El agua enferma de Cuba

"Desde que rompieron la tubería que atraviesa toda Vía Blanca para, supuestamente, conectar el hotel de la Torre K, comenzaron los problemas con el agua", dice Alberto Martínez desde el municipio Cerro. Se refiere a las obras en una arteria clave del sistema vial y de abastecimiento hidráulico de La Habana, durante la construcción del hotel de lujo más alto de Cuba, perteneciente al conglomerado militar GAESA e inaugurado en febrero de 2025. "El agua, que entraba cada tres o cuatro días, empezó a llegar semanalmente. Eso fue el año pasado", precisa. 

El hotel cerró en marzo, poco después de su primer aniversario, pero el suministro de agua en la zona continuó deteriorándose. "Este año es cada 15 días o cada veintitantos días", agrega, protegido por un seudónimo por temor a represalias. 

La situación —ahora agravada por una avería en la Conductora de la Cuenca Sur que interrumpió el suministro en seis municipios capitalinos— se repite de La Habana a Baracoa. La encuesta nacional "Condiciones de vida, servicios, seguridad y ajuste cotidiano", realizada por Cubadata para DIARIO DE CUBA en marzo, encontró que cerca del 47% de una muestra de 1.788 personas padecía falta de agua todos los días o varias veces por semana.

Las familias se ven obligadas a pagar en dólares por camiones cisterna, a comprar el agua de beber a los llamados "aguateros", a instalar bombas para succionarla directamente de las redes, a perforar patios y aceras para alcanzar el manto freático o a construir aljibes para recoger la lluvia. El acceso al agua en Cuba depende cada vez menos de la cobertura declarada por el Estado y más del dinero, de los equipos y de la capacidad individual de gestión.

La distribución de los recursos públicos lo explica mejor: solo entre 2022 y 2024, el Gobierno destinó 95.801 millones de pesos al sector del turismo; 10 veces más que a toda la inversión hidráulica y 16 veces más que los 5.934 millones invertidos en programas de abasto de agua.

Pero el suministro no es el único problema. Vecinos de cinco provincias describieron agua turbia, con tierra, olor a fango, larvas o un aspecto aparentemente normal que no se traduce en potabilidad. En 2024, las atenciones médicas por enfermedades diarreicas agudas aumentaron en casi un tercio; en diciembre de ese año, el director nacional de Epidemiología del MINSAP, Francisco Durán, reconoció públicamente un "aumento de casos" de hepatitis A debido al consumo de agua contaminada. 

En 2026, mientras surgen nuevos brotes de estas enfermedades, las estadísticas oficiales siguen sin responder una pregunta clave: ¿qué calidad tiene el agua destinada al consumo humano en Cuba?

El precio del agua

El apartamento de Alberto dispone de dos tanques elevados de 1.000 litros y el edificio cuenta con una cisterna compartida por diez viviendas. Esa capacidad resulta insuficiente cuando el servicio tarda semanas. "Una pipa vale 100 dólares y llena la cisterna. Como somos diez apartamentos, sale a diez dólares por cada uno, pero el agua dura apenas tres o cuatro días, ahorrándola", explica. 

Mantener un flujo relativamente estable exigiría entre 30 y 40 dólares mensuales por apartamento, calcula. Se trata de una suma inalcanzable cuando el salario promedio apenas ronda los 12 dólares al mes. Nadie en su barrio puede comprar una pipa cada cuatro días, aclara, pero los vecinos ya han tenido que reunir el dinero varias veces cuando la espera se prolonga demasiado. Alberto pasa tiempo entre los municipios Cerro y Playa por asuntos familiares, y en ambos casos la situación es insostenible.

En Camagüey, María Matos puede recibir agua dos o tres veces por semana y también pasar 15 días sin servicio. Compra la de beber a vendedores que llenan porrones en puntos de suministro o en casas con pozos y los distribuyen en triciclos. "Ya tienen su clientela, incluida yo", cuenta y señala cuánto han subido los precios. 

"El botellón de 20 litros —que años atrás costaba 40 centavos— vale ahora 70 pesos". Cuando se rompen los motores o las tuberías, los particulares adaptan camiones para transportar agua, dice. Antes de instalar la turbina, Matos pagaba 2.500 pesos (3,76 dólares) por llenar un tanque de 1.000 litros.

