Los jóvenes de 18 a 30 años desvinculados del estudio y el trabajo podrán recibir un ingreso mensual equivalente al salario mínimo vigente mientras cursan programas de capacitación de uno a seis meses. Para mantenerlo tendrán que cumplir al menos el 85% de asistencia y aprobar las evaluaciones, según nuevas disposiciones presentadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y publicadas por el diario oficial Granma.
El salario mínimo vigente en Cuba es de 3.210 pesos mensuales, que equivale a aproximadamente cuatro dólares al cambio informal.
El programa ofrece un ingreso durante la formación, pero la información publicada no precisa cuántas plazas estarán disponibles, qué presupuesto tendrá ni cuántos empleos podrán ofrecerse después de los cursos. La incorporación laboral es el objetivo anunciado, no un puesto garantizado al terminar la preparación.
El Acuerdo 10463 establece cursos cortos con una carga mínima de 20 horas lectivas semanales. Incluirán oficios demandados en cada territorio, emprendimientos, gestión de pequeños negocios y competencias digitales, explicó Israel Antonio Riverón Sánchez, director de Empleo del MTSS.
En el caso de los jóvenes considerados en situación de vulnerabilidad, el pago procederá de prestaciones condicionadas de la asistencia social. Para los demás beneficiarios, lo asumirán las entidades empleadoras conforme a la legislación laboral.
De manera excepcional, podrán incorporarse adolescentes desde los 15 años y antes de cumplir los 18, previa fundamentación de lo que el régimen denomina "su situación de riesgo social". También tendrán acceso personas de 31 a 35 años con responsabilidades familiares de cuidado.
El programa priorizará a residentes en localidades con desvinculación juvenil, mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos, personas con discapacidad y jóvenes con barreras para acceder a la formación o al empleo.
No estudiar ni trabajar no equivale a no hacer nada
La cuarta encuesta de DIARIO DE CUBA, aplicada por Cubadata entre el 22 de julio y el 10 de agosto de 2026 con la participación de 1.551 personas, aporta contexto sobre una categoría que requiere distinguir situaciones y periodos.
Entre los participantes de 18 a 29 años que respondieron sobre sus actividades de los siete días anteriores, el 30,4% —111 de 365— no había realizado trabajo remunerado ni estudio o formación. Sin embargo, la proporción fue del 16,1% —59 de 367— cuando se les preguntó por su situación principal y declararon no trabajar ni estudiar.
La diferencia es relevante para un programa de inserción laboral: no haber trabajado ni estudiado durante una semana no demuestra una desvinculación permanente. El informe del estudio advierte que esa clasificación puede coexistir con cuidados no remunerados, búsqueda de empleo y otras responsabilidades.
El anuncio oficial reconoce parte de esa diversidad al incluir a personas cuidadoras y mujeres con hijos. El reto será que esas responsabilidades no impidan asistir a los cursos y cumplir las condiciones para conservar el ingreso.
El problema es que las dificultades de la vida cotidiana ocupan una parte sustancial del tiempo y condiciona las expectativas de los cubanos. Casi la mitad de quienes respondieron a la encuesta de DIARIO DE CUBA —un 45,2%— dijo dedicar diez o más horas diarias, en una semana típica, a resolver necesidades básicas. Dos de cada tres situaron entre ocho y diez puntos, en una escala de cero a diez, el agotamiento físico y mental que atribuyen a lidiar con los problemas cotidianos.
Activos productivos sujetos a aprobación municipal
El Gobierno también presentó el Acuerdo 10455, destinado a entregar activos productivos de pequeña escala a hogares en situación de vulnerabilidad que tengan integrantes aptos y dispuestos a trabajar. Los beneficiarios deberán comprometerse a cumplir un plan de inclusión económica.
La directora del Observatorio Social y Laboral, Maily Morejón Concepción, explicó que se priorizará a personas cuidadoras, especialmente mujeres con menores a cargo y bajos ingresos; jóvenes desvinculados; personas con discapacidad que puedan desarrollar una actividad económica y trabajadores en la informalidad.
Los activos podrán destinarse a actividades agropecuarias y agroecológicas, artesanía, transformación, servicios y soporte tecnológico o digital.
El acceso requerirá varias evaluaciones. Las solicitudes se presentarán en las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social, directamente o mediante trabajadores sociales y empleadores. Tras la caracterización familiar y la evaluación comunitaria, el Servicio de Gestión de Empleo Territorial elaborará con el solicitante un plan que deberá aprobar el Consejo de la Administración Municipal.
Ese documento recogerá la actividad prevista, las habilidades de la persona, los activos necesarios, la capacitación y el calendario de ejecución.
La financiación podrá proceder del presupuesto de asistencia social, el Fondo de Protección Social, la contribución territorial para el desarrollo local, cooperación internacional, donaciones, microcréditos y otros fondos autorizados. Granma no precisa los recursos ya disponibles ni el volumen de entregas previsto.
Más estructuras para la atención social
El paquete, publicado en la edición ordinaria número 88 de la Gaceta Oficial, incluye el Decreto Ley 136, sobre el fortalecimiento del Trabajo Social, y el Decreto 182, que regula nuevas direcciones provinciales y municipales subordinadas a las administraciones territoriales. Las disposiciones entrarán en vigor en los siete días siguientes al anuncio, indicó Granma.
Las normas contemplan la intervención de trabajadores sociales en comunidades, centros educativos, hospitales y policlínicos, además de coordinación con entidades estatales y no estatales y mecanismos de supervisión.
El ministro Jesús Otamendiz Campos defendió la asistencia como un tránsito hacia la autonomía económica y llamó a "rescatar el valor del trabajo" como principal vía de protección social.
Convertir la capacitación en autonomía exigirá más que cursos, planes y nuevas estructuras administrativas. Estará por ver si los beneficiarios podrán completar la formación, acceder a una actividad viable y obtener ingresos sostenidos. El empleo será el resultado que permita evaluar el programa, más allá del número de jóvenes matriculados.
