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Política

La Ley de Reforma Agraria: dos aspectos y un resultado

Las más de seis décadas transcurridas han demostrado que la eficacia del totalitarismo para conservar el poder no resulta extrapolable a la eficiencia económica.

La Habana
Manifestación popular a favor de la Ley de Reforma Agraria
Manifestación popular a favor de la Ley de Reforma Agraria Radio Habana Cuba/ Twitter

La Ley de Reforma Agraria dictada en Cuba el 17 de mayo de 1959 arriba hoy a sus 64 años. Aprovecho la efemérides para referirme a tres aspectos: la violación del objetivo declarado, la relación con el diferendo Cuba-EEUU, y el impacto de ambos hechos en la sociedad cubana.

La violación del objetivo declarado

En 1946, aproximadamente el 70% de la tierra en Cuba no era trabajada por sus dueños. En 1953 Fidel Castro, en el juicio seguido por el asalto al cuartel Moncada, declaró que concedería la propiedad de la tierra a todos los que ocupasen parcelas de hasta cinco caballerías. El 10 de octubre de 1958, desde la Comandancia del Ejército Rebelde, dictó la Ley 3, mediante la cual dispuso la entrega en propiedad a los campesinos que ocupaban menos de cinco caballerías, con la cual, en las zonas ocupadas por el Ejército Rebelde, se entregaron algunos títulos de propiedad. Y en 1959, una vez en el Gobierno, promulgó la ley que limitó las extensiones privadas hasta 30 caballerías y entregó títulos de propiedad a unos 100.000 campesinos sin tierra.

La Constitución de 1940, en su Artículo 24 rezaba: "Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo". El Artículo 87 reconoció "la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social", y el Artículo 90 proscribió el latifundio, limitó la adquisición de tierras por compañías extranjeras y adoptó medidas para revertir la tierra al cubano. Sin embargo, las leyes complementarias nunca se dictaron.

Aunque el Gobierno revolucionario suplantó la Constitución de 1940 por la Ley Fundamental del Estado, los Artículos 24, 87 y 90 pasaron a ser parte de los estatutos constitucionales por los que se rigió el país hasta 1976. De ahí que la confiscación llevada a cabo a partir de la reforma agraria de 1959 —sin autoridad judicial competente, utilidad pública, interés social verdadero, ni la compensación establecida constitucionalmente— resultara ilegítima.

EEUU rechazó el pago en bonos a las empresas norteamericanas dueñas de las tierras expropiadas, considerando que no constituía "una compensación adecuada, pronta y efectiva". También fue ilegítima la forma de proceder. Según el geógrafo cubano Antonio Núñez Jiménez, entonces director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Fidel Castro había aconsejado a los jefes agrarios que "cuando se dispongan a intervenir una finca, la Ley debe llegar después de la intervención y […] a la hora de decidir cuántas caballerías le dejan a un latifundista, puede que tengan el criterio de dejarle 100 como marca la Ley, si están bien cultivadas, pero mejor dejarle 50" (En marcha con Fidel).

El Dr. Armando Caíñas Milanés, presidente de la proscrita Asociación de Ganaderos de Cuba, declaró por entonces: "Nosotros hemos intentado muchas veces discutir con el Dr. Fidel Castro los puntos en que discrepamos de la Ley Agraria […], que nosotros señalamos como esclavizante por no ser propia de nuestro pueblo, de nuestro espíritu democrático, de nuestras costumbres […] Se desvirtúa el derecho de la propiedad privada y de la libre empresa con un organismo estatal omnímodo e inobjetable".

La confiscación de las tierras a empresas estadounidenses aparentemente brindaba a la ley un carácter democrático y nacionalista. Sin embargo, en octubre de 1963, cuando ya no había tierras en manos extranjeras, se dictó una Segunda Ley de Reforma Agraria dirigida contra la mediana propiedad en manos cubanas, que elevó al 70% las tierras estatales y originó los improductivos latifundios socialistas. Como colofón, la Ofensiva Revolucionaria, en marzo de 1968, confiscó más de 55.000 pequeñas y medianas empresas en manos de cubanos, lo que demostró que el objetivo real —ilegítimo—, iba más allá de recuperar las propiedades extranjeras: se trataba, y se logró finalmente, de erradicar toda propiedad en manos de cubanos.

Reforma agraria y diferendo con EEUU

Antes de dictar la ley de mayo de 1959, el 15 de abril de ese año, Fidel Castro realizó un viaje a EEUU, donde afirmó que Cuba seguiría una política neutral y que mantendría buenas relaciones con el país del norte. "Necesitamos —dijo— desarrollar nuestra agricultura, de tal modo que nuestros campesinos tengan dinero para comprar los productos industriales y manufacturados (…). He ahí por qué el programa económico de nuestra revolución se basa en el desarrollo de la industria y en la Reforma Agraria, de tal manera que las tierras que no producen, se pongan a producir".

Sin embargo, la ley agraria de mayo de 1959  generó, como ya vimos, fricciones entre los gobiernos de Cuba y EEUU.

A partir de ese momento los acontecimientos, en medio de la Guerra Fría entre las dos grandes potencias, pueden resumirse así: la Unión Soviética se comprometió a comprar el 10% de la producción azucarera cubana y a suministrar petróleo a la Isla, un producto que hasta ese  en momento se adquiría en EEUU; las empresas estadounidenses y británicas se negaron a refinarlo y Cuba las expropió; EEUU redujo las importaciones de azúcar cubana; Cuba nacionalizó las restantes empresas norteamericanas (agosto de 1960); EEUU prohibió las exportaciones dirigidas a territorio cubano —exceptuando alimentos y medicamentos— y el presidente Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con la Isla (3 de enero de 1961). La escalada incluyó  luego el apadrinamiento del desembarco por Bahía de Cochinos, el bloqueo naval a Cuba, el endurecimiento del embargo comercial y financiero, las leyes Torricelli y Helms-Burton, la publicación de un plan para "acelerar la transición hacia la democracia en Cuba", la creación de un Fondo para la Libertad, entre otras medidas. A su vez, el Gobierno cubano entrenó guerrillas para exportar la revolución, desmanteló la sociedad civil cubana y participó en guerras como las de Angola y Etiopía.

El impacto negativo en la sociedad cubana

La pérdida del comercio con la mayor potencia económica y científica del mundo fue suplida por el comercio con un país de menor desarrollo económico, científico y tecnológico, situado a miles de millas de distancia. Esto permitió durante 30 años —gracias a las subvenciones soviéticas— desarrollar planes sin contar con una economía propia y burlar el embargo norteamericano. De ahí que no fue hasta 1992, al perder los subsidios soviéticos, que Cuba presentó la primera resolución condenatoria contra el embargo, y pasó a considerarlo a partir de entonces la causa de todas las dificultades del país, hasta llegar al absurdo de considerarlo "uno de los principales obstáculos para garantizar los derechos sexuales en Cuba".

Como los conflictos externos tienden a desmovilizar los conflictos internos, el Gobierno cubano ha utilizado el diferendo como pretexto para justificar la ausencia de libertades ciudadanas e impedir el resurgimiento de la sociedad civil.

Las más de seis décadas transcurridas desde entonces han demostrado que la eficacia del totalitarismo para conservar el poder y eludir cualquier compromiso con los derechos humanos no resulta extrapolable a la eficiencia económica. Y, como resultado, Cuba está sumida en la más profunda crisis estructural de su historia.

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1 comentario

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El Cagandate en Jefe eliminó el latifundio en Cuba para volverse el el principal latifundistas.Los resultados bien visibles después de más de 6 décadas ,el cubano sin comida....