En Bayamo, Yunier Gutiérrez recibe el servicio cada siete o diez días. Aunque almacena y raciona el agua, las reservas no alcanzan: "Todas las semanas tengo que comprar agua". Las ofertas clandestinas incluyen pipas, tanques de 55 galones y recipientes de cinco o 20 litros. Según su testimonio, puede contratarse una pipa estatal desviada al mercado informal o un vehículo privado.

El agua potable se vende oficialmente a un peso por litro en determinados puntos de Bayamo, pero el transporte multiplica su costo: Gutiérrez paga entre 100 y 150 pesos por cada recipiente de 20 litros que le llevan hasta su casa. En Santiago de Cuba, donde el servicio puede tardar más de un mes, el activista Jorge Amado Robert desembolsa entre 500 y 600 pesos por un tanque que reserva "para descargar el baño y el fregado", porque tampoco tiene certeza de que sea apta para beber. Quienes disponen de recursos construyen cisternas. "No hace falta permiso —afirma—; más bien lo que hace falta son recursos para construirla".

En Baracoa, el acueducto por gravedad mejoró el servicio para numerosas familias, pero otras quedaron fuera debido a la ubicación de sus viviendas. Entrevistado para este reportaje, Emilio Almaguer explica que, en comunidades situadas a lo largo de las carreteras de Moa y Maisí, los residentes deben pagar el agua o transportarla en tanques montados sobre carretas y animales de tiro. "En Sabana, Vertiente, Punta de Maisí y El Cayo, grandes bidones colocados detrás de tractores funcionan como pipas privadas". Zayas calcula que una carga cuesta alrededor de 3.000 pesos.

Ni siquiera el centro urbano dispone siempre de una alternativa. En El Paraíso, una zona alta de Baracoa, el agua debe llegar los lunes y los viernes, pero una avería puede reducir el servicio a una vez por semana: "A veces pasamos varias semanas sin agua". Cuando eso ocurre, las familias cargan tanquetas en automóviles o en motocicletas y se trasladan hasta los ríos. La respuesta estatal tampoco cubre la emergencia. "Ellos ni gasolina tienen para habilitar una tanqueta", afirma la fuente. Según explica, la falta de combustible ha paralizado incluso camiones destinados a vaciar fosas sépticas e impide recurrir a carros de bomberos, como se hacía anteriormente durante las crisis de abastecimiento.

La factura estatal es apenas una fracción del gasto. Gutiérrez continúa pagando siete pesos trimestrales por consumidor. En Camagüey, Matos abonaba 20 pesos mensuales hasta que la cobradora dejó de ir y atribuyó la interrupción a la falta de papel para emitir recibos; en su zona llevaban más de cuatro meses sin cobrar. Jorge Amado tampoco había recibido recientemente la factura del acueducto en Santiago de Cuba y desconocía las razones. 

Al pago total se suman los recipientes, la transportación, los tanques, la turbina, la cisterna, la pipa y el combustible necesario para hervir el agua, algo cada vez más complejo en momentos de apagones que pueden durar incluso días en algunas zonas del país. Cada familia termina financiando su propio sistema para obtener, almacenar y tratar un servicio que las estadísticas presentan como disponible.

Sucia y con peste

El precio no garantiza la calidad; la llegada del agua también puede ser motivo de preocupación. "A simple vista tiene un color normal; no tiene larvas ni tierra", explica Alberto. Sin embargo, los vecinos sospechan que no está clorada. “Todo el mundo ha cogido la virosis esa del estómago, no sé si será por el agua, pero es muy probable que lo sea, porque casi nada funciona bien”.

Alberto lleva dos meses con diarrea. Todos los miembros de su familia que viven en el municipio habanero de Playa han padecido el mismo problema, pese a hervir el agua de beber. Está consciente de que "hay bacterias y microbios que no se van con solo hervir el agua". Por eso, y porque "la gente dice que no es potable", le añade hipoclorito de sodio, una solución de cloro al 1% que no siempre está disponible en las farmacias. "El hipoclorito que ellos [el Gobierno] le echaban al acueducto, ahora tenemos que echárselo nosotros al agua", señala. Aunque evita atribuir las diarreas directamente al suministro, admite la sospecha.

