los equipamientos y servicios complementarios a distancia de peatón que hagan sostenible las dinámicas urbanas, eviten el desplazamiento de las familias de su barrio de origen y la construcción de expansiones periféricas de marcada disfuncionalidad.

Tomando como ejemplo su estudio realizado en San Miguel del Padrón, entre 2022 y 2023, en este municipio existe en la zona urbanizada, un área de construcción disponible de 729.300 metros cuadrados, para una demanda local de 153.593 metros cuadrados. Esto puede dar una medida de la capacidad que tiene la ciudad para asumir nuevas construcciones sin necesidad de crecer territorialmente, solventando al interior del barrio las demandas de vivienda. Merecen nuestra ciudad y nuestra sociedad, estrategias más adecuadas que permitan revertir el profundo deterioro del espacio construido y poner en valor un suelo urbano esencialmente valioso y único.