El colapso del sistema de salud en Cuba ha alcanzado una magnitud muy superior a la reconocida por las autoridades, según documenta el más reciente dossier, elaborado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) y publicado por el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21. El informe estima que al menos 8.700 personas han fallecido como consecuencia de la actual crisis epidemiológica, una cifra que multiplica por 185 los 47 decesos oficialmente reconocidos por el Gobierno —datos más recientes publicados por el MINSAP indican que son 55—.
El estudio sostiene que la emergencia sanitaria que atraviesa el país no responde a factores coyunturales ni a eventos excepcionales, sino al resultado de un proceso prolongado de deterioro institucional. De acuerdo con el OCAC, el colapso es consecuencia directa de decisiones políticas sostenidas durante años que han debilitado la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos de salud.
La investigación señala que la actual propagación simultánea de dengue, chikungunya y otros virus ocurre sobre un sistema previamente devastado por la desinversión crónica, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, la escasez de medicamentos e insumos, la emigración masiva del personal sanitario y la manipulación de los datos epidemiológicos. Este conjunto de factores ha generado un escenario de daño evitable y persistente.
Según el dossier, la mayoría de los casos no se registra oficialmente. Profesionales de la salud entrevistados indicaron que la falta de reactivos diagnósticos y la ausencia de condiciones mínimas en hospitales y policlínicos desincentivan a los pacientes a buscar atención médica. Como resultado, tanto la morbilidad como la mortalidad asociadas a las arbovirosis estarían gravemente subestimadas.
El documento describe una situación crítica en los centros de salud, caracterizada por la falta de agua corriente, apagones prolongados, equipos fuera de servicio y carencias de insumos básicos como guantes, jeringuillas, soluciones intravenosas y medicamentos esenciales. Datos oficiales citados en el informe indican que a inicios de 2025 más del 64% de los medicamentos que debía producir la industria farmacéutica estatal no estaban disponibles, sin que posteriormente se hayan publicado actualizaciones.
A este escenario se suma la reducción sostenida del personal sanitario. En los últimos años, decenas de miles de médicos y enfermeros han abandonado el sistema, ya sea por emigración o por cambio de actividad laboral, debido a los bajos salarios, la sobrecarga de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales. Paralelamente, el Estado mantiene el envío de profesionales al exterior como fuente de ingresos, mientras el sistema nacional pierde capacidades operativas.
El informe subraya que la crisis sanitaria se desarrolla en un contexto más amplio de inseguridad alimentaria, deterioro ambiental, colapso de los servicios de recogida de desechos y crisis energética prolongada. También señala que la malnutrición y el estrés sostenido han debilitado la respuesta inmunológica de la población, incrementando la gravedad de las infecciones y el riesgo de complicaciones.
El dossier dedica un apartado específico al impacto del chikungunya. Según la evidencia internacional citada, entre un 30% y un 60% de las personas infectadas puede desarrollar secuelas crónicas como dolor articular persistente, fatiga y limitaciones funcionales. En Cuba, estas secuelas quedan prácticamente sin atención debido a la ausencia de programas de rehabilitación, la escasez de medicamentos y el deterioro del primer nivel de atención, lo que incrementa la carga de discapacidad, especialmente entre adultos en edad laboral, niños y personas mayores.
El OCAC también documenta prácticas sistemáticas de subregistro y manipulación de las estadísticas oficiales. Médicos consultados describen la omisión deliberada de las infecciones virales como causas asociadas de muerte en los certificados de defunción, con el objetivo de reducir el impacto político de la crisis. Esta falta de transparencia se ve reforzada, según el informe, por la aceptación acrítica de los datos oficiales por parte de organismos internacionales.
De acuerdo con el resumen ejecutivo del dossier, al menos el 30% de la población —unos tres millones de personas— habría enfermado durante la actual sindemia. A partir de estos datos y de parámetros internacionales, el Observatorio estimó un mínimo de 8.700 fallecimientos, frente a los 47 reconocidos oficialmente hasta mediados de diciembre.
El informe sostiene que la crisis sanitaria forma parte de un colapso más amplio del modelo político y económico vigente. La combinación de deterioro del sistema de salud, inseguridad alimentaria, degradación ambiental y opacidad informativa configura, según el documento, un escenario de daño estructural persistente.
El OCAC concluye que, mientras no se permitan evaluaciones independientes ni se introduzcan cambios estructurales, la población continuará expuesta a enfermedades evitables, sufrimiento prolongado y una pérdida sostenida de calidad de vida.
La Solución Final Castrista va viento en popa.
Cualquier analista oficial al hacer una revisión de la situación en Cuba le dedicaba un espacio a "los logros" de la salud pública y la educación. Como se sabe, y reafirma este informe, la salud pública es un desastre, como lo es la agricultura o la recogida de basura. En cuanto a la educación, no conozco estadísticas, pero sí rumores de que muchas familias no mandan los niños a las escuelas por miedo a los contagios, por escasez de algo, etc. De los "logros", no queda nada en ese país colapsado.
La culpa es de Posada Carriles y el bloqueo imperialista.
El país está muriendo.