Más de 30 personas fueron procesadas en Camagüey, acusadas de minería furtiva y extracción ilegal de oro, algunas de las que habrían recibido sanciones de hasta dos años de cárcel, publicó el portal oficial Cubadebate.
En total, el Tribunal Provincial Popular procesó nueve casos por actos contra recursos naturales y económicos, delitos previstos en el artículo 317 apartado dos del Código Penal, que establece sanciones de privación de libertad, de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas o ambas.
"En estos hechos se enrolaron más de 30 personas a los que se les aplicaron las medidas penales, de acuerdo con las características personales de cada acusado, la lesividad social de los hechos, sin son primarios, reincidentes o multireincidentes, más la conducta social en el área de residencia", precisó la nota.
Según el autor del texto, en sus apreciaciones sobre los hechos el Departamento de Asuntos Penales de la Fiscalía Provincial sostuvo que en todos los procesos legales sobre estas figuras delictivas "se ejerció el cumplimiento de las garantías constitucionales y del debido derecho".
La nota descartó que el pregón por los barrios de la ciudad de Camagüey, "compro piezas de oro y de plata" esté asociado con los "cazadores" de oro, o al menos no existen pruebas que los relacionen.
Según Cubadebate, la minería furtiva y extracción ilegal de oro ha tenido consecuencias negativas para la economía, específicamente para la Empresa Geominera Camagüey, "por el impacto ambiental de las extracciones ilegales originadas en la mina San Jacinto".
En la agenda de una reunión en abril entre el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y los gobernadores de la Isla estuvo el tema del enfrentamiento a la minería ilegal y las acciones realizadas en la provincia de Camagüey para enfrentarla.
Las autoridades amenazaron con actuaciones que no permitan la impunidad y celebraron que la Empresa Geominera ha logrado el establecimiento de una procesadora que da empleo en la zona y "otros beneficios con un enfoque social" no precisados.
La Ley 76 de Minas en su Artículo 4 define que "al Estado le corresponde el dominio inalienable e imprescriptible del subsuelo, las minas y todos los recursos minerales, dondequiera que estos se encuentren, dentro de las regulaciones constitucionales".
En 2018 la extracción ilegal de oro en Cuba dejó dos muertos y tres heridos graves en Holguín. En esa oportunidad la prensa oficial cargó contra quienes "en busca de una fortuna rápida (…) no solo sacan provecho ilícito del patrimonio nacional y dañan el medio ambiente, también ponen en peligro sus vidas".
Otro de los problemas de la extracción ilegal de oro son los daños medioambientales que provoca, entre los que se encuentran el desnivelado de suelos, hoyos, deforestación, alteración de los cauces de los ríos y vertidos que afectan a la calidad del agua, mencionó entonces Granma.
De acuerdo con estimaciones geológicas, Cuba posee reservas de minerales superiores a los mil millones de toneladas, un potencial abierto a la inversión extranjera directa por la que aboga el Gobierno en su "cartera de oportunidades".
“El oro es mío, repártanse…”
El daño medio ambiental más grande del mundo se llama Comunismo.