La ministra cubana de Justicia reconoce el atraso legislativo: 'El tiempo se nos está acabando'

La recién nombrada ministra de Justicia de Cuba, Rosabel Gamón Verde, reconoció este miércoles, en una entrevista publicada por el medio digital oficialista Cubadebate, los atrasos en el cronograma legislativo de la Isla. "El tiempo se nos está acabando", dijo.

"El contexto no es sencillo. Desde la entrada en vigor de la Constitución de 2019, el ordenamiento jurídico cubano vive un proceso de transformación intenso, marcado por la aprobación de 58 leyes y 130 decretos-leyes, para un total de 188 normas jurídicas de rango superior", detalló Gamón Verde, y sostuvo que se trata de "un cronograma legislativo exigente, del que restan apenas dos años".

"De ahí la necesidad de un sistema de trabajo riguroso, con controles permanentes, grupos ejecutivos que sesionen semanalmente y una interacción constante con los organismos implicados", añadió.

"Para este 2026 están planificadas 15 leyes, y para 2027 se espera la aprobación de 14 legislaciones en el país, entre ellas normas trascendentales como el Código Civil", subrayó la ministra, quien dijo ser consciente de que "no basta con aprobar normas": "hay que lograr su implementación adecuada y el control de su cumplimiento".

Al mismo tiempo, sostuvo, "reducir trámites, eliminar burocracias, elevar la ética y la profesionalidad de cada prestación son prioridades ineludibles".

Sin embargo, más allá de las pretensiones de Gamón Verde, Cuba vive un estancamiento legislativo, con la justicia al servicio del poder.

En tal sentido, el jurista cubano Edel González Jiménez, exjuez en la Isla y abogado de DIARIO DE CUBA, destacó que "el año 2025 concluye en Cuba sin avances sustantivos en la actividad legislativa ni en el funcionamiento del sistema de justicia. Lejos de corregirse el deterioro acumulado en materia de derechos y garantías, ambas funciones del Estado han mantenido una inamovilidad estructural, consolidando un modelo normativo y judicial que no protege libertades fundamentales ni ofrece tutela efectiva frente al poder".

"Tampoco fue un periodo de transición, reforma o corrección institucional, sino de ratificación del estancamiento, en el que la ineficacia legislativa y la subordinación judicial se normalizan como forma de Gobierno jurídico", agregó.

González Jiménez enfatizó que "la Asamblea Nacional no legisló durante este año para desarrollar libertades ni corregir abusos; el sistema judicial tampoco adoptó medidas nuevas o visibles para controlar al poder ni proteger el ejercicio de derechos. En conjunto, configuraron un entramado en el que la legalidad continúa utilizándose para reprimir y no para garantizar".

Así, por más que Gamón Verde reconozca el atraso y diga trabajar para revertirlo, "la actividad legislativa continúa sosteniendo un marco normativo incompleto, restrictivo o deliberadamente desnaturalizado en relación con los derechos civiles y políticos", recalcó González Jiménez.

Entretanto, continúan sin fecha ni proyectos de desarrollo las normas que regulen los derechos de reunión y manifestación, lo que convierte cualquier ejercicio ciudadano en una infracción potencial del orden penal o contravencional.

Al respecto, González Jiménez destacó: "Este vacío normativo no es accidental. Su función es convertir al ciudadano en un sujeto jurídicamente indefenso y al sistema judicial en un aplicador automático de sanciones, sin herramientas ni voluntad para ejercer control constitucional".

En este contexto, el régimen ni siquiera es capaz de cumplir a tiempo con leyes hechas a medida del poder, que pretenden reforzar, a través del aparato legislativo, la continuidad del castrismo.