El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido ante el Congreso que los trabajadores suministrados por la empresa estatal cubana Palco pueden acceder a documentación y sistemas informáticos del Consulado General de España en La Habana, donde se tramitan las solicitudes de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. Sin embargo, no ha concretado qué información pueden consultar ni el alcance de sus permisos, según publicó Vozpópuli.
Una respuesta parlamentaria, fechada el 23 de septiembre, sostiene que los accesos se limitan a las necesidades del servicio y están sujetos a controles. También asegura que el personal realiza funciones administrativas, técnicas y auxiliares bajo supervisión española, sin intervenir en las decisiones sobre expedientes de registro civil, pasaportes o visados.
La explicación deja sin responder una cuestión que afecta directamente a los solicitantes: qué garantías verificables protegen las partidas de nacimiento, documentos de identidad y datos familiares que entregan para acreditar su derecho a la nacionalidad.
Un contrato sin cláusulas específicas de protección de datos
Según Vozpópuli, el contrato de suministro de personal para el Consulado asciende a 1,13 millones de euros y cubre el periodo de 2025 a 2028. Palco recibió otra adjudicación de 242.743,48 euros para proporcionar trabajadores a la Embajada española. Ambas suman más de 1,37 millones de euros y en los dos procedimientos la entidad estatal cubana fue el único licitador.
El contrato examinado no contiene cláusulas específicas sobre confidencialidad ni protección de datos personales. El Ejecutivo afirma que los empleados están sujetos a esas obligaciones y a las normas de seguridad de la información, pero su respuesta no identifica los documentos en los que se establecen esas garantías ni detalla cómo se supervisa su cumplimiento.
La ausencia de cláusulas expresas no demuestra por sí sola una infracción legal, pues pueden existir obligaciones normativas o acuerdos complementarios. Lo pendiente es que el Gobierno identifique esos instrumentos y explique qué información queda al alcance del personal contratado mediante la empresa del régimen.
La pregunta parlamentaria fue registrada el 9 de julio por el diputado del PP Pedro Muñoz Abrines. El partido también pidió aclaraciones sobre posibles vínculos entre Palco y el conglomerado militar GAESA, una cuestión que la respuesta analizada no desarrolla.
El Ejecutivo justifica la intermediación de Palco por la legislación cubana, que, según explica, impide a las representaciones españolas contratar directamente a trabajadores locales. Asegura que utiliza este sistema desde 2017.
Las preguntas que los descendientes ya habían planteado
La Asociación de Descendientes de Españoles en el Mundo (ADEM) había reclamado explicaciones sobre el acceso a los expedientes meses antes de conocerse esta respuesta.
En junio, DIARIO DE CUBA informó de que la asociación había obtenido el contrato firmado el 1 de enero de 2025 por el director general de la Empresa Empleadora Palco, Rubén Santiesteban Ferrás, y el entonces cónsul español, Antonio Álvarez Barthe.
"¿Quién selecciona al personal que interviene en expedientes de nacionalidad? ¿Qué protocolos de confidencialidad se han firmado? ¿Qué acceso tienen esos trabajadores a documentación privada, partidas de nacimiento, filiaciones, datos familiares y expedientes del Registro Civil?", preguntó ADEM en un documento enviado a DIARIO DE CUBA.
La asociación también pidió auditorías independientes sobre el tratamiento de los datos personales y la publicación completa de los contratos y convenios. La admisión del Gobierno confirma ahora el acceso del personal a documentación y sistemas, pero no despeja el alcance de esos permisos.
Más personal, demoras persistentes
El contrato tampoco ha eliminado las dificultades de los solicitantes. En octubre de 2025, DIARIO DE CUBA recibió en menos de 24 horas más de 40 testimonios sobre esperas, fallos informáticos, credenciales que no podían validarse y reclamaciones sin respuesta.
En diciembre de aquel año, el Consulado de La Habana acumulaba 350.000 peticiones de nacionalidad por la Ley de Nietos, según datos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Era la segunda oficina con más solicitudes, después de Buenos Aires.
ADEM denunció en junio que persistían las credenciales paralizadas, los retrasos en la recepción de expedientes y las inscripciones de nacimiento demoradas. El contrato también mostró una diferencia entre las remuneraciones abonadas mediante la empleadora y las que llegan a los trabajadores: de salarios de entre 5.702,58 y 6.079,47 pesos, estos reciben entre 3.630,62 y 3.870,06 pesos.
Asco da el contubernio de los de Sánchez con esa dictadura.