El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba informó que entre julio y la penúltima semana de diciembre ha contabilizado 50.101 casos de chikungunya, una cantidad que es una fracción ínfima de una epidemia que ha provocado millones de contagios en la Isla, según reportes independientes.
La viceministra del sector, Carilda Peña, afirmó en la televisión oficial que si bien se produce una disminución de los casos que contabiliza el sistema sanitario, la situación sigue calificando como de epidemia.
"El comportamiento de estas enfermedades ha seguido el pronóstico que teníamos previsto: una disminución sostenida en las últimas ocho semanas", afirmó, en referencia a la caída del número de casos con fiebre que llegan a los centros asistenciales y que, por tanto, son reportados oficialmente.
Peña dijo que la disminución de estos casos en comparación con la semana anterior es del 38,6%.
Los contagios por dengue "siguen sin cambios significativos", precisó. 14 provincias y 47 municipios reportan casos, si bien la tasa de enfermos reportados habría bajado un 42%.
En cuanto al chikungunya, la semana pasada cerró con 1.880 casos nuevos, 955 menos que la semana anterior. Pero de ellos solo 167 fueron confirmados con pruebas de la laboratorio, mientras que 1.713 son considerados "sospechosos", lo cual ilustra la desconfianza que despiertan los reportes del MINSAP.
De hecho, de los 50.101 casos de chikungunya acumulados, solo 1.903 fueron confirmados por pruebas de laboratorio, indicó la funcionaria.
El lunes 30 de diciembre eran 32 los ingresados en estado grave, nueve menos que la semana anterior. De estos, hay siete personas en estado crítico. Hasta el momento, la epidemia ha causado 55 fallecimientos, a juzgar por las cifras oficiales.
Según Peña, Las Tunas y Holguín son las provincias más afectadas por la epidemia.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que Cuba acumula 28.850 casos de dengue desde principios de año hasta mediados de diciembre, basándose en cifras oficiales.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) estima que al menos 8.700 personas han fallecido como consecuencia de la actual crisis epidemiológica.
El estudio sostiene que la emergencia sanitaria que atraviesa el país no responde a factores coyunturales ni a eventos excepcionales, sino al resultado de un proceso prolongado de deterioro institucional. De acuerdo con el OCAC, el colapso es consecuencia directa de decisiones políticas sostenidas durante años que han debilitado la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos de salud.
La organización apunta que la mayoría de los casos no se registra oficialmente. Profesionales de la salud entrevistados indicaron que la falta de reactivos diagnósticos y la ausencia de condiciones mínimas en hospitales y policlínicos desincentivan a los pacientes a buscar atención médica. Como resultado, tanto la morbilidad como la mortalidad asociadas a las arbovirosis estarían gravemente subestimadas.
El OCAC también documenta prácticas sistemáticas de subregistro y manipulación de las estadísticas oficiales. Médicos consultados describen la omisión deliberada de las infecciones virales como causas asociadas de muerte en los certificados de defunción, con el objetivo de reducir el impacto político de la crisis. Esta falta de transparencia se ve reforzada por la aceptación acrítica de los datos oficiales por parte de organismos internacionales.
De acuerdo con el informe, al menos el 30% de la población —unos tres millones de personas— habría enfermado durante la actual sindemia.
Pónganle a esa cifra 5000 unas cuantas veces más.