En otras provincias, el deterioro es visible. Matos describe como "pésima, oscura, sucia, con olor a fango y, a veces, con larvas de mosquitos" el agua que recibe en Camagüey. Asegura haber visto aguas albañales alrededor de tuberías rotas. "Eso se lo toma la gente, que ya ni siquiera puede hervir el agua porque no hay corriente", advierte.

En Bayamo, Gutiérrez afirma que el agua llega "contaminada, turbia, mezclada con tierra"; unas veces percibe olor a cloro y otras cree que ha sido bombeada directamente de un río o embalse. "Esta agua no se puede beber", concluye. Considera que las autoridades "solo actúan cuando la situación es crítica debido a las quejas y denuncias de los clientes". 

Jorge Amado coincide desde Santiago de Cuba: después de intervalos que pueden superar un mes, "su color y sabor dejan mucho que desear". La suciedad visible no es el único riesgo: el agua transparente tampoco garantiza la potabilidad. Sin controles públicos que despejen esa incertidumbre, las familias deben tratarla por su cuenta y, cuando faltan electricidad, combustible o hipoclorito, consumirla sin protección alguna.

En el extremo oriental, la disponibilidad y la calidad vuelven a cruzarse. La fuente de DIARIO DE CUBA en Baracoa asegura que en varias comunidades costeras situadas hacia Moa y Maisí hay pocos ríos y que muchos están "contaminados con agua salada". Aun así, cuando falla el servicio, algunas familias no tienen otra alternativa que desplazarse hasta ellos para llenar recipientes con agua destinada a las necesidades domésticas.

Cobertura no significa agua segura

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) atribuye a La Habana una cobertura de agua potable del 100%. El indicador mide el acceso a una fuente considerada mejorada, no la continuidad del suministro ni la calidad del líquido. Una vivienda puede figurar dentro de la cobertura aunque el agua llegue cada 20 días, permanezca almacenada durante semanas o requiera tratamiento adicional, como demostró la primera entrega de esta investigación.

La propia ONEI documenta que solo el 61,2% de la población disponía de agua gestionada de manera segura en 2022: procedente de una fuente mejorada, accesible en la vivienda, disponible cuando se necesita y libre de contaminación fecal o química. Como resultado, cálculos de DIARIO DE CUBA estimaron que alrededor de 4,3 millones de personas quedaban fuera de ese estándar. Cerca de la mitad de la población también carecía de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.

La infraestructura ayuda a explicar la brecha. Entre 2020 y 2024, la red nacional de acueductos perdió 52 kilómetros y la de alcantarillado se redujo de 5.420 a 5.035. En 2024, solo el 52% de las aguas residuales evacuadas recibió tratamiento. La prensa estatal ha reconocido, además, vertimientos de aguas residuales en La Habana. 

La crisis eléctrica atraviesa todo el sistema. En marzo, Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, reconoció que solo el 13% de la población abastecida disponía de alguna alternativa energética y que el 87% dependía directamente del Sistema Electroenergético Nacional. Cada apagón puede interrumpir el bombeo, vaciar las tuberías y alterar los ciclos de distribución y de tratamiento del agua. 

En abril, el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba informó que la potabilizadora de Altos de Quintero liberaba "alrededor de 3.240 metros cúbicos de agua sin clorar" durante los cortes eléctricos. El reporte del periódico Sierra Maestra atribuyó el problema a fallas del grupo electrógeno por falta de combustible y señaló que las roturas en los sistemas de cloración obligaban a aplicar el producto manualmente. 

En una red deteriorada, la intermitencia también compromete la calidad. La Organización Mundial de la Salud advierte que, cuando las tuberías pierden presión, el agua contaminada del exterior puede penetrar por grietas, uniones defectuosas y salideros. Los cortes dificultan mantener niveles adecuados de cloro y obligan a almacenar el líquido, con nuevos riesgos cuando tanques y cisternas no permanecen limpios y cerrados.

