La crisis energética afecta a cada uno de los sectores de la resquebrajada sociedad cubana, también a los tribunales y a la actividad jurídica del régimen. En tal sentido, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular aprobó recientemente el Acuerdo No. 61, una disposición a la que DIARIO DE CUBA tuvo acceso y que establece medidas excepcionales para sostener la actividad judicial en medio de las limitaciones de combustible y transporte que afectan al país.
En el documento, el máximo órgano jurídico del país reconoce el impacto severo de dichas limitaciones en el funcionamiento de los tribunales, por lo que decidió reorganizar temporalmente la tramitación de los procesos, con el objetivo declarado de mantener la continuidad de la justicia en la medida de lo posible.
Así, el Tribunal Supremo estableció la continuidad selectiva de los procesos judiciales, al determinar que los tribunales deberán priorizar aquellos casos que, por su naturaleza o urgencia, no puedan postergarse. Al mismo tiempo, permitió suspender de forma temporal los procedimientos que requieran traslados significativos de las partes o cuya realización resulte impracticable dadas las condiciones actuales de transporte.
La normativa también establece que, si se presentan nuevas demandas, los tribunales evaluarán caso por caso si procede su tramitación inmediata o si deben posponerse determinadas actuaciones. En los procesos que se suspendan, estos se reanudarán una vez superada la situación excepcional, retomándose en el mismo estado procesal en que se encontraban.
Una de las medidas organizativas más destacadas es el impulso al uso de medios telemáticos para reducir desplazamientos. Los tribunales podrán realizar citaciones y notificaciones mediante teléfono, correo electrónico u otros medios digitales, siempre que quede constancia de la comunicación y se verifique su recepción por las partes involucradas.
El acuerdo también introduce ajustes en la organización territorial de algunos procesos. Para evitar traslados hacia otras provincias, los tribunales provinciales asumirán determinados asuntos que normalmente serían competencia de las salas especializadas en delitos contra la Seguridad del Estado con sedes en La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba.
Otra modificación significativa afecta el cómputo de los términos judiciales. Debido a los ajustes en las jornadas laborales adoptados en el país, los plazos procesales se calcularán conforme a estos cambios y los viernes serán considerados días no hábiles para efectos judiciales mientras se mantengan las actuales condiciones.
El Tribunal Supremo señala que estas disposiciones tienen carácter temporal y que su aplicación será evaluada de manera permanente para introducir las adecuaciones que resulten necesarias. Asimismo, se instruye a los tribunales del país a coordinar con la Fiscalía, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y otras instituciones vinculadas al sistema de justicia.
En la práctica, el acuerdo confirma que la crisis energética está impactando cada vez más ámbitos de la vida institucional del país. El sistema judicial, que depende en gran medida de la presencia física de partes, abogados y funcionarios, se ve obligado a adaptarse a un contexto donde la movilidad se ha convertido en un recurso limitado.
Las nuevas medidas buscan evitar la paralización total de los procesos judiciales, pero también evidencian las tensiones que enfrenta la administración de justicia en un escenario marcado por restricciones materiales y la reorganización constante de los servicios públicos.
Lo único que sabe hacer el Poder Judicial en Cuba, es enviar a la cárcel o fusilar a aquellos que opinan distinto. Me tienen sin cuidado los problemas cotidianos que deban enfrentar para quedar bien con ese gobierno de asesinos.