El Tribunal Supremo Popular (TSP) presentó este lunes su balance sobre los primeros tres años de aplicación del Código de las Familias, un ejercicio que, pese a mostrar cifras voluminosas de actividad judicial, deja importantes vacíos sobre la efectividad real de la norma para proteger a niños, mujeres y personas vulnerables.
En conferencia de prensa en La Habana, el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, calificó el Código como "una norma muy robusta, muy moderna", destacando que más de 60 instituciones dependen de interpretación judicial, recogió el portal oficial Cubadebate. "Esto impone a los jueces una altísima responsabilidad y compromiso", dijo. También afirmó que el propio Tribunal implementó una estrategia institucional para garantizar una aplicación coherente de la ley.
Según las estadísticas divulgadas, los procesos familiares representan el 78,7% de los asuntos judiciales: 27.067 casos, la mayoría divorcios (21.322). No obstante, estos procesos incluyen también decisiones sobre guarda y cuidado, pensiones alimenticias y división de bienes.
El presidente de la Sala Civil, Familiar y Administrativa, Yomays Olivarez Gainza, precisó que el 25% de los divorcios se resolvieron por mutuo acuerdo, señalándolo como un indicador de "confianza ciudadana" en los tribunales.
Olivarez Gainza destacó además la incorporación de nuevas instituciones del Código: ampliación de la legitimación para abuelos y otros familiares, la promoción de la guarda compartida, la compensación económica tras el divorcio y mayor agilidad procesal al permitir acumular varias pretensiones en un mismo juicio.
En materia de violencia familiar, la magistrada Maryla Anna Pérez Bernal informó que se presentaron 134 demandas en tres años. Aunque calificó estos asuntos como "de la mayor sensibilidad", centró su intervención en la definición amplia del concepto de violencia y la necesidad de una mirada interdisciplinaria. Recalcó que están en juego derechos como "la vida, la dignidad y la integridad física y psicológica".
Para la abogada de DIARIO DE CUBA, Maylín Fernández Suris, el balance del TSP deja más interrogantes que certezas. "El Tribunal habló en cifras globales, pero no en las particularidades que permiten medir si el Código funciona", señala.
Según Fernández Suris, faltaron datos cruciales como cuántos procesos corresponden a violencia familiar, pensiones, privación de responsabilidad parental o división de bienes, más allá de los divorcios, o cómo se ejecutan las sentencias, especialmente en pensiones alimenticias, donde —afirma— "la mayoría de las madres deben volver una y otra vez al tribunal por incumplimientos que el sistema no resuelve".
Los funcionarios tampoco respondieron a qué hace el tribunal cuando detecta indicios de violencia en procesos que no son de violencia familiar, y cuántos casos ha remitido a Fiscalía; qué seguimiento se hace a mujeres que denuncian violencia, cuántos casos se resuelven a favor y cuántos se apelan, y qué efectividad real tiene la compensación económica, y si permite a las mujeres reinsertarse laboralmente tras años dedicados al hogar.
La especialista también cuestiona que el TSP no informe cuánta formación han recibido los jueces de familia, ni en qué condiciones trabajan, ni cómo evalúan las quejas ciudadanas el sistema judicial.
"Es imprescindible que el Tribunal diga cuántas sentencias se cumplen realmente. Sin esa cifra, no se puede hablar de efectividad del Código", subrayó Fernández Suris.
Tres años después de su entrada en vigor, el Código de las Familias sigue presentándose como una ley "avanzada". Pero, como deja ver la información que el TSP omitió, su capacidad para resolver los conflictos familiares y proteger a la infancia, las mujeres y los más vulnerables sigue siendo una pregunta pendiente.
