Hace dos años, Hypermedia Magazine publicó unas memorias del narrador y ensayista Alberto Garrandés en las que aludía a su lucha contra la censura política y revestía de dignidad su desempeño como editor-jefe de narrativa en la editorial Letras Cubanas. Yo había denunciado en La Habana la censura impuesta por Garrandés a una novela de Atilio Caballero y, viendo cómo años después él se dedicaba al lavado de su biografía, respondí a esas memorias.
En un par de artículos (publicados también en Hypermedia Magazine) hice ver que Alberto Garrandés no solamente había silenciado uno que otro libro, sino que había vejado las obras de Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera Infante, incluyéndolos en una antología en homenaje al cincuentenario del régimen revolucionario sin importar lo contrarrevolucionarios y exiliados y censurados que fueran. Él no contaba con los derechos de publicación, pero Arenas y Cabrera Infante habían fallecido, y no dudó en sumarlos a la campaña propagandística encargada por sus jefes.
Alberto Garrandés protestó débilmente a mi primer artículo y luego hizo silencio. Y ahora, en las antípodas de aquellas memorias tergiversadoras, Hypermedia Magazine publica una entrevista donde la poeta y editora Lourdes González no oculta que censura.
Cacica editorial holguinera, González reconoce que practica, practicó y practicará la censura. "Desde que dirijo la editorial he censurado todo lo que como directora de una editorial debo censurar", contesta a una pregunta del entrevistador. "Sí, todo. Pero, además, eso jamás me ha quitado el sueño. Siempre he dormido muy bien, muy cansada, extenuada de un día fatigoso. No solo he censurado, sino que seguiré haciéndolo. Es una de mis labores".
Y para dejar claro que se refería a la censura política, agrega: "También la mala calidad la he censurado siempre con mucho ahínco. Lo seguiré haciendo". Es decir, ella veta lo que haya que vetar por razones políticas y, como cualquier editor en cualquier editorial del mundo, vela por la calidad literaria.
Durante décadas la censura de la literatura cubana descansó en su soberbia ideológica. Operaba con celo de utopista, en nombre de la sociedad futura que describían los discursos oficiales y que anunciaba la vulgata marxista-leninista. No ofrecía explicaciones, nadie llegaba a pedírselas, y apenas dejó ejemplos de comisarios políticos explayándose. Uno de ellos, de fines de los años 70, incluía a Alfredo Guevara declarando a jóvenes intelectuales de la llamada Comunidad Cubana en el Exterior los motivos para censurar a Virgilio Piñera.
Con el paso del tiempo, fue perdiendo vigor ideológico y sus razones se redujeron a los de un achicador ante una vía de agua. Y si antes los comisarios no daban la cara, menos lo harían ahora, faltos de mística. Es por eso que resulta tan interesante, no solo que alguien reconozca hoy la práctica de la censura, sino que aporte argumentos para su legitimación.
Lourdes González combina sus servicios al oficialismo con un pequeño negocio propio. Tuvo una paladar y ahora renta una habitación de su casa. Es, además de comisaria política, cuentapropista. De sus negocios propios ha llevado y lleva cuentas, y le toca amarrarse a un presupuesto en la editorial que dirige. No es, por tanto, una desconocedora del funcionamiento empresarial. Conoce, al menos, rudimentos de economía, y su legitimación de la censura es economicista.
"El libro en Cuba no es autofinanciado, es presupuestado. Son cosas que a la gente se le olvida", afirma.
Si su frase sobre cuánto ha censurado y cuán dispuesta está a seguir censurando remite a la del comandante Ernesto "Che" Guevara sobre la persistencia de los fusilamientos, esta última recuerda aquel lema interno de una campaña electoral de Bill Clinton: "Es la economía, estúpido".