Contaminación sin estadísticas públicas

Según la ONEI, entre 2008 y 2015 la carga contaminante vertida en las cuencas hidrográficas de interés nacional pasó del 6% al 23%. En siete años, el indicador casi se cuadruplicó. La serie dejó de publicarse después de 2015 y los anuarios actuales tampoco informan sistemáticamente cuántas muestras de agua fueron examinadas, en cuántas se detectaron coliformes fecales (bacterias presentes en el excremento) ni qué proporción cumplió las normas sanitarias.

El problema no es nuevo. Desde el año 2000, investigadores del Ministerio de Salud Pública, a partir de muestras recogidas en 31 ciudades durante dos años, encontraron que la escasez de productos para tratar el agua coincidió con un deterioro de su potabilidad y un aumento de las atenciones por enfermedades diarreicas. En contraste, las localidades con mejor nivel de cloración tendían a registrar menos atenciones. Aunque la investigación no describe la situación actual, sí ilustra el riesgo asociado a un tratamiento deficiente del agua. 

En general, los estudios recientes disponibles presentan información dispersa, datos ausentes o se circunscriben a poblaciones específicas. En 2024, un equipo de científicos de la Universidad de Oriente y el Laboratorio Farmacéutico Oriente analizó el agua suministrada por la potabilizadora Altos de Quintero a varios centros de Santiago de Cuba. Aunque el pH, el color y los coliformes se mantuvieron dentro de la norma, en el Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba, conocido como La Colonia Española, en la Cervecería Hatuey y en el Combinado Lácteo se detectaron incumplimientos ocasionales de la turbidez y del cloro libre residual.

Los autores atribuyeron las afectaciones principalmente al deterioro de las redes y a las malas condiciones de almacenamiento. La investigación, si bien no cubrió toda la ciudad, sí confirma que la calidad puede degradarse tras salir de la planta. Las implicaciones pueden ir más allá de un simple malestar físico.

En 2025, el estudio "Impacto de los factores ambientales en la salud mental en contextos urbanos: el caso de Holguín, Cuba" citó análisis previos que detectaron coliformes totales en el 21% de las muestras, y concentraciones elevadas de hierro y manganeso en el 18%. El trabajo, presentado durante la undécima edición del evento científico cubano sobre ambiente y salud, AMBIMED 2025, incluyó la contaminación del agua y el deterioro de la infraestructura sanitaria entre los factores ambientales asociados a la ansiedad, la depresión y el estrés crónico. Aunque sus conclusiones no pueden extrapolarse a La Habana ni al resto del país, muestran que una fuente clasificada como mejorada puede incumplir parámetros microbiológicos o químicos, con repercusiones para la salud física y mental.

Ante los vacíos de información, han surgido iniciativas fuera de Cuba para documentar el asunto. El Cuba Water Project de la Universidad de Miami publicó en 2017 sus resultados preliminares, basados en encuestas a 346 personas realizadas entre enero y agosto de 2016. La investigación no terminó ahí. Enrique Pumar, Helena Solo-Gabriele y Joseph B. Treaster ampliaron la muestra hasta 514 entrevistas, recogidas durante dos años principalmente en el Aeropuerto Internacional de Miami, y publicaron los resultados en 2020 en Cuban Studies, bajo el título Water and Quality of Life in Contemporary Cuba: Contending Issues and Implications. Los autores insistieron en que estudiaban percepciones y experiencias de residentes y viajeros, no muestras microbiológicas del agua.

La versión ampliada reforzó el diagnóstico inicial. Casi la mitad de los entrevistados dijo disponer de agua corriente apenas unas horas al día y la mayoría almacenaba el líquido en cisternas domésticas. Alrededor de la mitad calificó su calidad como mala; el 23% consideró que había empeorado durante el año anterior y solo el 12% percibió una mejoría. Un 33% recordó haber visto basura, aguas residuales u otros contaminantes en ríos, y un 36% mencionó malos olores en ríos, lagos, bahías o playas. Para el 72%, la prioridad debía ser la rehabilitación de la infraestructura; el 58% reclamó mejores sistemas de purificación y el 57% abogó por la renovación de los depósitos de agua. 

