Más de 250.000 dólares pagará una compañía global de transporte y logística asentada en Minnesota tras un acuerdo para resolver decenas de presuntas violaciones de las sanciones a los regímenes de Cuba e Irán por parte de cinco de sus subsidiarias en el extranjero.
Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por un período de más de tres años subsidiarias de la empresa C.H. Robinson Inc. proporcionaron las diligencias de carga o servicio de transporte de 82 envíos, hacia o desde Irán, de bienes de origen iraní o cubano, o en negociaciones con una aerolínea iraní.
Las cinco filiales de C.H. Robinson operaron desde China, España, Canadá, Perú y Australia, por lo que la empresa acordó pagar 257.690 dólares para resolver su posible responsabilidad civil, precisó la OFAC.
El documento cita a las subsidiarias de la empresa estadounidense C.H. Robinson Guangzhou (CHR-Guangzhou), Space Cargo Group-Spain (SCG-Spain), C.H. Robinson Canada (CHR-Canada), C.H. Robinson Australia (CHR-Australia) y C.H. Robinson Perú (CHR-Perú) como las involucradas en las violaciones del embargo.
La OFAC calculó inicialmente una multa de 28,6 millones de dólares, pero redujo la cifra tras determinar que las aparentes violaciones no eran graves y que fueron reveladas voluntariamente.
En el caso de Cuba, las infracciones apuntan a la filial de C.H. Robinson en Canadá, con seis de 71 envíos considerados como violaciones de las regulaciones estadounidenses por tratarse de mercancías de origen cubano.
En agosto la OFAC modificó el plazo de prescripción para las violaciones civiles y penales sancionadas por Washington y que afectan a aquellas empresas que violan el embargo contra La Habana.
La entidad federal publicó el pasado 22 de julio una guía en la que explica cómo funcionarán las nuevas normas que extienden "el estatuto de limitaciones para las violaciones de ciertas sanciones administradas" por la Oficina.
Según el documento, el 24 de abril de 2024 el presidente Joe Biden promulgó la Ley de Paz a través de la Fuerza del Siglo XXI, cuyo artículo 3.111 amplía de cinco a diez años el plazo de prescripción para las violaciones civiles y penales de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) o la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA). Esta última, la que codifica el funcionamiento del embargo de Washington contra el régimen de Cuba.
"Antes de la promulgación de la Ley, las acciones civiles de ejecución iniciadas por la OFAC en virtud de la IEEPA o la TWEA estaban sujetas al plazo de prescripción de cinco años", señala la entidad, que añade que el nuevo plazo de prescripción de diez años entró en vigor tras la firma del presidente.
Este nuevo estatuto cubre las violaciones erróneas o intencionales del embargo, que por regla general suponen multas para los infractores.
Según el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, que promueve los negocios de empresarios de ese país con La Habana, las normas recientemente promulgadas por Washington y que regulan la asistencia extranjera "afectan las transacciones en Cuba para las empresas con sede en EEUU y fuera de EEUU. La OFAC tenía cinco años (para reclamar por las violaciones de esas normas). Ahora tiene diez años. Otra razón para evitar Cuba".
No se puede hacer negocios con los mafiosos y terroristas de La Habana desde USA Eso trae malas consecuencias para el.bolsillo. Acaben de aprender la leccion