El régimen cubano se une a una exigencia de 'respeto al derecho', ante posibles deportaciones masivas desde EEUU

Representantes de gobiernos de diez países de América Latina y el Caribe, incluido el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, firmaron este sábado un documento en el que exhortaron a sus vecinos a actuar con apego al derecho internacional, ante la ola de deportaciones masivas que podría desatar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien será investido este lunes 20 de enero.

La agencia de noticias AP informó que el pronunciamiento fue acordado en una declaración conjunta, tras un encuentro de dos días a puertas cerradas, que tuvo lugar en Ciudad de México y fue presidido por el canciller anfitrión, Juan Ramón de la Fuente, y su par hondureño, Eduardo Enrique Reina.

Sin hacer alusión a Trump, quien durante y después de su campaña presidencial prometió deportar en masa a inmigrantes indocumentados, para lo que emplearía al ejército estadounidense, los participantes en la reunión sobre "Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente" llamaron a todos sus vecinos a "conducirse con apego al Derecho internacional, a los derechos humanos y a las propias legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana con un enfoque humanista, particularmente ante la amenaza de deportaciones masivas", citó AP.

Los firmantes —además de los de Cuba, México y Honduras, incluyen a los cancilleres de Colombia, Guatemala, Haití y Venezuela, así como a los viceministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Belice, y a la jefa de delegación de El Salvador— se comprometieron a intensificar la cooperación intergubernamental; el intercambio de información; las "buenas prácticas" en materia consular; la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes y a rechazar "su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio".

"Reafirmamos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos, protegerlos", sostiene el documento.

Los signatarios también manifestaron su rechazo a las "medidas coercitivas unilaterales” asegurando que "afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables", e instaron a su levantamiento.

Aunque el viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica participó en el encuentro, ese país no estuvo incluido en declaración final. AP solicitó comentarios al respecto a la Cancillería costarricense, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

Pese a que el documento no hizo alusión al magnate republicano, que desde hoy ocupará el despacho oval en la Casa Blanca, el canciller mexicano reconoció en la reunión que "se avecinan cambios importantes" en uno de los principales países de destino de los migrantes en el hemisferio y planteó que es necesario estar "lo mejor preparados posible para poder afrontar los nuevos desafíos" y hacerlo de manera conjunta.

En noviembre, días después de derrotar en los comicios a la candidata demócrata, Kamala Harris, Donald Trump confirmó en su cuenta de la red social Truth Social que planea declarar emergencia nacional en el país y emplear al Ejército para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, al responder una publicación del activista conservador y presidente de la fundación Judicial Watch Thomas J. Fitton.

Mientras era candidato, Trump anunció en una entrevista con la cadena televisiva Fox News, en septiembre, que las personas que habían ingresado a EEUU a través de la aplicación de citas en la frontera CBP One, e incluso del programa de parole humanitario implementado por la Administración Biden, que ha beneficiado a más de 100.000 cubanos, tendrían que irse.

La semana pasada, la secretaria de Estado designada por él Kristi Noem, anunció durante su audiencia de confirmación que suspendería el CBP One desde su primer día de gestión, y describió la situación en la frontera sur de EEUU como una "zona de guerra".