Las empresas de cruceros Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises solicitaron al Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito que devuelva la demanda en su contra en virtud del Título III de la Ley Helms-Burton, por la violación del embargo de Washington contra el régimen de Cuba, al Tribunal de Distrito.
Lo anterior, ante la posibilidad de que la demanda fuera presentada para su evaluación por la demandante, la firma Havana Docks Corporation, ante la Corte Suprema de EEUU. Los demandados argumentan que es poco probable que la máxima instancia acepte escuchar la apelación del demandante.
Las cuatro líneas de cruceros pidieron al Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta, que no demore la remisión de la demanda al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, donde se presentó, informó el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.
En diciembre último, el Tribunal de Apelaciones había rechazado una solicitud de Havana Docks Corporation para una audiencia en pleno sobre el caso, lo cual dejaba solo la opción de recurrir a la Corte Suprema para proseguir la demanda.
Según decidió entonces el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EEUU, "se deniega la petición de nueva audiencia en pleno, ya que ningún juez en servicio regular en activo en la Corte ha solicitado que esta sea consultada sobre una nueva audiencia".
En noviembre último, Havana Docks Corporation había solicitado una nueva audiencia en pleno ante el tribunal, después que este revocara en octubre una decisión judicial que obligaba a Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises a pagar multas por encima de los 400 millones de dólares por haber realizado operaciones utilizando propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro después de 1959, sin pagar compensación a sus titulares.
Las líneas de cruceros luchan contra el veredicto, emitido a finales de 2022 por la jueza federal de distrito Beth Bloom en virtud del Título III de la Ley Helms-Burton, que las acusaba y sancionaba por participar en "turismo prohibido" y "actividades de tráfico", al transportar pasajeros a Cuba y utilizar los muelles e instalaciones construidas por la empresa estadounidense Havana Docks.
Dicha sentencia, la primera de su tipo en aplicar el Título III de la Helms-Burton, fue considerada entonces por la Cancillería cubana como "una agresión económica del Gobierno de EEUU, a escala internacional y de modo abarcador".
El juez principal del caso, William Pryor, y el juez Adalberto Jordan dictaminaron en octubre que, aunque Havana Docks tiene un reclamo por la pérdida del muelle y las instalaciones y sus derechos para explotarlos, lo cual fue certificado independientemente por la Comisión de Solución de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia, la compañía no tenía "ningún derecho de propiedad absoluta sobre ninguna propiedad inmobiliaria en el Puerto de La Habana".
Los jueces dijeron, asimismo, que la mejor manera de interpretar la situación "es considerar el interés de propiedad en cuestión en una acción del Título III como si no hubiera habido expropiación y luego determinar si la conducta alegada constituyó tráfico de ese interés".
Una declaración conjunta de MSC Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings y Royal Caribbean Group subrayó tras conocerse el veredicto que estaban "satisfechos con la decisión" y agradecieron al tribunal "por su minuciosa consideración del caso", pero no indicaron si evalúan que barcos de sus flotas regresen próximamente a los puertos cubanos.
El Título III, que fue suspendido por cada ocupante del despacho oval desde que Bill Clinton firmó la ley en 1996, fue reactivado por Donald Trump en 2019.
