El régimen reconoció este domingo un déficit de más de 800.000 viviendas en Cuba, en un informe sobre el cumplimiento de la Política de la Vivienda aprobada en 2019, según informó el medio oficial Granma.
El informe, aprobado por el Consejo de Ministros durante una reunión encabezada Miguel Díaz-Canel, reflejó que desde que comenzó a implementarse la mencionada política, hace cuatro años, se han concluido 127.345 viviendas y se han realizado acciones de rehabilitación en 106.332.
Según directora general de la Vivienda, del Ministerio de la Construcción, Vivian Rodríguez Salazar, las situaciones más complejas en relación con la vivienda están en La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey.
Los principales incumplimientos que impiden el avance del programa son los relacionados con la entrega de subsidios, según citó Granma a la funcionaria. Rodríguez Salazar también señaló que "no se han materializado las inversiones previstas para incrementar la producción de materiales de la construcción, ni el equipamiento necesario para ampliar la capacidad constructiva y su sostenibilidad".
La funcionaria cubana valoró que la Política de Vivienda está en retroceso porque, pese a que, según ella se cumplió en 2019 y 2020, en los dos años siguientes no se obtuvieron los mismos resultados. El cumplimiento de lo planeado para 2023 está en riesgo, admitió.
Ese panorama contrasta con la indetenible construcción de hoteles e instalaciones turísticas, a las que el régimen cubano destinó un cuarto de los 41.616.003 millones de la inversión estatal en la primera mitad de 2023, según cifras oficiales.
Ese sector acaparó 10.406 millones de pesos en el primer semestre del año, pese a que siete de cada diez habitaciones de hoteles estuvieron desocupadas en el mismo periodo.
Para enfrentar el déficit de 800.000 viviendas y el incumplimiento de la política que debe resolverlo, el Consejo de Ministros aprobó el rediseño de la estrategia de la producción local de materiales en cada territorio. El incremento de las materias primas locales debe garantizar la autonomía en la producción de materiales y dan respuesta a las necesidades del programa, según citó Granma lo anunciado por el órgano de gobierno.
Pese a que el déficit y el deterioro del fondo habitacional están entre los problemas que más golpean a los cubanos, la Ley de Vivienda no está entre las previstas dentro del cronograma legislativo para 2023.
Aunque en diciembre de 2022, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, aseguró que esa y otras leyes estaban "en un estado avanzado de elaboración", no es hasta julio de 2024 que se prevé la aprobación de la norma.
Pese a la probabilidad de que en 2023 también se incumpla la Política de Vivienda que comenzó a implementarse hace cuatro años, el régimen quiere usar la posibilidad de tener una casa como anzuelo para que los habitantes de las zonas rurales permanezcan en ellas.
De acuerdo a Granma, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia habló de varias acciones del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de esos cubanos.
Las acciones incluyen garantizar inversiones sectoriales que se ejecuten en las zonas rurales, con una adecuada explotación; facilitar la adquisición de viviendas, materiales de la construcción, equipos y otros incentivos a los profesionales que radiquen y trabajen en la zona rural; recuperar las comunidades agrícolas fundadas por la Revolución; así como crear unidades docentes que acerquen a los estudiantes de la Enseñanza Técnico-Profesional y Universitaria en especialidades agropecuarias, a las formas productivas de las áreas rurales, citó el medio estatal al funcionario.
En la reunión, también se presentaron los anteproyectos de tres normas, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros.
La viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Hernández Cruz, presentó el anteproyecto de la Ley de Salud Pública, que será debatido durante el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en diciembre.
La funcionaria señaló que la propuesta recoge, entre otros aspectos, las determinaciones para el final de la vida, en alusión a la aplicación de la eutanasia. Esto ya había sido adelantado por el titular del ramo, José Ángel Portal Miranda, en diciembre de 2022.
También se aprobó la Política para la aprobación del Régimen Especial de Seguridad Social del sector Agropecuario y Forestal, así como al anteproyecto de Decreto Ley.
La tercera propuesta aprobada fue el proyecto de Decreto Ley del Sistema de Áreas Protegidas. Según la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, esta norma tiene la novedad de que por "primera vez se establece que las áreas protegidas declaradas constituyen parte del Patrimonio Natural de la Nación".
Según la citó Granma, la ministra añadió que en el anteproyecto se reconocen otras medidas de conservación para áreas no declaradas como protegidas, como pueden ser corredores biológicos, el Plan Turquino, entre otras.
La eutanasia para funcionarios ineptos liberaría fondos para los institutos de neurología.