La fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda informó este martes que al cierre de 2024, se había sancionado el 96% de los cubanos imputados y que el 74% cumplió prisión provisional como medida cautelar, en la reunión de trabajo anual de la Fiscalía General, reseñada por el medio oficial Granma.
La funcionaria aseguró que las cifras de imposición de la prisión provisional fueron mayores en número de delitos que incluyen actos violentos contra mujeres, pero solo aquellos en los que la víctima murió.
"En números superiores se dispuso (la prisión provisional) en hechos de drogas, muerte violenta de mujeres por razones de género, los casos asociados a la corrupción, combustible, los que afectaron la masa ganadera y el Sistema Eléctrico Nacional, entre otros", citó Granma los datos ofrecidos por la fiscal general.
La prisión provisional es la medida cautelar más severa que prevé la Ley de Proceso Penal. En el 74% mencionado por Peña Ojeda se incluyen cubanos que han participado en protestas por los largos apagones diarios y la severa escasez de productos básicos que golpea a la población.
Uno de esos cubanos es el joven de 24 años Nelson Caballero Díaz, quien lleva casi cuatro meses preso por participar en una protesta contra los apagones en el pueblo de Jimaguayú, en la provincia de Camagüey.
Se le acusa de instigación a delinquir y atentado, pero hasta el momento no tiene fecha de juicio ni petición fiscal.
La organización Prisoners Defenders ha denunciado ante la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de Naciones Unidas que, en los últimos tres meses de 2024, al menos 48 cubanos fueron encarcelados, de los cuales el 71% participaba en protestas pacíficas por la falta de electricidad.
La fiscal general presumió de altas cifras de imposición de prisión provisional en los casos de "muertes violentas de mujeres por razones de género". Cuando la víctima sobrevive, el régimen cubano es bastante benévolo en la aplicación de medidas cautelares, incluso a presuntos agresores sexuales de menores, como demuestra la realidad, en contraste con las duras medidas que se imponen a manifestantes pacíficos.
Uno de los casos más notorios que más resonancia tuvo en 2024 y que DIARIO DE CUBA visibilizó y analizó fue el de los abusos sexuales contra una niña de cuatro años cometidos por Maikel Solano Arévalo, quien no cumplió prisión provisional como medida cautelar, tras ser denunciado por la familia de la víctima.
Solo fue sentenciado a prisión, luego de que la familia de la menor apelara la sentencia inicial de solo tres años de trabajo correccional sin internamiento, lo que implicaba que no pisaría la cárcel.
Respecto a las violaciones de la legalidad, Peña Ojeda expuso en la mencionada reunión de trabajo que "se iniciaron 104 procesos penales por delitos de malversación, falsificación de documentos, uso indebido de recursos financieros y materiales, además del incumplimiento del deber por preservar bienes en entidades económicas", citó el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
No obstante, la fiscal general reconoció que, durante 2024, se identificaron "insuficiencias que impactan en la calidad de la misión del órgano, las cuales son prioridades para el presente año".
Aunque Peña Ojeda no precisó las "insuficiencias" identificadas, durante 2024, el Gobierno tuvo que reconocer la falta de personal en varias fiscalías de Cuba.
Eso provoca deficiencias en las investigaciones penales y afecta las pocas garantías constitucionales que tienen los acusados en Cuba, según admitió el jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila, Karel Roberto Alonso Rodríguez, en enero del año pasado.
"No contar con el suficiente personal incide en la difícil tarea de ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado", afirmó Alonso Rodríguez hace poco más de un año, según el medio estatal avileño Invasor.
