A las 9:00AM del 18 de diciembre arrancará en el Palacio de Convenciones de La Habana el Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura. Será la última oportunidad del máximo órgano legislativo en 2025 para saldar una abultada deuda con los cubanos, incluida la demora para publicar leyes aprobadas.
Según la convocatoria dada a conocer por el presidente del Parlamento de Cuba, Esteban Lazo, el pasado 26 de noviembre, y divulgada por la prensa oficial, el plato fuerte de la plenaria será "la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas" del programa del régimen para resucitar la economía de Cuba.
Una mirada a la situación de Cuba bastaría para saber de qué ha servido el "Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía", anunciado en diciembre de 2023 y hecho público casi dos años después, en octubre pasado.
Aunque los cubanos llevan menos tiempo esperando por la publicación de leyes que ya fueron aprobadas, los efectos de la demora son aún más dañinos, pues la ciudadanía se ve imposibilitada de ejercer derechos que en teoría existen, como el de renunciar a la nacionalidad cubana.
Una ley, independientemente de su fecha de aprobación, no entra en vigor en Cuba hasta tres meses después de que es publicada en la Gaceta Oficial de la República. Eso no ha sucedido aún con la Ley 177 de Régimen General de Contravenciones, la Ley 178 del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, la Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano y la Ley 180: Registro Civil.
Todas estas normas recibieron la luz verde del Parlamento cubano en julio de 2025, pero no han sido publicadas en la Gaceta. Sin embargo, incluso más alarmante es la demora en los casos de la Ley 172 de Ciudadanía, la Ley 173 de Extranjería y la Ley 171 de Migración, que recibieron el visto bueno de los diputados en julio de 2024.
Los retrasos, de más de un año en el caso de las tres últimas leyes contrastan, por ejemplo, con la rapidez del régimen cubano para publicar el Código Penal —que mantuvo la pena de muerte e incrementó los delitos sancionados con ella— desde su publicación.
La ANPP le dio su beneplácito, como hace con todos los proyectos de leyes que somete el régimen a su criterio, el 15 de mayo de 2022. Menos de cuatro meses más tarde, el 1 de septiembre, la ley fue publicada en la Gaceta y tres meses más tarde entraba puntualmente en vigor. Menos de siete meses llevó todo el proceso.
La magnitud del retraso, su duración y la naturaleza de las leyes afectadas llevan a una conclusión inquietante: la morosidad no es únicamente técnica. La demora acumulada sugiere una dimensión deliberada, especialmente tratándose de normas cuyo efecto práctico es ampliar o facilitar derechos ciudadanos.
Todo lo relacionado con la garantía de derechos —como la transparencia o el acceso fiable a la información— está hoy en crisis nacional, como demuestra también el caso Gil, caracterizado por opacidad y silencios prolongados. En este contexto, el acomodo de los procesos a las oportunidades políticas se ha convertido en una práctica sistemática.
Pero a la vez que los cubanos continúan sin poder ejercer los derechos reconocidos formalmente por esas normas, el régimen puede presumir ante la opinión pública internacional de que esas leyes existen y activarlas cuando le resulte políticamente conveniente.
Como resultado de las demoras, las instituciones continúan aplicando normas obsoletas; los operadores del Derecho no tienen acceso a los textos definitivos; la ciudadanía enfrenta trámites lentos, contradictorios o imposibles, y la modernización administrativa se paraliza.
El caso de la Ley del Registro Civil es particularmente grave. Miles de cubanos dentro y fuera de la Isla esperan que esta norma entre en vigor para resolver trámites vinculados a la búsqueda de la doble ciudadanía, un derecho recientemente incorporado. Sin embargo, los procedimientos dependen también de demoras en entregas de certificaciones y correcciones documentales que la ley reformada debía agilizar.
Lo mismo ocurre con la Ley de Ciudadanía, la Ley de Migración y la Ley de Extranjería, todas necesarias para regular procesos vitales de movilidad humana, residencia, entrada y salida del país. Su no publicación mantiene en incertidumbre legal a millones de cubanos y extranjeros vinculados a Cuba.
Hoy, más de un año después de la aprobación de esas leyes, miles de renuncias a la ciudadanía cubana están detenidas, se rechazan certificaciones por errores irreparables, la diáspora continúa atrapada en trámites interminables, y persisten negativas arbitrarias de entrada o salida a cubanos, bajo fundamentos jurídicos ambiguos y discrecionales de índole discriminatoria, abusiva, arbitraria.
Las autoridades no han presentado informes, ni explicaciones, ni cronograma alguno de publicación. El silencio contrasta con el impacto social de las leyes pendientes.
El hecho de que estas leyes faciliten trámites, de que tengan efectos "liberadores", aunque limitados —entre ellos el de permitir que los cubanos renuncien a la nacionalidad— hace sospechar que la demora en su publicación es deliberada.
Es el mismo patrón observado en otros ámbitos: cuando una ley abre espacios, se posterga; cuando restringe —como el citado caso del Código Penal— avanza rápido.
A las mencionadas demoras se suma la falta de modificación de la Ley de Asociaciones, obsoleta y restrictiva. Como consecuencia, derechos como la protesta ciudadana siguen sin ser regulados. La capacidad de la población para organizarse, participar en soluciones colectivas o responder a emergencias sociales, también está restringida.
La combinación de leyes aprobadas, pero no publicadas; normas que ampliarían derechos detenidas en silencio, ausencia total de comunicación institucional, y un proceso técnico opaco y lento, sugiere que el retraso no es solo un problema de capacidad: es, en buena medida, una decisión del régimen a la que se subordinan los diputados, faltando a sus obligaciones con los cubanos.
