"La política social en Cuba ha venido experimentando una reorientación, reduciendo los recursos destinados a la protección social y transfiriendo a las familias y al mercado las responsabilidades de cuidados, todo lo cual ha derivado en una disminución significativa de la calidad de vida, incrementando la pobreza y la desigualdad social", subrayó el informe "Creación del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida en Cuba. Desafíos legales y de implementación", publicado esta semana por el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos y el grupo de asesoría legal Cubalex.
"Frente a los progresivos recortes en materia de protección social que viene realizando el Estado cubano, el sostenimiento y expansión de los servicios de cuidados puede verse afectado si no se asignan los fondos necesarios a corto, mediano y largo plazo. Esto podría limitar el acceso y la calidad de los servicios, especialmente en un contexto de restricciones económicas", sostuvo.
En un contexto marcado por el resquebrajamiento integral de la sociedad cubana, "la aprobación del decreto ley 109/2024 sobre el Sistema Nacional para el cuidado integral de la vida en Cuba y su puesta en marcha es, sin dudas, una buena noticia para la sociedad cubana. Sin embargo, los desafíos para su implementación ponen en altísimo riesgo su efectividad en el corto y mediano plazo, teniendo en cuenta la complejidad de la normativa misma, como de las condiciones básicas para ponerlo en práctica", destacó el informe.
Así, existe en el país un "contradicción entre la orientación de la política social y los recursos que requiere la implementación de un sistema integral de cuidados", toda vez que "las debilidades estructurales del sistema político en Cuba, así como los problemas crónicos de gobernanza (centralismo y burocracia excesiva, verticalismo, escasa participación, restricción de derechos civiles y políticos, etc.) plantean desafíos enormes a la gestión de la institucionalidad pública encargada de desarrollar el sistema de cuidado, dificultando la participación equitativa de diversos actores en el sistema, especialmente aquellos que provienen de la sociedad civil independiente".
Además, el informe resaltó que "los servicios de cuidados se encuentran desigualmente distribuidos a nivel territorial, tanto entre provincias, como entre zonas rurales y urbanas". "En algunas regiones, la oferta de estos servicios es limitada o insuficiente, especialmente en áreas rurales donde hay menos infraestructura y recursos disponibles en comparación con las ciudades", agregó.
De igual forma, "a pesar de las disposiciones del decreto para redistribuir los cuidados, existe el riesgo de que la carga del trabajo de cuidado no remunerado siga recayendo principalmente sobre las mujeres, perpetuando desigualdades de género", dijo y añadió que "la implementación del sistema podría no tener éxito si no se promueve de manera activa la participación de los hombres en las tareas de cuidado".
Así, "las mujeres en áreas rurales y de bajos ingresos podrían no beneficiarse plenamente del sistema debido a la falta de infraestructura o servicios adecuados en sus comunidades. Esto podría agravar las desigualdades existentes entre mujeres de diferentes clases sociales y áreas geográficas".
El Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos y el grupo de asesoría legal Cubalex resaltaron en el informe que "teniendo en cuenta el 'apagón estadístico' que se experimenta en la Isla, que incluye falta de datos, dispersión, desactualización y déficit de desagregación, se generan importantes barreras para acceder a datos e información sobre servicios de cuidados, así como de la población en situación de dependencia que demanda estos servicios y sus cuidadores".
Al hilo de esta situación, ambas organizaciones plantearon una serie de preguntas al Estado cubano, entre ellas: "¿Qué recursos específicos, como asistencia financiera o licencias remuneradas, se están proporcionando a las mujeres que realizan trabajo de cuidados no remunerado?" y "¿Existen planes para formalizar el reconocimiento del trabajo no remunerado de cuidado en términos de acceso a beneficios sociales o jubilación?".
