La Unión Europea (UE) continúa financiando proyectos en la Isla dirigidos a la supuesta sociedad civil cubana, ahora con iniciativas dirigidas por Estonia para modernizar los servicios digitales con un fondo de tres millones de euros. Esto, a pesar de las restricciones de internet dictadas por el régimen y ejecutadas por el monopolio estatal de las Telecomunicaciones (ETECSA), políticas represivas y severas limitaciones a las libertades civiles.
Según una investigación del medio independiente Yucabyte, se trata de Cuba Digital, que tiene una duración de cuatro años y busca ampliar el acceso a servicios desde internet en el país.
El proyecto es encabezado por la Academia de Gobernanza Electrónica (eGA) de Estonia en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), la agencia de cooperación del Gobierno español, y forma parte de un acuerdo firmado en 2016 entre la UE y La Habana, con el objetivo de modernizar la Administración Pública de la Isla, recogió ERR News.
Hannes Astok, director ejecutivo de la eGA, declaró a este medio público estonio que "expertos están trabajando en soluciones de intercambio seguro de datos y de interoperabilidad", con "el objetivo es construir sistemas eficientes, transparentes y centrados en los ciudadanos que puedan mejorar la vida de los cubanos".
Según detalló el sitio web de la eGA, la iniciativa se centra en el desarrollo de portales de servicios públicos digitales, sistemas de teleasistencia y el fortalecimiento de la infraestructura para la provisión de servicios públicos digitales y se trabajará en áreas clave como la interoperabilidad, el intercambio de datos, la gestión de información y la implementación de identidad digital y firmas electrónicas.
Estonia es responsable de desarrollar los servicios digitales, en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones de Cuba y otros beneficiarios, como la creación de la organización y la tecnología necesarias para respaldar la mejora de los servicios digitales de la Oficina de Impuestos, el Sistema Nacional de Estadísticas y los registros públicos y catastrales.
Por su parte, España, representada por FIIAPP, se encarga de diseñar y mejorar los marcos legales para el uso de información pública y privada. Pretende fortalecer las capacidades gubernamentales para producir estadísticas sobre desigualdades, enfocándose en la igualdad de género, la distribución del ingreso y las disparidades regionales.
Astok subrayó a ERR que Cuba Digital aún se encuentra en su fase inicial, pero se apoya en aprendizajes de colaboraciones previas entre ambos gobiernos, como la creación de la plataforma Cubagob.cu, inspirada en el portal estonio Eesti.ee, que fue presentado a funcionarios cubanos en 2022.
La iniciativa pretende avanzar en un país que Freedom House calificó como "no libre" en su informe Freedom on the Net de 2024, donde fue evaluado con solo 20 puntos de 100 en términos de libertad en internet y señaló barreras significativas de acceso, como son las restricciones de contenido y violaciones a los derechos de los usuarios.
Yucabyte también alertó de que en el ámbito político el Gobierno cubano ha sido señalado por limitar las libertades civiles, prohibir el pluralismo político y restringir los medios de comunicación independientes.
Ted Henken, profesor del Baruch College (CUNY) y experto en el entorno digital cubano, dijo al medio especializado que "controlar el internet es una manera de controlar la información (y la información es poder)".
En comparación con otros países de América Latina, Cuba es el peor calificado en términos de libertad en la red, seguido por Venezuela, que también se considera “no libre”, y Nicaragua.
Henken puntualizó a Yucabyte que estos gobiernos han adoptado prácticas autoritarias inspiradas en el modelo cubano, que tiene los índices más bajos en acceso y contenido, con solo cinco puntos en el acceso a internet y nueve en la calidad de información disponible.
En este contexto, y sobre la pertinencia ética de apostar por la digitalización de la administración pública en un régimen autoritario como el de Cuba, Astok dijo a ERR News que el objetivo principal de eGA es "mejorar la provisión de servicios públicos y promover un gobierno digital", en línea con las políticas de la UE.
Además, dijo que "si la UE o el Gobierno de Estonia actualizan sus políticas, eGA ajustará su enfoque en consecuencia".
Yucabyte puntualizó que los "retos" de los proyectos financiados por la UE en un entorno autoritario van más allá de las restricciones políticas y sociales y citó el envejecimiento de la infraestructura eléctrica y los apagones recurrentes en Cuba como grandes obstáculos, pues el régimen solo logra cubrir entre el 60% y el 70% de su demanda energética, lo que afecta tanto a los ciudadanos como a las iniciativas internacionales.
Estas dificultades se agravan con las diferencias horarias entre Estonia y Cuba, así como con las barreras idiomáticas, que complican el trabajo conjunto entre los expertos de la Academia de Gobernanza Electrónica y los funcionarios cubanos.
Para el medio independiente, resulta significativo que el régimen cubano haya aceptado trabajar con eGA, una organización que cuenta entre sus socios a USAID, una entidad conocida por financiar proyectos orientados a promover la democracia y los derechos humanos, y contra la cual carga una y otra vez el régimen de la Isla en su propaganda oficial.
Además, eGA colabora estrechamente con socios internacionales como la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA, por sus siglas en inglés) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para garantizar altos estándares de ciberseguridad en sus proyectos.
El proyecto Cuba Digital se enmarca dentro del Programa Indicativo Plurianual (MIP) 2021-2027 de la UE, que establece como base de cooperación con la Isla el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) firmado en 2016.
Este acuerdo constituye el marco legal y político para los programas de colaboración entre la UE y Cuba, pero su implementación en un contexto como el cubano plantea retos importantes, especialmente en lo relacionado con los derechos humanos.
Aunque el acuerdo establece estos principios como una base fundamental para la cooperación, en Cuba persisten restricciones importantes a las libertades civiles, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, prensa y asociación.
Otro punto cuestionable del PDCA es lo referente a la llamada sociedad civil cubana que suele estar limitada a organizaciones y asociaciones que operan bajo control del Estado, excluyendo a menudo a grupos independientes que podrían ofrecer perspectivas críticas o alternativas.
Por años, la Unión Europea ha destinado fondos a proyectos que fortalecen al régimen y sus instituciones.
En 2021, unos 450.000 euros de la Unión Europea financiaron el proyecto Laboratorios de Innovación para la transformación digital en el sector de la Cultura (Co-Lab). El dinero lo recibió la oficialista Unión de Informáticos de Cuba (UIC). En ese mismo año, Francia y la UE donaron 5,6 millones de euros al régimen cubano, para un programa del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) sobre diagnóstico e investigación médica.
Más dinero del bolsillo de idiotas útiles siempre es bienvenido.