"Tuve que comprar un audífono en el mercado informal por 15.000 pesos cubanos", cuenta Dayana, una joven con déficit auditivo que reside en La Habana. El salario mensual promedio en Cuba ronda los 6.000 pesos, por lo que el desembolso exigió el apoyo de su familia y varios meses de ahorro. Su caso, que no es el único, ilustra la brecha existente entre los derechos reconocidos y la cotidianidad para la comunidad sorda en la Isla.
El avance normativo y su grieta
En 2024, el Gobierno de Cuba promulgó el Decreto-Ley 94/2024, que reconoce la Lengua de Señas Cubana como idioma "natural, legítimo y esencial". La normativa establece obligaciones claras para las instituciones públicas: ofrecer intérpretes, garantizar el acceso a la información, promover la educación bilingüe y reconocer la identidad cultural sorda.
Además, en Cuba hay normas técnicas sobre accesibilidad en el entorno construido, lo que en teoría debería generar espacios más seguros y funcionales. Sobre el papel, se trata de un conjunto de herramientas jurídicas que podrían situar a la Isla en un nivel ejemplar dentro del Caribe y América Latina.
Sin embargo, como en muchos otros ámbitos de la vida cubana, la implementación tropieza con la precariedad material, la falta de recursos humanos especializados y la burocracia institucional.
La mayoría de quienes necesitan audífonos, como Dayana, enfrentan la escasez de equipos. El sistema de Salud Pública (a través de policlínicos, hospitales y centros audiológicos provinciales) ofrece diagnóstico y se supone que deba entregar los dispositivos, pero la mayoría termina recurriendo al mercado informal, donde cada dispositivo cuesta casi tres veces el salario medio mensual de un trabajador.
Salma dijo a esta redacción que se compró "en la calle, por la izquierda", un dispositivo vendido como audífono y "resultó ser simplemente un amplificador genérico". Lamentó, más allá de la estafa, "el desconocimiento generalizado".
Mercado informal y desigualdad
El acceso desigual afecta especialmente a las zonas rurales y provincias fuera de la capital, donde el soporte técnico es limitado, y conseguir baterías o reparaciones implica buscar en el mercado negro. Muchas familias dependen de donaciones internacionales y de redes personales para conseguir equipos, que no siempre tienen la calidad o compatibilidad necesarias para cada paciente.
Carmen, de 38 años, residente en La Habana, explicó en un blog especializado que su abuela recibió un audífono por medio del policlínico después de meses de espera. "Tardó mucho, pero lo necesitaba. No es perfecto, pero le ayuda", dijo.
Luis, de 63 años, de Holguín, tuvo la suerte de que un familiar le envió el dispositivo desde Miami, igual que Caridad, que a ella se lo envió una sobrina desde España.
Una persona que no dijo su nombre afirmó que el equipo de su padre dejó de funcionar y al acudir a la unidad de reparaciones "no había nada para trabajar". "Tengo amigos de la asociación —en referencia a la oficial Asociación Nacional de Sordos de Cuba—, que han tenido que acudir al mercado informal incluso para comprar las baterías", añadió.
Así, un derecho básico como escuchar se convierte en un privilegio marcado por la suerte: tener acceso al mercado informal, apoyo familiar y redes de donantes. La situación evidencia una brecha dolorosa entre la retórica de inclusión y la precariedad cotidiana que viven las personas sordas cubanas.
