El Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) convocó para el próximo 17 de junio un Pleno Extraordinario del Comité Central con el objetivo de "evaluar las propuestas de transformaciones económicas y sociales" anunciadas recientemente por Miguel Díaz-Canel, en medio de la agudización de la crisis económica que atraviesa el país.
Según una escueta nota publicada por el diario oficial Granma, la reunión analizará las iniciativas presentadas por el gobernante cubano durante unas declaraciones ofrecidas a la prensa oficial el pasado 12 de junio. La información no ofrece más detalles sobre el contenido del encuentro ni sobre el alcance de las decisiones que podrían adoptarse.
Díaz-Canel presentó entonces un paquete de medidas que, según afirmó, busca "resolver las contradicciones" del actual modelo económico, eliminar trabas a la gestión empresarial y ampliar la autonomía de municipios y empresas estatales. También anunció cambios relacionados con la inversión extranjera, el comercio exterior, la agricultura y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), aunque reconoció que las propuestas aún se encuentran en una fase preliminar y sin calendario de implementación.
Entre los anuncios figura la posibilidad de que los municipios importen y exporten directamente, administren ingresos en divisas y aprueben determinadas inversiones, así como una mayor autonomía para la empresa estatal socialista, que podría operar sin intermediarios, retener parte de las divisas generadas y establecer asociaciones con otros actores económicos. El paquete también contempla facilitar el acceso de los productores agrícolas al mercado de insumos y al mercado cambiario, así como agilizar la aprobación de inversiones extranjeras.
Las propuestas fueron presentadas por el régimen como una respuesta al deterioro de la economía cubana y a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Díaz-Canel pidió "confianza" a la población y aseguró que el Gobierno enfrenta la situación "con inteligencia".
Sin embargo, los anuncios han sido recibidos con amplio escepticismo entre economistas y analistas.
El economista Pedro Monreal calificó las medidas como un "reciclaje de viejos dogmas económicos combinado con nuevas nociones improvisadas" y sostuvo que el Gobierno intenta presentar como una tercera vía un nuevo "perfeccionamiento" del modelo, sin reconocer el fracaso de la planificación centralizada. Para el especialista, el discurso oficial continúa "divorciado de la realidad" y refleja la "fatiga intelectual" del equipo económico estatal.
En términos similares se expresó el economista Elías Amor, quien consideró que las reformas "no aportan nada nuevo ni van a dar los resultados deseados". A su juicio, el programa mantiene intactos los fundamentos del modelo económico marxista-leninista y pretende combinar una limitada descentralización con la preservación del control central sobre la economía, una contradicción que, según afirmó, impedirá cualquier recuperación.
Desde el sector privado también llegaron críticas. La ingeniera y empresaria Yulieta Hernández Díaz opinó que las medidas llegan "con décadas de retraso" y sostuvo que Cuba necesita cambios estructurales y políticos, no nuevas reformas parciales. "Sin transformaciones políticas no habrá transformaciones económicas ni sociales viables", afirmó.
La antropóloga Hilda Landrove consideró igualmente que el sistema "no es reformable" y que los sucesivos anuncios oficiales repiten el patrón de "cambiar todo lo que puede sonar a cambio para no cambiar nada".
Por su parte, el opositor Manuel Cuesta Morúa reclamó reformas institucionales y constitucionales profundas que generen confianza, mientras que el presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, John S. Kavulich, advirtió sobre la distancia entre los anuncios del régimen y su posterior implementación.
De momento, no se sabe si del Pleno Extraordinario del Comité Central saldrán decisiones concretas o un calendario para poner en marcha las medidas anunciadas.