González ha encontrado la raíz económica de la censura política. La gente no lo sabe o se le olvida, pero ella lo tiene claro. No del todo, sin embargo. Porque es de suponer que cuando habla de una actividad presupuestada estará refiriéndose a una actividad subvencionada, a la que la administración pública apoya con dinero pese a no ser negocio que arroje ganancias. Y si era eso lo que quería decir, esta es su lógica: el hecho de que la industria del libro en Cuba sea de propiedad estatal y el precio de los libros resulte barato por subvencionado, autoriza a prohibir obras y autores. El Estado lo paga todo y, por tanto, tiene todo el derecho a imponer las leyes del juego. Es la economía, estúpidos.
De esta argumentación que gira alrededor de más o menos gratuidades, se ha abusado muchísimo a propósito de la salud pública y la educación. Es chantaje muy gastado ya. Y falso: supone que el Estado es quien crea la riqueza que luego distribuye, y pasa por alto las evidencias de que lo barato del libro va combinado con bajísimos sueldos, restricciones alimentarias, doble moneda, decrepitud de las ciudades, impuestos indirectos sobre artículos de primera necesidad, ventajismo cambiario, jubilaciones miserables y un largo etcétera de penurias.
No es el Estado, sino la población, quien crea riqueza y quien permite crear riqueza a partir de la miseria en que vive. Es la población trabajadora, y no el Estado, quien asegura que el libro sea barato. Contrario a lo que Lourdes González sostiene, no es que exista censura porque el Estado tiene a su cargo la industria editorial, sino que el Estado se hizo cargo de la industria editorial para imponer totalmente la censura. Y veta autores y libros, no por imperativo económico, sino por la única legitimación con que cuenta, que es la fuerza bruta. Así, censura del mismo modo que se organizan actos de repudio, se arrastra a Damas de Blanco, se carga con los manifestantes LGBTI o se impide entrar al país a los cubanos que resultan incómodos. Por puro ejercicio del poder. Para no perderlo.
El restaurante que alguna vez ella tuvo se llamó "Paradiso". Le puso así por la novela lezamiana. "Sigo siendo literaria incluso en mis negocios", se halaga a sí misma. Pero resulta tan literaria como esa moda oficialista que se cobija en autores antiguamente censurados y que da la medida del vacío ideológico en que esos comisarios se mueven. Faltos de leyendas propias, no tienen más alternativa que aprovechar la mansión y el prestigio de una Dulce María Loynaz, por ejemplo. O fundan un rincón de trovadores y, en lugar de homenajear la obra de Silvio Rodríguez u otro de sus músicos, lo bautizan como "El Patio de Baldovina", por la criada de una novela lezamiana. Únicamente así se explica la necesidad de incluir a Arenas y Cabrera Infante, magníficos escorias, en una antología del oficialismo.
Se trata de coquetería de esbirros, encantados de tener sobre el buró el retrato de alguna antigua víctima famosa. Y no cabe duda de que, de exigirlo la ocasión, alguien como Lourdes González no habría tenido reparo en supliciar a ese mismo Lezama Lima que aprovechó y homenajeaba en su paladar. Habría bastado la coincidencia de un original de autor tan problemático, ciertas instrucciones llegadas desde instancias superiores (en el caso de Lezama Lima, desde Seguridad del Estado, como quedó demostrado en los archivos de la Stasi) y ella en tanto censora solícita. En su conducta se juntan varios tiempos: la comisaria y represora política y la pequeña emprendedora capitalista, la apelación a un gran escritor silenciado y el silenciamiento de otros escritores en nombre de ese mismo poder.
Celebré hace dos años que fueran publicadas las memorias impostadas de Alberto Garrandés, y celebro que se publique esta entrevista de Lourdes González. Creo, sin embargo, que los lectores habríamos tenido más si Reynaldo Aguilera, el entrevistador, hubiera repreguntado. En cuanto a su entrevistada, a diferencia de un Garrandés a quien no tenía sentido pedirle nada, habría que pedirle a Lourdes González que vaya más lejos, hasta desechar esa coartada falsa y sentimental del sacrificio del Estado sostenedor del libro, y asuma que ella opera sin necesidad de coartada alguna. Que es criminal y punto.