Apagones, tuberías vacías y agua a precio de oro: la vida diaria en Cuba bajo la crisis del suministro

"Aquí el agua no falta por tuberías rotas, falta porque no hay corriente", cuenta a DIARIO DE CUBA Maritza, residente en Centro Habana. "Podemos pasar tres o cuatro días esperando. Cuando llega, es de madrugada y todo el mundo corre a llenar lo que tenga".

Marga, desde Matanzas, lleva cargando cubos de agua desde "tiempos inmemoriales". "En esta casa dejamos de esperar una solución de las autoridades, buscamos abastecernos como podemos, muchas veces exprimiendo el bolsillo colectivo, otras, gracias a gente del barrio".

Igual que lo percibe esta mujer, la imagen de Estado benefactor que por décadas ha intentado sostener el Gobierno en su discurso se derrumba. Solo el 5,4% de cubanos entrevistados en una reciente encuesta de DIARIO DE CUBA —realizada por Cubadata entre finales de enero e inicios de febrero— consideró que las instituciones juegan el papel más importante en la solución de los problemas de la población. La crisis del agua es uno de ellos.

Según datos presentados en diciembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular, cerca de dos millones de personas —el 20,8% de la población— sufre afectaciones en el suministro. En la última sesión del aparato legislativo, el primer ministro Manuel Marrero hizo alarde de la rehabilitación de plantas potabilizadoras, la instalación de redes y equipos de bombeo, pero las propias autoridades reconocen que la inestabilidad del Sistema Electroenergético Nacional impacta directamente en el acceso al agua.

El funcionamiento del sistema de abasto en la Isla depende, en gran medida, de estaciones de bombeo eléctricas. Cuando ocurren cortes prolongados, el ciclo de distribución se interrumpe: los tanques no se llenan, la presión desaparece y barrios completos quedan sin servicio durante días. En edificios multifamiliares, la situación es más crítica. Sin energía para bombear hacia los depósitos elevados, el agua no llega a los apartamentos, incluso cuando existe suministro en la red principal.

"Es frustrante", dice Aleida, una anciana de 77 años residente en un sexto piso de Alamar, que ve continuamente como el agua no pasa del segundo piso. "Allá va mi nieto que ha venido de otro edificio donde vive con su mamá a cargarme un cubo, porque yo no puedo".

Trabajadores del sector hidráulico que hablaron de manera extraoficial coinciden en que los apagones han expuesto debilidades estructurales acumuladas que el Estado es incapaz de solucionar. "Es un desastre, es agotadora la jornada y en unas condiciones muy precarias la mayor parte del tiempo", dice Ernesto.

Cuando el servicio se restablece, la calidad del agua tampoco está garantizada. Habitantes de varias provincias reportan turbidez, sedimentos y olores desagradables, especialmente después de largos periodos sin circulación en las tuberías.

"Sale amarilla, con tierra. Uno la deja reposar y queda un fondo de basura", afirma Ernesto, vecino de Santiago de Cuba. "La hervimos cuando se puede, pero el gas también es un problema".

La necesidad de almacenar agua durante días en recipientes improvisados incrementa el riesgo de contaminación doméstica y proliferación de mosquitos, un factor especialmente sensible en un país donde las enfermedades transmitidas por vectores han sido una preocupación recurrente.

Comprar agua: una solución cada vez más común

Ante la irregularidad del servicio estatal, la compra de agua se ha convertido en una práctica extendida. Muchas familias se ven obligadas a comprarla en un mercado informal que crece al ritmo de la escasez. Carretilleros, transportistas privados y vecinos con acceso a pozos o cisternas venden tanques y recipientes a precios variables según la zona y la escasez del momento. Para muchas familias, este gasto no estaba contemplado.

"Un tanque puede costar lo que gano en varios días de trabajo", explica Daniela, madre de dos niños en Matanzas, que ha llegado a pagar 2.000 pesos por un tanque. "Si no compro, no cocino. Pero si compro, dejo de comprar comida".

Otro vecino de la misma ciudad se escandaliza porque "una pipa de agua cuesta más de 8.000 pesos". Así lo confirma un reportaje del periódico local Girón, que recoge además cómo allí los vecinos han recurrido a perforar pozos improvisados en patios, aceras e incluso dentro de las viviendas. La proliferación de estas soluciones —más de 40 en apenas cuatro meses— es fruto del colapso del sistema de bombeo de El Conde, afectado por roturas constantes y por la irregular apertura de la válvula que debería garantizar el suministro nocturno.

Más allá del impacto económico, la crisis del agua implica un costo en tiempo y bienestar. La rutina doméstica se reorganiza en función de la llegada del servicio, lo que afecta el descanso, la productividad y la vida familiar. "Dormimos con el oído puesto", dice Lázaro, residente en Holguín. "Si el agua llega a las 2:00 de la madrugada, hay que levantarse. Si no la guardas, no sabes cuándo vuelve".

Las autoridades han atribuido las dificultades del abasto a limitaciones energéticas, escasez de recursos y deterioro de la infraestructura. Sin embargo, la percepción ciudadana se centra en la falta de soluciones sostenibles y en la repetición de crisis cíclicas.

A una pregunta de la encuesta de DIARIO DE CUBA citada inicialmente sobre quién sostendrá más la vida en la Isla en los próximos años, el 48,5% de los participantes considera que cada persona por su cuenta y el 34,4% confía en las redes familiares y comunitarias.

En muchos hogares, el problema del agua ya no se interpreta como una contingencia puntual, sino como una condición estructural de la vida cotidiana que el Gobierno no soluciona. "Uno se acostumbra, pero no debería", resume Maritza. "El agua es lo básico. No es un lujo".

La combinación de apagones, deterioro de redes y alternativas privatizadas de facto transforma el acceso al agua en un factor de desigualdad.

Quienes reciben remesas o manejan ingresos en divisas sortean mejor la escasez. En cambio, los que dependen únicamente de un salario estatal deben elegir entre necesidades básicas: agua o alimentos, transporte o productos de aseo. En ese escenario, la carencia deja de ser solo un problema de suministro y se convierte en una carga psicológica permanente.

Desde el poder se insiste en causas externas, restricciones presupuestarias o deterioro técnico. Para la población, sin embargo, el debate sobre las razones pesa menos que la rutina diaria de sobrevivencia. Lo que prevalece es la sensación de un Estado incapaz de sostener servicios esenciales con estabilidad, mientras la responsabilidad de resolver recae en cada familia. Y aunque la población ha desarrollado mecanismos de resistencia, esa elasticidad social no es infinita.