La otra cara de la enseñanza en Cuba: la educación en 'La Historia me absolverá'

La enseñanza en Cuba exhibió pocos avances durante la etapa colonial. Para cambiar esa situación el Gobierno de Ocupación Militar norteamericano, en diciembre de 1899, dictó la Orden 226 y designó a Enrique José Varona al frente de la Secretaría de Instrucción Pública, quien convencido de que "nada será bueno ni perfecto mientras los hombres no fueran buenos y perfectos", y que "para vivir de otro modo se necesitaba aprender de otro modo", encabezó una reforma profunda.

La enseñanza primaria contó con una legislación especial; la secundaria quedó subordinada a los Institutos Públicos provinciales; y en la educación superior se incluyó una Ciudad Universitaria, como base geográfica del Estado Universitario, con sus ciudadanos, sus leyes, y su organización jurídica.

Debido a esa reforma y a otras que le siguieron, Cuba pudo contar con una educación pública gratuita para todos los niveles y tipos de enseñanza. Por ejemplo, en las universidades públicas la matrícula anual costaba 60 pesos. Para los aspirantes de familias sin recursos que no podían abonar esa cuota —previa presentación de una carta de solicitud justificativa—, podían acogerse al 10% de la matrícula establecida.

El hecho real es que en 1958 la enseñanza privada contaba con una matrícula de unos 90.000 alumnos, lo que aliviaba económicamente al Estado, a la vez que garantizaba el tipo de educación que los padres deseaban para sus hijos; mientras el analfabetismo, que en 1900 alcanzaba al 57% de la población mayor de diez años, en 1953 ya se había reducido al 23,6%; uno de los índices más bajos de este hemisferio.

La Historia me absolverá

El avance alcanzado por la enseñanza explica por qué Fidel Castro, el 16 de octubre de 1953, en el juicio seguido por el asalto al cuartel Moncada, al exponer los problemas que él consideraba prioritarios en Cuba, la enseñanza no ocupó un lugar central.

Según sus palabras, las primeras cinco leyes que serían dictadas —si hubieran tomado el poder—, eran:

1. la restitución de la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado
2. la propiedad de la tierra
3. el derecho de los obreros a participar en el 30% de las utilidades en las grandes empresas industriales
4. el derecho de los colonos a participar del 50% del rendimiento de la caña y cuota mínima de 40.000 arrobas
5. la confiscación de los bienes a los malversadores de todos los gobiernos

Después de esas primeras cinco leyes, Fidel Castro expresó: "Un gobierno revolucionario procedería a la reforma integral de nuestra enseñanza, poniéndola a tono con las iniciativas anteriores, para preparar definitivamente a las generaciones que están llamadas a vivir en una patria más feliz".

Su discurso se limitó a señalar algunas mejorías en las condiciones de los educadores. "Ningún maestro —dijo— debe ganar menos de 200 pesos, como ningún profesor de segunda enseñanza debe ganar menos de 350, si queremos que se dediquen enteramente a su elevada misión". Y añadió que" debía concedérseles a los maestros que desempeñan su función en el campo, el uso gratuito de los medios de transporte; y a todos, cada cinco años por lo menos, un receso en sus tareas de seis meses con sueldo, para que puedan asistir a cursos especiales en el país o en el extranjero".

Es decir, su proyecto, se limitaba a un reclamo de carácter populista y sindical.

La revolución

Una vez en el poder, el 7 de febrero de 1959, en violación de su promesa, la Constitución de 1940 fue sustituida por la Ley Fundamental, unos estatutos constitucionales mediante los cuales el primer ministro asumió las funciones del presidente, el Consejo de Ministros las del Congreso. Sin embargo, en materia de enseñanza, dicha Ley se limitó a reproducir los 13 artículos del Título Quinto, Sección Segunda, de la Constitución de 1940, en la Ley Fundamental: gratuidad de la enseñanza; autonomía universitaria; articulación orgánica entre todos sus grados y niveles, incluyendo el superior; el derecho a crear universidades oficiales o privadas y cualesquiera otras instituciones y centros de altos estudios; hasta la creación de un Consejo Nacional de Educación y Cultura, presidido por el ministro de Educación.

En correspondencia, la ley de reforma integral de la enseñanza, dictada en diciembre de 1959, tampoco sobrepasó el contenido de la Constitución de 1940 ni de la Ley Fundamental. Por tanto, las ideas acerca de la enseñanza, expuestas en el alegato La Historia me absolverá y refrendadas en la Ley Fundamental y en la Ley de Reforma integral, se pueden calificar como un programa dirigido a desarrollar y perfeccionar el sistema establecido en la República. Sin embargo, otros propósitos en marcha —no declarados— condujeron hacia el totalitarismo.

En 1959 la Primera Ley de Reforma Agraria depositó en manos del Estado el 40% de las tierras cultivables del país. En 1961, paralelo a la Campaña de Alfabetización, el 16 de abril se declaró el carácter socialista de la revolución. Dos meses después, el 6 de junio, se promulgó la Ley de Nacionalización General y Gratuita de la Enseñanza. Y el 30 de junio de ese año, el líder de la revolución pronunció las "Palabras a los Intelectuales", que trazaron definitivamente el rumbo de la revolución hacia el totalitarismo.

Una de cuyas peores consecuencias de esto ha sido, y continúa siendo, el carácter sistemático de la represión contra estudiantes y profesores de las universidades cubanas, que en sus informes mensuales está documentando el Observatorio de Libertad Académica.

Las próximas entregas de esta serie estarán dedicadas a esos tres eventos ilustrativos de la otra cara de la enseñanza en Cuba: la Campaña de Alfabetización, las "Palabras a los Intelectuales" y la nacionalización de la enseñanza.