¿Estará listo el PCC para respetar las protestas públicas en Cuba?

Apenas rompió la primavera en Cuba, en medio de la agudización de la crisis que afecta al país,  y ya recomenzaron las protestas ciudadanas antigubernamentales, exigiendo libertad y el cese de las vicisitudes que genera el sistema disfuncional estatal-planificado.

Esta vez, inusitadamente, fue Caimanera quien rompió el hielo el pasado 6 de mayo, un pueblo históricamente "priorizado" en los abastecimientos por estar en las cercanías de la base naval de Guantánamo, un territorio en posesión de EEUU, "el enemigo". Pero con la actual crisis que ha signado al Gobierno de Miguel Díaz-Canel, no hay prioridad que sea lo suficientemente significativa para aliviar el malvivir del pueblo cubano.

Antes del 11 de julio de 2021 (11J) era impensable que la gente tomara las calles con la frecuencia y concurrencia de estos dos últimos años, más allá de eventos puntuales, cuyo antecedente más relevante fue el Maleconazo en agosto de 1994. Ha imperado el miedo paralizante, inoculado al pueblo por el sistema totalitario durante décadas de manipulación y terror sicológico. Y aunque el miedo continúa, y hay razones de sobra para sentirlo, parece estar perdiendo gradualmente su efecto paralizante.

Bajo este sistema el ejercicio espontáneo o planificado del derecho humano a protestar, igual que cualquier otro que empodere a los ciudadanos, se mezcla con estigmas y delitos como "desorden público", "cooperar con el enemigo", "ser contrarrevolucionario", o "ser mercenario al servicio del imperio". Y donde la política es monopolio de un solo partido, el disenso es un crimen.

El estallido social sin precedentes del 11J abrió una brecha mental en los cubanos, rompió una barrera sicológica colectiva, hasta ese día inexpugnable, generada con toda intensión por el sistema para mantener el control social. Y es por suerte un fenómeno irreversible e imparable. Similar a lo que sucede con el respeto, que solo se pierde una vez, pues no se recupera jamás sin importar lo que hagas.

Por ello, no hay absolutamente nada que el PCC pueda hacer para conseguir regresarnos a la situación de control social previa al 11J. No tienen más opción que aprender a convivir con las protestas esporádicas o estar dispuestos a dar golpes una y otra vez, cada vez más frecuentemente y a más gente, hasta que un día el pueblo se revele indeteniblemente, ya no por los apagones y la inflación, sino contra sus verdugos.

Y todo indica que habrá más protestas porque cada vez hay más insatisfacción ciudadana. La falta de soluciones viables o creíbles, la repetición del viejo discurso insípido y desfasado, la represión como vía de acallar las voces de protesta, y la ineptitud de la clase dirigente que exige sacrificios mientras exhiben sus lujos y buen vivir, generan cada vez más hartazgo.

El régimen del PCC, paradójicamente, necesita que su enemigo jurado lo ayude. Solo si la Administración Biden les apoya facilitando el financiamiento mediante más remesas y turistas a la Isla, además de quitarles todas las sanciones impuestas por violar los derechos humanos de los cubanos (sin que eso cambie), podrían tener un respiro. Pero, a pesar de las sospechas y señales en ese sentido, no ha sucedido.

Bajo este contexto de inevitabilidad de las protestas lo sensato sería respetar ese derecho humano, que incluso está definido en la Constitución, intencionalmente ambigua y delegante de las leyes. Para normalizarlo no se necesita siquiera una legislación al respecto, porque nada las prohíbe y es un derecho constituido.

Basta con un pronunciamiento público del Gobierno anunciando que a partir de tal fecha "se dejaría de considerar el derecho a la manifestación pacífica como desorden público" y que organizar o convocar una protesta pacífica ya no sería considerado "incitación a delinquir".

La pregunta del millón de dólares sería: ¿Lo harán o seguirán tensando la cuerda del descontento popular y la represión, arriesgándose a un estallido social mucho mayor que el del 11J?