Los investigadores concluyeron que existía una “amplia brecha” entre las estadísticas gubernamentales y las experiencias de quienes dependían del servicio. Seis años después de aquella publicación, la falta de controles oficiales sistemáticos impide determinar cuánto ha cambiado la situación.

Bacterias fecales en el agua

En febrero de 2025, las autoridades sanitarias de Matanzas confirmaron la presencia de coliformes fecales en la fuente Bello, que abastece a El Naranjal, Matanzas Este, Matanzas Oeste y Versalles. Andrés Lamas, director provincial de Higiene y Epidemiología, recomendó hervir el agua o utilizar la distribuida mediante camiones cisterna.

Las autoridades no precisaron entonces cuántas personas quedaron expuestas, pero datos demográficos indican que el sistema abastece a más de 60.000 habitantes, alrededor del 40% de la población municipal. El episodio estuvo relacionado con un derrame de cachaza —un residuo orgánico de la producción de azúcar— del central Boris Luis Santa Coloma, en Mayabeque. El residuo se infiltró en el terreno hasta los manantiales. Estudios anteriores habían identificado una conexión subterránea entre el ingenio y la cuenca de Bello. El propio medio oficial reconoció que no era la primera contaminación de ese tipo.

La publicación provocó reclamos de residentes. Odalis Altamirano describió el agua con "peste, mal sabor y carmelita" y aseguró que en La Cumbre no se había visto "ni una pipa distribuyendo agua". Yami Fulgueira cuestionó que el medio afirmara que la contaminación "solo afecta" a cuatro zonas y estimó que podían sumar unas 120.000 personas.

Leidis Rodríguez Guerra preguntó si la contaminación podía explicar "tantas enfermedades, incluyendo brote de hepatitis" y exigió saber "quién se responsabiliza de eso". María Isabel Tamayo reaccionó con incredulidad a las alternativas propuestas para tratar el agua en medio de los apagones y la escasez de combustible: "Con todo respeto, ¿hervir?".

María de los Ángeles Cabrera situó el episodio dentro de una crisis más amplia, marcada por diarreas, falta de medicamentos, basura, ratas, apagones y dificultades para cocinar. "Esto ha llegado al límite de lo inadmisible", escribió, antes de advertir que esas condiciones conducían a una mala calidad de vida para gran parte de la población.

La discusión alcanzó La Habana. Diana Ibarzabal aseguró que su barrio de Jesús del Monte, en Diez de Octubre, padecía una situación similar, presuntamente certificada por el Policlínico de Luyanó. "Hace más de un mes que esa agua está sucia y con un olor desagradable 'a fosa'", escribió. Según su comentario, los vecinos habían acudido a Aguas de La Habana, al Gobierno municipal y a las autoridades sanitarias, pero continuaban "esperando que alguien autorizado y responsable" les explicara qué ocurría.

El repunte de las enfermedades diarreicas

El agua contaminada y el saneamiento deficiente favorecen la transmisión del cólera, la disentería, la fiebre tifoidea, las hepatitis A y E, la giardiasis y otras parasitosis, según la Organización Mundial de la Salud. La hepatitis E resulta especialmente peligrosa durante el embarazo: puede provocar insuficiencia hepática aguda, pérdida fetal y muerte materna.

Cuba registró 163.102 atenciones médicas por enfermedades diarreicas agudas en 2024, un 29,1% más que las 126.344 del año anterior, según el Anuario Estadístico de Salud del MINSAP. El repunte ocurrió mientras La Habana atravesaba graves interrupciones: en septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reconoció que las afectaciones en el suministro por redes habían superado los 199.000 clientes.

La cifra apenas había variado en abril de 2026, cuando las autoridades reconocieron que alrededor de 200.000 habaneros continuaban afectados por desabastecimientos, averías e inestabilidad eléctrica. Se trata de una crisis prolongada de al menos 19 meses.

