Un juez federal de Rhode Island ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspender de inmediato cuatro políticas migratorias declaradas ilegales, una decisión que podría destrabar miles de expedientes, incluidos procesos de residencia permanente, permisos de trabajo, naturalización, asilo y otros beneficios que permanecían congelados, informaron Diario Las Américas y Cuba al Día.
Aunque la sentencia no menciona específicamente a los cubanos, abogados y organizaciones especializadas consideran que el fallo podría favorecer a inmigrantes cuyos trámites fueron demorados por los mecanismos ahora anulados.
El juez John J. McConnell Jr. rechazó además la petición de la Administración federal de retrasar la aplicación de su decisión mientras presenta una apelación.
"No hay excusa esta vez", escribió el magistrado al ordenar que las políticas queden sin efecto de inmediato y exigir al Gobierno que informe en un plazo de 24 horas las medidas adoptadas para cumplir la sentencia.
Entre las normas anuladas figuran la Benefits Hold Policy, la Global Asylum Hold Policy, la Comprehensive Re-Review Policy y la Country-Specific Factors Policy, utilizadas por USCIS para suspender o retrasar la adjudicación de distintos beneficios migratorios.
Según la corte, estas políticas violan la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos al imponer restricciones que no están contempladas en la legislación federal y exceden las facultades de la agencia.
El fallo también elimina el criterio que permitía considerar la nacionalidad de determinados solicitantes como un factor negativo al evaluar beneficios discrecionales y deja sin efecto mecanismos que congelaban indefinidamente expedientes, retrasaban solicitudes de asilo y sometían casos previamente aprobados a revisiones adicionales.
Las medidas habían sido implementadas por USCIS dentro de la estrategia de la Administración Trump para reforzar los controles sobre inmigrantes procedentes de países sujetos a verificaciones adicionales por razones de seguridad nacional.
La demanda fue presentada por inmigrantes y organizaciones que argumentaron que esas políticas mantenían paralizados durante meses numerosos expedientes y privaban a los solicitantes de beneficios previstos por la ley.
Aunque el tribunal no precisó cuántas personas resultaron afectadas, especialistas en inmigración sostienen que un número significativo de solicitudes permanecía detenido por la aplicación de estos mecanismos.
Para los cubanos con procesos pendientes ante USCIS, la decisión podría traducirse en la reactivación de solicitudes de permisos de trabajo, residencia permanente, ciudadanía estadounidense, asilo, refugio político, parole y otros beneficios, siempre que sus expedientes hubieran sido afectados por las políticas ahora anuladas.
La Administración federal ya anunció que apelará la decisión. Sin embargo, mientras un tribunal superior no suspenda la orden, USCIS deberá cumplirla de inmediato y reanudar la tramitación de los casos alcanzados por el fallo.
