Este fin de semana, el periódico estatal Trabajadores pareció descubrir el agua tibia al narrar la odisea de los viajes interprovinciales en Cuba y enfrentarse con una realidad: los transportistas privados lo hacen mejor que la deplorable Empresa de Ómnibus Nacionales, solo que a un precio notablemente superior, impagable para buena parte de los cubanos. "Si quiero llegar a tiempo, pago más, pero sé que llego", dijo un joven baracoense, que desconfía del servicio estatal y acude al privado.
Sobre el estado calamitoso de la Empresa de Ómnibus Nacionales, su director general, Walter Luis Duvergel, reconoció que "el sistema de transporte estatal atraviesa serias restricciones", toda vez que, de un parque de 558 ómnibus, solo funcionan 219, lo que sitúa el coeficiente de disponibilidad técnica en apenas el 49%.
"Para cubrir la programación nacional se necesitarían al menos 320 medios", dijo y alertó que la situación puede ir a peor, pues este déficit "obliga a sobreexplotar los existentes, provoca roturas en el camino y una demanda que supera por mucho la oferta".
"Hoy tenemos una flota envejecida, con más de cinco años de utilización en la mayoría de los ómnibus. Eso nos obliga a trabajar con lo que tenemos y a garantizar combustible y mantenimiento en la medida de lo posible", agregó.
Duvergel detalló que las dificultades se concentran en el acceso a lubricantes, piezas de repuesto, baterías y neumáticos, además del combustible y la fuerza de trabajo. "Solo en aceite, los costos mensuales superan los 15.000 dólares", dijo y reconoció que las principales afectaciones están en las rutas de Cienfuegos, Guantánamo y Pinar del Río.
Por su parte, Onix Grimón, director adjunto de la Unidad Estatal de Tráfico, subrayó que "el arrendamiento de medios de transporte, regulado por la legislación vigente, constituye una alternativa para sostener el traslado de pasajeros". Sin embargo, este sistema "también ha generado desorganización, acceso irregular a recursos y precios que escapan a los topes oficiales", indicó Trabajadores.
En tal sentido, resaltó que "el Estado fijó topes máximos: 4.000 pesos hasta Camagüey, 5.500 hasta Guantánamo. Sin embargo, en la práctica esos límites suelen evaporarse. La escasez de gasolina, el riesgo del camino y la propia demanda permiten negociar cuotas muy por encima de lo legislado, y el ciudadano, urgido de viajar, termina pagando la diferencia".
De igual forma, el medio estatal hizo referencia a la Empresa Viajero y su aplicación de compra de pasajes Viajando, toda vez que "las opiniones sociales evidencian fallos en estas plataformas digitales propiciados por problemas en la conectividad y la estabilidad técnica, además de las ilegalidades".
"Un reciente operativo en Camagüey culminó con la detención de ocho ciudadanos vinculados a una red de venta de pasajes y especulación, práctica que se repite en varias provincias ante el deterioro del transporte público y la falta de alternativas oficiales", resaltó.
El pasado julio, durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció medidas para enfrentar el fenómeno y subrayó la falta de controles efectivos y soluciones estructurales reales. Seis meses después, sin embargo, el panorama sigue siendo el mismo.
En el cónclave, que analizó un informe fruto de un "ejercicio de alta fiscalización" del ministerio, quedó claro que el sistema de transporte en Cuba atraviesa una crisis estructural que ni el Gobierno ni la Asamblea Nacional pudieron maquillar. Así, el país apenas logró un cumplimiento del 35% en el transporte urbano local, con caídas similares en los servicios interprovinciales, ferroviarios y de carga, lo que confirma el resquebrajamiento integral.