La hepatitis A presenta otra señal de alerta sanitaria. La prensa estatal informó que Sancti Spíritus cerró 2024 con alrededor de 1.080 casos diagnosticados, tras casi una década sin un incremento semejante. La subdirectora provincial de Higiene y Epidemiología, Yurien Negrín Calvo, reconoció que la mayoría eran diagnósticos presuntivos por falta de medios de laboratorio específicos y advirtió sobre un subregistro imposible de cuantificar. También señaló "filtraciones, contaminación cruzada" y sifonamiento, que es el movimiento de la tierra bajo el suelo que destruye cimientos, asociado a la discontinuidad del abasto.

Los focos continuaron en 2026. En junio, las autoridades de Matanzas notificaron siete positivos y 49 sospechosos en una semana. El municipio cabecera concentraba alrededor del 40% de los casos acumulados en la provincia, y permanecían abiertos los brotes en Versalles y Cárdenas. 

Las deficiencias alcanzan incluso al turismo. En julio de 2025, una avería en la conductora principal provocó el cierre temporal de cinco hoteles de lujo en Cayo Cruz y el traslado de sus huéspedes. Meses después, un reportaje de DIARIO DE CUBA documentó nuevos cierres y denuncias sobre el agua en los hoteles, así como señales de deficiencias en el tratamiento, la cloración y el mantenimiento de las piscinas. Beber agua embotellada o previamente hervida figura entre las principales recomendaciones para quienes viajan a Cuba en los sitios oficiales de gobiernos como los de España, Estados Unidos y Australia. Washington advierte expresamente que el agua del grifo no es potable, mientras que Madrid señala el riesgo de contraer hepatitis A. A veces, también el agua embotellada escasea. En agosto de 2023, una usuaria había advertido desde Varadero: “Si van a venir, traigan su botellita de agua”.

De las grandes obras a las soluciones de supervivencia

Cuba posee oficialmente 242 presas "en explotación", más de 700 kilómetros de trasvases, 24.654 kilómetros de redes de acueducto, 91 plantas potabilizadoras y 2.516 estaciones de cloración. La ONEI contabiliza esas instalaciones, pero no identifica cuáles funcionan plenamente, cuáles están averiadas ni cuánto aporta cada una. Pese a la incorporación de dos plantas potabilizadoras, el agua distribuida disminuyó de 1.576 millones de metros cúbicos en 2023 a 1.519 millones en 2024.

El Trasvase Este-Oeste es otra quimera. Concebido para trasladarla desde el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa hacia Holguín y Las Tunas, comprende diez presas, 170 kilómetros de canales y 1,2 kilómetros de túneles. Raúl Castro prometió en 2008 que su primera etapa permitiría "el abastecimiento estable de agua a la capital provincial y otras localidades". Fue inaugurada en 2009 y la segunda concluyó en 2012, pero en 2025 el proyecto seguía en la tercera de seis fases, mientras más de 400.000 habitantes de Holguín sufrían afectaciones y algunas comunidades superaban los 100 días sin servicio.

Ante la pérdida de presión, numerosas familias conectan las conductoras a bombas autocebantes, conocidas como "ladrones de agua". Los equipos succionan el caudal que no logra entrar en las viviendas ni subir hasta los tanques; cuando varios funcionan a la vez, reducen aún más la presión disponible para quienes no cuentan con ellos.

Matos depende de una turbina para aprovechar las pocas horas de servicio. “Dos o tres veces por semana logro llenar mis tanques porque tengo turbina”, explica. A quienes no poseen una, el agua les "llega sin presión y no tiene ni fuerza para entrar a las instalaciones de las casas". En Facebook, estos equipos se anuncian abiertamente como "ladrones de agua", con ofertas de entre 15.000 y 25.000 pesos o de entre 47 y 50 dólares.

El Consejo de la Administración Municipal de Habana del Este anunció, por su parte, la entrega de 20 bombas manuales para más de 3.000 personas. No son "ladrones" conectados a las tuberías, sino dispositivos comunitarios para extraer agua sin electricidad. La medida muestra hasta dónde ha retrocedido el servicio: abrir el grifo ha sido sustituido por acudir a una bomba mecánica y cargar agua hasta la vivienda.

