El régimen dio por finalizada su contrarreloj contra el delito en Cuba tras declararlo un "éxito" y con resultados de más de 200 juicios, 34 de estos ejemplarizantes, la ocupación de más de 3,4 millones de pesos de más de 61,3 millones de deudas tributarias, suma similar en multas, más de 3.000 jóvenes a los ha etiquetado como "en riesgo de cometer actos de delito', cierres de negocios y ventas forzosas, entre otros.
Según publicó el diario oficial Granma, el denominado "Ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales", realizado entre el 2 de diciembre y el 7 de diciembre, ha sido ejemplo de "garantía del orden y la tranquilidad ciudadana", muy cuestionados en los últimos tiempos.
Las instituciones de la Fiscalía aplicaron más de 300 medidas cautelares contra presuntos comisores de delitos asociados a la droga, la corrupción, y de carácter energético, como el de sustracción de aceite a transformadores eléctricos; se realizaron 2.306 controles a la investigación en procesos relacionados con prioridades del enfrentamiento, se determinó el aseguramiento de los imputados y en el caso de la medida cautelar de prisión provisional se impuso al 81% de los presentados por los órganos de investigación.
El medio estatal dijo que fueron remitidos a los tribunales 585 procesos penales y hubo 255 vistas orales de juicios, de estos 34 ejemplarizantes en causas abiertas por vínculos con la droga, malversación, incumplimiento del deber de preservar los bienes en entidades económicas, apropiación indebida, robo con fuerza, hurto, sacrificio ilegal de ganado mayor, atentado, desacato, resistencia, desobediencia, portación y tenencia ilegal de armas, asesinato y lesiones provocadas por la violencia de género.
Como parte de la verificación fiscal para comprobar el cumplimiento de su paquetazo económico (normas jurídicas aprobadas por el Gobierno para la eliminación de "distorsiones y reimpulsar la economía") se realizaron 405 inspecciones y recontroles; se impusieron 311 ventas obligatorias de los productos, por violar el precio establecido y se indicaron varios cierres de establecimientos y decomisos de mercancías.
De los delitos fiscales, las autoridades implicadas determinaron deudas tributarias por 61.355.033 pesos, y fueron ocupados 3.438.023 en efectivo, provenientes de las ventas; dinero que fue depositado en el Banco, a instancias de la Fiscalía, además de aplicarse multas por valor de 2.881.649 pesos.
Según Granma, también fueron visitados 4.300 personas sancionadas en lugares de residencia y centros de trabajo, principalmente aquellos evaluados de regular y mal por los delitos de droga o asociados a los delitos contra el ganado mayor, así como aquellos controlados por las infracciones vinculadas a la corrupción administrativa y el robo con violencia o con fuerza, entre otras.
Como resultado, los funcionarios dijeron que se detectaron 209 controlados con comportamientos inadecuados, de los cuales se propuso la revocación a 67 de ellos, por incumplir sus obligaciones, y hubo advertencias oficiales a otros 142.
De conjunto con las direcciones municipales de la Vivienda y de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, se ejecutaron 20 sentencias pendientes en materia administrativa y dos procesos de expropiación forzosa, todos en La Habana.
Gracias a organizaciones oficialistas controladas por el Partido Comunista, como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, fueron identificados más de 3.000 jóvenes que el Gobierno considera "en riesgo de cometer actos de delito", debido a su desvinculación del estudio o del trabajo. De más de 4.268 madres en situación de vulnerabilidad, que vivían solas y sin ingresos, poco más de mil aceptaron emplearse o vincularse al estudio. Con salarios y empleos estatales precarios los jóvenes y muchos cubanos en sentido general se niegan a
vincularse a estos y buscan mejores opciones en el sector privado.
Para Granma, las crecientes denuncias ciudadanas sobre la inseguridad ciudadana en la Isla se limitan al "criterio popular" de "fortalecer la labor de las instituciones encargadas de imponer el orden y la tranquilidad ciudadana", dígase la Policía en primer lugar, fuertemente cuestionada por su deficiente actuación y frecuente abuso de poder cuando de acallar el disenso se trata.
El ejercicio de control del régimen, en cuya realización ha involucrado a la población, ha mostrado cuán profunda es la corrupción en la Isla y supone una cortina de humo oficial sobre la gravedad del asunto, que ataja sus consecuencias, pero no sus causas.
Lo que diga y/o pregone ese sistema fallido y en descomposicion no tiene un apice de veracidad.
Mientras exista escasez existirá la corrupción y el delito generalizados. No sé de qué victoria hablan esos desgraciados.
Candy la Salá y su Trabuco "Los Ineptos de La Habana " de Victoria en Victoria, y van por más, .......
“Ejercicio nacional … realizado entre el 2 de diciembre y el 7 de diciembre”
Esto equivale a poner el sistema judicial en la isla en esteroides por unos días, y no resuelve el problema del crimen organizado. El crimen organizado pronto 🔜 le enseñará su rostro al régimen.