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Política

El totalitarismo cubano en fase terminal, Parte III y final: propiedad y economía

La subordinación de la economía a la política  después de 1959 la convirtió en factor de pobreza material y fuente del deterioro ético que ha empujado a la sociedad en Cuba hacia formas zoológicas de vida.

La Habana
Especialistas del Ministerio de Comercio Interior en una inspección.
Especialistas del Ministerio de Comercio Interior en una inspección. Granma

La causa principal del hundimiento del totalitarismo en Cuba es su incompatibilidad con las libertades, entre ellas con las de propiedad privada y de economía de mercado. Su restitución constituye una premisa para que los venideros cambios resulten positivos.

El concepto de propiedad designa el derecho de las personas a disponer de bienes provenientes del trabajo, de herencias, o del conocimiento, que complementan el derecho a la vida y ofrece estabilidad y seguridad a la persona humana. Un concepto que, antes de ser incorporado a la Declaración Universal de Derechos Humanos, Aristóteles, uno de los padres de la filosofía occidental, calificó a la propiedad como "institución necesaria que se justifica en la medida que es útil para el bien de los hombres". El presbítero y filósofo italiano Tomás de Aquino, en el siglo XIII,  consideraba "lícito tener bienes propios porque cada uno pone más cuidado en lo propio". Y el historiador y presidente norteamericano, Teodoro Roosevelt, en el siglo XX, expresó: "No protestamos de la fortuna de un hombre, si en su vida civil ha sido honradamente obtenida y está siendo bien usada".

La institución de la propiedad privada emergió de las primeras formas de vida comunitaria, se extendió con la esclavitud, cambió de forma en el feudalismo, volvió a mutar con el sistema capitalista y en los espacios que el socialismo le ha permitido demostró su eficacia. Mientras la propiedad estatal socialista ha fracasado en todas las épocas y lugares.

Sin desconocer los efectos negativos que haya tenido en cuanto a la redistribución de la riqueza, la propiedad privada ha demostrado ser un medio vital para el progreso. En Cuba, su subordinación a la política y la ideología después de 1959 la convirtió en factor de pobreza material, espiritual y fuente del deterioro ético que ha empujado a la sociedad hacia formas zoológicas de vida. La mejor prueba de ello es que los años 50 del pasado siglo, la producción nacional ubicó a Cuba en los primeros lugares en estándar de vida en América Latina. Además de azúcar, café, tabaco y ganado se producía calzado, textiles, pinturas, frutas, viandas, dulces, pescado, carne de cerdo, de aves, derivados de la leche y otras, y cerca del 80% de lo que se consumía se producía en el país. Hoy, se produce el 20% y se tiene que importar el 80%. 

La estatización 

En el alegato La historia me absolverá (1953), Fidel Castro enunció que entre las primeras cinco leyes revolucionarias, después de la toma del cuartel Moncada, se entregaría la propiedad de la tierra a todos los que poseían parcelas de cinco o menos caballerías. Una vez en el poder, las dos leyes de reforma agraria, promulgadas en 1959 y 1963, concentraron en manos del Estado el 70% de las tierras cultivables y en 1975, con una falsa cooperativización, elevó las tierras estatales al 75%: el latifundismo colonial-republicano fue suplantado por el latifundio estatal-socialista. Con la concentración de la propiedad agraria debutó el abandono, el descontrol y la ineficiencia que caracterizan a la actual economía agraria.

En 1960, la Ley 851 nacionalizó los bienes y empresas de personas naturales o jurídicas de EEUU; la Resolución Conjunta No. 1 nacionalizó las empresas bancarias norteamericanas; la Ley 890 expropió 381 grandes empresas industriales y comerciales, almacenes, depósitos y demás bienes; la Resolución Conjunta No. 3 selló la nacionalización del resto de las empresas privadas cubanas y norteamericanas, y la Ley 891 expropió todas las empresas bancarias nacionales. 

Al siguiente año, 1961, la Ley 989 dispuso la confiscación de todos los bienes de las personas que se ausentaran del país con carácter definido. En 1965, en un intento de prescindir del dinero, se erradicaron las relaciones mercantiles, los pagos y recibos entre empresas, los impuestos, el cobro de intereses y el sistema de contabilidad. Y en marzo de 1968 la "Ofensiva Revolucionaria", liquidó las más de 55.000 empresas pequeñas que restaban.

Esa estatización representó un retroceso en materia de derecho.  La Constitución de 1901 (Artículo 32) estableció que nadie podía ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública; la Constitución de 1940 (Artículo 87), refrendó la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social. La Ley Fundamental de la República, con la que el Gobierno revolucionario sustituyó la de 1940, conservó "la existencia y legitimidad de la propiedad privada". Luego, la de 1976, decretó que en Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción. Y la Constitución de 2019, confirmó que "la planificación, y no el libre mercado, seguirá siendo el rasgo distintivo de la economía". 

Los resultados

La eliminación de los propietarios y los bajos salarios desmovilizaron el interés personal por los resultados productivos y estancaron la economía. Los intentos por recuperarla fracasaron, hasta que en 1991 el derrumbe de la Unión Soviética obligó a introducir reformas coyunturales dirigidas a conservar el poder.  

Comenzaron por tratar de reanimar la economía: parte del latifundio "socialista" fue convertido en "cooperativas"; en 1993 el fracaso obligó a repartir parte de las tierras en Unidades Básicas de Producción Agropecuaria (UBPC), de las 170.000 hectáreas que poseían casi el 40% permanecieron ociosas; en 2008 se dictaron 17 medidas y un nuevo Reglamento General para las UBPC y seguidamente se promulgó el Decreto Ley 259, mediante el cual comenzó la entrega de tierras; se sustituyó el Decreto-Ley 259 con el Decreto-Ley 300, con el que se aliviaron algunas restricciones, pero conservó la propiedad estatal. Y así sucesivamente hasta las más recientes medidas: todas fracasadas.

En diciembre de 2024, 65 años después de iniciada la estatización, Miguel Díaz-Canel, reconoció: "Transitamos por un momento muy duro, prácticamente vivimos al día. Son muchas las quejas del pueblo, justas, por la demora o fragmentación de la canasta familiar normada, la distribución de la leche, el pan, el gas licuado y los medicamentos". Sin embargo, rehuyendo las causas, propuso mantener las prioridades del año anterior: fortalecer la unidad, perfeccionar la labor político-ideológica, corregir distorsiones negativas, reimpulsar la economía, y atender las desviaciones y tendencias negativas.

Todas las medidas aplicadas han confirmado lo sabido: con la economía desnaturalizada lo único que se puede pronosticar es la incapacidad para revertir el decrecimiento. En fin, que el próximo Gobierno de Cuba (el actual ha demostrado su falta de voluntad política para dar ese paso) tendrá que comenzar por restituir el derecho a la propiedad sobre los medios de producción para despertar el interés que la estatización erradicó. Tendrá que ratificar los pactos de derechos humanos que fueron firmados a principios de 2008 y propiciar el resurgimiento de una clase media, un sector que —basado en el esfuerzo personal, el trabajo y la sobriedad— surgió en la Inglaterra del siglo XVII, se extendió al resto del planeta y llegó a Cuba. Hoy su embrión está en la conversión del cuentapropismo y las MIPYMES. Lo dice el axioma martiano: "Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios".

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