Ocho años después del peor desastre de la aviación civil cubana en décadas, la frase que escribió este lunes Mailén Díaz Almaguer en Facebook resume una herida que no termina de cerrar: "Si en ese tiempo me hubieran dicho todo lo que vendría después, no lo hubiese creído". La única sobreviviente del accidente del Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación acompañó sus palabras con fotografías junto a quien entonces era su novio, Jean Michel López Salinas, y murió en el siniestro. Cerró el mensaje con un pedido breve: "Prohibido olvidar".
El 18 de mayo de 2018, el avión de la compañía mexicana Global Air —operado por Aerolíneas Damojh y alquilado por Cubana de Aviación— cayó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Murieron 112 personas: 111 en el acto y una pasajera días después en el hospital. El país quedó paralizado ante imágenes que expusieron algo más profundo que una tragedia puntual: el deterioro crónico de la aviación civil cubana, sostenida durante años por aeronaves envejecidas, arrendamientos opacos y estándares operacionales cuestionados.
A ocho años del desastre, las familias siguen hablando más de abandono que de reparación.
El pasado 9 de abril, Díaz Almaguer había vuelto sobre el tema con otra publicación: "Que justicia sea la palabra que honre el próximo 18 de mayo después de ocho años de tanto sufrimiento e incertidumbre". Lo hacía en reacción a una sentencia emitida en México contra Global Air.
Una jueza federal mexicana condenó a Aerolíneas Damojh a pagar 124,2 millones de pesos mexicanos —unos 7,1 millones de dólares— a las familias de cuatro tripulantes fallecidos. La resolución consideró acreditada la responsabilidad de la empresa y respaldó la tesis de que el siniestro fue un "accidente institucional", provocado por fallos estructurales y de gestión dentro de la propia aerolínea.
El fallo se apoyó en peritajes que señalaron deficiencias en el mantenimiento del aparato siniestrado, matrícula XA-UHZ, además de irregularidades operacionales detectadas meses después por la autoridad aeronáutica mexicana. Global Air aún puede apelar.
La sentencia, sin embargo, no alcanza automáticamente a las familias cubanas de las víctimas. Y ahí reaparece una de las constantes que han marcado estos ocho años: la distancia entre la dimensión humana de la tragedia y la respuesta institucional recibida por quienes quedaron atrás.
En 2020, familiares residentes en Cuba denunciaban que apenas habían recibido 5.000 CUC como "ayuda" para trámites notariales, no como indemnización, según contó entonces a DIARIO DE CUBA la madre de una víctima en Holguín. "Nunca más se han comunicado con nosotros. Ni siquiera para preguntar cómo estamos", dijo entonces.
Otros denunciaron que las autoridades cubanas preguntaban primero si habían iniciado reclamaciones legales por otras vías antes de autorizar cualquier apoyo económico.
La organización Archivo Cuba acusó en 2019 al régimen de incumplir obligaciones internacionales derivadas del Convenio de Montreal, vigente desde 2005, que obliga a compensar a familiares de víctimas de accidentes de aviación civil, independientemente de quién resulte responsable del siniestro.
Mientras tanto, los procesos judiciales avanzaron lentamente entre México, España y Estados Unidos, atravesados por la pandemia de Covid-19, obstáculos burocráticos y dificultades para localizar al propietario de la aerolínea, Manuel Rodríguez Campos.
El informe oficial cubano, publicado un año después del accidente, atribuyó el desastre a una "cadena de errores humanos" y mencionó como factores contribuyentes las deficiencias en el entrenamiento de las tripulaciones, errores en el cálculo de peso y balance, y bajos estándares operacionales. Pero para muchas familias la explicación nunca fue suficiente.
Porque detrás de los tecnicismos quedó otra evidencia: Cuba llevaba años dependiendo de compañías extranjeras con historiales problemáticos para sostener una aviación civil incapaz de renovarse. El accidente de 2018 no apareció de la nada. Fue también el resultado de décadas de deterioro estructural, falta de inversión y opacidad.
Hoy, ocho años después, la justicia sigue siendo parcial y tardía. La reciente sentencia mexicana abre una puerta legal para familiares cubanos que todavía quieran reclamar indemnizaciones, especialmente por la vía penal en México. Pero incluso quienes estudian el caso advierten que el tiempo corre y que litigar desde Cuba implica obstáculos adicionales: acceso limitado a documentación, dificultades para obtener peritajes independientes y el riesgo de compensaciones simbólicas pagadas en moneda nacional.
Entre expedientes judiciales, tecnicismos aeronáuticos y procesos interminables, quedan las vidas detenidas aquel 18 de mayo. Y quedan también los sobrevivientes del duelo.
Mailén Díaz lo resumió sin grandilocuencia, en apenas una línea publicada ocho años después del accidente. A veces basta eso para recordar que hay tragedias que no terminan cuando dejan de ocupar titulares.