Otros han comenzado a buscarla bajo sus propios pies. En La Playa, Matanzas, los pozos registrados en una sola circunscripción electoral pasaron de 20 a 40 en un periodo de cuatro meses. Radio 26 documentó perforaciones de hasta cinco metros de profundidad y con costos superiores a 200 dólares. Videos de residentes muestran aceras rotas y mecanismos rudimentarios para alcanzar las aguas subterráneas.

En Camagüey, Matos ha visto a perforadores trabajando directamente en el espacio público. "Solo los he visto en plena ciudad con sus máquinas improvisadas, rompiendo aceras y haciendo pozos", afirma. Desconoce si cuentan con autorización, aunque considera posible que se exija algún permiso dentro del casco histórico.

En Baracoa, algunas familias también han perforado pozos, pero la solución depende de las lluvias: durante la temporada seca, "se secan y dejan de suministrar agua", por lo que deben buscar otra alternativa. Otras han construido aljibes, depósitos grandes de cemento, redondos o cuadrados, con piso y techo, donde recogen y conservan el agua de lluvia. En un territorio donde llueve con frecuencia, esa reserva sirve "para cocinar, para bañarse, para hacer todo", explica la fuente. El aljibe permite aliviar los periodos sin servicio, aunque no sustituye el tratamiento necesario para convertir el agua recogida en segura para beber.

En Holguín, la práctica se ha convertido en un negocio. Anuncios en Facebook ofrecen pozos de cinco a diez metros de profundidad y seis pulgadas de diámetro. Prometen "agua segura, rápida y lista para usar", pero no se mencionan estudios del terreno, distancias respecto de fosas y alcantarillas ni análisis microbiológicos o químicos. Un reportaje del canal local de TV, Telecristal, celebra la iniciativa y muestra una perforadora mejorada en un taller estatal.

El médico matancero Juan Carlos Perdomo Arrier advirtió que la proximidad de pozos y fosas sin ordenamiento técnico eleva el riesgo de contaminación cruzada. "Un pozo mal ubicado puede recibir residuales", señaló. La extracción excesiva también puede comprometer el acuífero. Enrique Cisneros-Zayas, Teresa López-Seijas y Felicita González-Robaina, especialistas del Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, describieron en un estudio de 2017 el acuífero de Güira de Melena como "cársico, sobreexplotado y abierto al mar". Al adecuar las bombas estudiadas, redujeron entre un 54% y un 63% los volúmenes extraídos y entre un 25% y un 49% el descenso del nivel del agua.

La investigación no diagnostica la situación actual de Matanzas u Holguín, pero demuestra que la potencia, el caudal y la proximidad de varios pozos influyen en el equilibrio del acuífero. En las zonas costeras, el bombeo excesivo puede atraer agua de mar, reducir las reservas de agua dulce y dejar inutilizadas las perforaciones, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El propio Estado ha impulsado nuevas captaciones. Telecristal informó sobre una perforadora fabricada en Holguín para “incorporar nuevas fuentes propias” y reducir el suministro mediante pipas, del que dependían más de 5.000 clientes. No precisó la capacidad de recarga, los volúmenes previstos de extracción ni los mecanismos para vigilar la calidad.

La Ley 124 de las Aguas Terrestres permite construir pozos rústicos para uso doméstico o abastecimiento animal sin autorización previa cuando se destinan al “autoconsumo racional”. La excepción no certifica la potabilidad ni autoriza extracciones ilimitadas. Tampoco existen datos públicos sobre cuántas perforaciones han sido analizadas, qué volumen extraen o cómo afectan conjuntamente las reservas subterráneas.

Las estrategias varían de una provincia a otra, pero responden al mismo fracaso. Unos almacenan lo poco que llega; otros lo impulsan con turbinas, pagan a aguateros o contratan pipas; quienes pueden construyen cisternas, y los más desesperados perforan las aceras. La gran infraestructura estatal no ha eliminado la escasez: ha dejado espacio a una red doméstica y comercial en la que el acceso al agua depende cada vez más del dinero y la capacidad individual de resolver.

Colaboradores de DIARIO DE CUBA en la Isla contribuyeron con testimonios e imágenes a este reportaje. Ante el aumento de la represión contra quienes denuncian problemas con los servicios básicos, algunas fuentes consultadas por este medio han solicitado usar seudónimos por temor a represalias.