Ley de Ganadería en Cuba: ¿y la carne y la leche?

El artículo "Un paso más hacia la soberanía alimentaria", publicado en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), Granma, el pasado 26 de junio, probablemente habrá despertado en los cubanos la esperanza de disponer de más alimentos. El título basta para suscitar en los lectores la creencia de que no dependerán de donaciones e importaciones —objetivo de la soberanía alimentaria —para mal alimentarse. No será así. Las leyes solas no producen comida.

El artículo en cuestión no solo hace pensar que los cubanos tendrán a su disposición más alimentos, sino que dispondrán al menos de dos de los que están más fuera de su alcance: la carne y la leche. Es lo que cabría esperar de la Ley 161/2022 de Fomento y Desarrollo de la Ganadería en Cuba, que entrará en vigor en septiembre próximo.

¿Y a quiénes entrevistó Granma para hablar sobre la norma? Pues a Mayra Cruz Legón, directora jurídica Mayra Cruz Legón del Ministerio de la Agricultura (MINAG) y… a nadie más. El órgano oficial del PCC no consideró necesario escuchar las opiniones de los productores del sector público y el privado.

Cruz Legón, considerada por Granma autoridad más que suficiente en la materia, destacó que "una de las novedades" de la norma es "que los órganos locales del Poder Popular aprueban y controlan la implementación de estrategias, políticas públicas locales, planes, programas y proyectos, encaminados a satisfacer las necesidades alimentarias de las personas y mejorar sus condiciones de vida, en especial en la zona rural".

¿Desde cuándo el control es una novedad en Cuba? ¿Qué recursos puede destinar el Poder Popular local a esta rama de la agricultura, si los presupuestos en divisa que reciben vienen orientados desde el nivel central para otras prioridades en cuantías más reducidas cada año? ¿Cómo puede el poder municipal resolver el problema de la decadencia y obsolescencia tecnológica que padece la ganadería cubana si el Consejo de Ministros no pudo desde el nivel central lograr la más mínima rentabilidad pese a declarar el asunto como un tema de "seguridad nacional"?

¿La solución será trasladar el escaso dinero destinado a educación, salud, deporte, cultura construcción de vivienda, higiene, electricidad hacia la producción ganadera?

La supuesta "novedad" solo implica compartir la ineficacia histórica existente entre el fallido Ministerio de Agricultura y las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Ni las asambleas municipales del poder popular ni los productores privados pueden ni siquiera recibir, sin interferencia del Estado, inversiones y/o donaciones de instituciones y entidades extranjeras. La Ley de Inversión Extranjera concentra en manos del órgano fundamental del Consejo de Ministros este tipo de aprobaciones. Las importaciones y exportaciones siguen mediadas por el Estado.

¿Cómo pueden los productores o cooperativas privadas desarrollar la ganadería con eficiencia si no pueden competir con el interés estatal, por mandato de la Constitución, y no pueden contar con subvenciones eficaces ni libertad plena para decidir qué desean criar, cómo desean hacerlo, ni qué precios ni qué moneda imponer en sus relaciones de mercado, ni qué origen de materia prima y destino vinculará las producciones?

Esa falta de libertad hace irrealizables varios de los derechos de los productores ganaderos declarados en el Artículo 17 de la Ley: acceder a los incentivos establecidos para estos, en condiciones de equidad; acceder a créditos bancarios efectivos (divisa) para el desarrollo de la actividad ganadera mediante los fondos de la Banca de Fomento y Desarrollo Agrícola; establecer relaciones contractuales sobre la base de las buenas prácticas comerciales internacionales; comercializar sus producciones en los mercados mayoristas y minoristas con libertad sino en los establecidos al efecto; participar con determinación en la adopción de decisiones, la elaboración y aprobación tanto de planes como de estrategias sobre la producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de las producciones ganaderas, así como en lo relativo a las normas de calidad de los productos; entre otros recogidos el artículos siguientes referidos a los deberes de alimentación, cuidado y salud de los animales.

De hecho, el Artículo 18 de la ley les recuerda a los productores cubanos la obligación ejercer la actividad ganadera según lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, normas limitantes de la propiedad privada, de la libertad productiva y de la libertad mercantil.

La norma no tiene nada positivo, excepto para el régimen, pues favorece el control del Estado sobre las personas naturales y sus bienes agropecuarios. Es decir, aquello que determina la precariedad y pobreza alimentaria, aquello que sostiene a la fallida propiedad estatal por encima de la propiedad privada. Y le pide al productor lo que no puede cumplir tampoco el sector estatal.

La Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería y la Resolución 181/2023, Reglamento del Registro Pecuario, desarrollan muy bien, los contenidos referidos a los registros públicos y la inspección pecuaria. Esto posibilita que el Estado intervenga y se adueñe de la actividad cuando encuentre el más mínimo resquicio de ilegalidad o diversos intereses, entre ellos, el de frenar el crecimiento y acumulación de riqueza personal.

Recordemos que varios artículos de la Constitución gravitan como espadas de Damocles sobre el cubano emprendedor y el extranjero inversor o como dispositivo desestimulante. El Título II de la Ley Fundamental referida a los Fundamentos Económicos de la Nación expresa:

• En Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía…
• El Estado dirige, regula y controla la actividad económica conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales…
• La planificación socialista constituye el componente central del sistema de dirección del desarrollo económico…
• Todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en similares condiciones; (pero) el Estado regula y controla el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social…
• Artículo 30. La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado…

Mientras el régimen se empeñe en dictar leyes sin que la prioridad sea sacar al país de la miseria, sino preservar el control, la producción continuará estancada y los cubanos sin soberanía, ni alimentaria ni de ningún tipo.

Mientras la directora jurídica del MINAG celebra que la Ley de Fomento y de Desarrollo de la Ganadería y la Resolución 181 constituyen "un paso más para el logro de la soberanía y la seguridad alimentaria", un reciente reporte de DIARIO DE CUBA sobre el contenido de los refrigeradores de los cubanos mostró cuán cerca están los ciudadanos de a pie de esa seguridad.

Una ley una resolución no bastan para producir carne, leche y sus derivados, ni ningún otro tipo de alimento. Los productores necesitan un margen suficiente de libertad para gestionar con acierto y oportunidad las metas de sus proyectos. Y necesitan también que el Estado les pague los precios justos y en los plazos acordados. La demora para cobrar lo que debe pagarles el Estado por la leche que producen es una queja constante de los campesinos cubanos.

Los productores necesitan además infraestructuras constructivas y de viales, transporte y financiación efectiva. Para que un derecho pueda ejercerse y una norma aplicarse deben existir condiciones que lo garanticen. La directora jurídica del MINAG tiene que saber que esas condiciones se conocen en la teoría como fuentes materiales del derecho.

Sin esas condiciones, en Cuba la leche y la carne seguirán en el papel. Y Díaz-Canel seguirá repitiendo que en el país hay una Ley de Soberanía Alimentaria, pero no alimentos; una Ley de Pesca, pero no pescado (para los cubanos, para exportar sí hay), y una Ley de Ganadería, pero no carne.