¿A quién debemos exigir responsabilidad penal por los reclutas muertos en las explosiones en Holguín?

El pasado 15 de enero, tras ser declarados muertos oficialmente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), nueve reclutas —inicialmente reportados como desaparecidos en las explosiones ocurridas el 7 de enero en un almacén de armamento y municiones de Holguín— entraron en la larga lista de cubanos que han perdido la vida mientras cumplían el Servicio Militar Obligatorio. 

Este suceso ha reavivado la campaña en redes sociales que rechaza esa imposición. Pero antes de analizar si tiene sentido la conscripción forzada en un país que no está en riesgo de guerra inminente, urge responder otra pregunta: ¿A quién se le debe exigir responsabilidad penal en Cuba por los decesos de reclutas durante el cumplimiento del servicio?

La Ley del Código Penal Militar, aprobada en 2023 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, prevé una sanción de cinco años de cárcel para quienes evadan el Servicio Militar. Por tanto, en el país tienen que estar creadas las condiciones para que esa obligación se cumpla sin riesgos para las vidas de los reclutas. Ordenar a jóvenes sin experiencia enfrentar un supuesto incendio en un sitio donde se almacena material militar sensible constituye una negligencia, que puso en peligro sus vidas.

La citada ley cubana, que castiga con la prisión a quienes eluden el reclutamiento, también prevé sanciones para el delito de negligencia en el servicio.

El Artículo 38.1 dispone que "el jefe o el funcionario que, en forma reiterada, realice negligentemente sus obligaciones o tareas del servicio, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de 200 a 500 cuotas, o ambas".

El punto 2 establece que "si la conducta negligente, aunque no sea reiterada, la comete quien sea responsable de ordenar la aplicación o ejecución de las medidas referentes a la seguridad y protección del personal durante la prestación del servicio militar, o aquel que directamente ha de ejecutarlas, y dé lugar o propicie que se produzca la muerte de una persona o lesiones graves, incurre en sanción de privación de libertad de uno a diez años".

De acuerdo con la ley, los jefes militares del polvorín holguinero y los responsables del cumplimiento de los protocolos y medidas de seguridad para el manejo del material explosivo o la ocurrencia de un incendio en esa unidad serían los presuntos culpables del mencionado delito, que costó la vida a 13 militares, entre ellos los nueve reclutas.

Si esos jefes y responsables pueden demostrar que alertaron de que ese accidente podía producirse, las personas a investigar serían sus superiores. También deben ser investigados e imputados los superiores si nunca supervisaron o supervisaron mal el polvorín, y los jefes y responsables del depósito resultaron muertos en las explosiones.

¿Puede la Fiscalía Militar de Oriente —responsable de investigar los hechos y subordinada a la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda— alegar que no existe una denuncia que dé lugar a una investigación?

Dado el impacto de las explosiones, que constituyen un hecho público y notorio, la denuncia en principio tiene que ser de oficio. El propio fiscal tiene que ordenar la radicación de la denuncia y proceder a las investigaciones, detenciones e imputaciones.

Si la Fiscalía Militar considera que no existen elementos para radicar una denuncia o —lo que no debemos descartar— ha recibido la orden de no hacerlo, por la transcendencia que tienen los hechos para la imagen del país y el Servicio Militar Obligatorio, los familiares de esos jóvenes cubanos están facultados para para denunciar.  Puede hacerlo cualquier persona afectada directa o indirectamente por el suceso.

¿Está siendo investigado algún oficial por esas muertes? ¿Ya existe una acusación formal? ¿Están siendo investigados los hechos? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque ni los fiscales militares ni Peña Ojeda han presentado informes ni partes sobre las acciones y medidas de investigación desarrolladas por fiscales militares subalternos en el Polvorín. Tampoco han dado a conocer resultados de análisis forenses sobre las presuntas causas del desastre, ni las medidas que se han adoptado contra los presuntos responsables.

La fiscal general, tan eficiente para enviar a sus subordinados al programa Hacemos Cuba a intimidar a la población para disuadirla de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación con fines pacíficos, es responsable de velar por que los presuntos responsables del accidente respondan penalmente.

Hasta ahora, Yamila Peña Peña Ojeda está asumiendo la misma actitud del MINFAR, que desde el 10 de enero, cuando dio a conocer que continuaba activo el proceso de explosiones, sin mencionar la palabra "rescate" ni hacer alusión a las vidas de los todavía entonces desaparecidos, hizo silencio total sobre los hechos, hasta el 15 de enero, cuando confirmó las muertes.

La ausencia de informes sobre las investigaciones que se deben estar llevando a cabo constituye una violación de la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública, primera norma jurídica de su tipo en Cuba, aprobada en julio pasado por la Asamblea Nacional con el declarado objetivo de contribuir al cumplimiento efectivo de las obligaciones de los órganos del Estado y demás sujetos responsables de brindar información de interés relevante para el público nacional e internacional con sistematicidad.

El MINFAR y la fiscal general Peña Ojeda deben explicaciones a las familias de esos jóvenes muertos y a todas las que ponen a sus hijos en manos de los militares cubanos, al enviarlos al Servicio Militar, con la cárcel para ellos como única alternativa. El alto número de muertes accidentales —las ocurridas en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022, y las provocadas por las explosiones en Holguín, por solo mencionar dos casos— también demuestra la necesidad de una investigación urgente sobre las condiciones y los protocolos de las unidades militares cubanas.

Al mantener el silencio sobre los hechos, el MINFAR comete un delito y la fiscal general es cómplice. Ambos contribuyen a incrementar la desconfianza de los cubanos en las instituciones de la Isla.

Ante la evidente vulnerabilidad de sus hijos en el Servicio Militar y la indiferencia del régimen —en medio de la preocupación de millones de cubanos por lo sucedido en Holguín, Miguel Díaz-Canel celebraba en redes sociales la fraudulenta investidura de Nicolás Maduro en Venezuela y el MINFAR se dedicaba a promover otro ejercicio militar con jóvenes cubanos, el Bastión Estudiantil Universitario—, la postura de las madres cubanas que se niegan al reclutamiento de sus hijos es totalmente legítima.