El bloqueo castrista a la compraventa de vehículos se renueva

Que el socialismo es el camino más largo entre el capitalismo y el capitalismo es algo que los jerarcas castristas nos recuerdan a diario. La frase define al socialismo como un estorbo para la prosperidad, el libre ejercicio de las libertades y la realización de la justicia. Principios entremezclados todos en esa categoría difusa que es capitalismo.

Por estos días, una serie de normas castristas renueva las dificultades de un cubano cualquiera, o de aquellos que tienen empresas, para obtener un vehículo.

Publicadas en la Gaceta Oficial el pasado 22 de febrero, el conjunto de disposiciones está encabezado por el Decreto 83, titulado: "De la trasmisión de la propiedad de vehículos de motor, remolques y semirremolques, su comercialización e importación".

La lectura del texto basta para expresar el estorbo que el castrismo representa para nuestra dignidad más mediana. Si lo hace respecto de la adquisición de vehículos en un país que exhibe la más variopinta diversidad de surtidos automotores decrépitos, contaminantes y peligrosos, no es difícil adivinar que las combinaciones que impiden a un cubano hacerse de un automóvil familiar o un camión comercial existen para el resto de nuestras necesidades humanas. Desde la construcción de una vivienda hasta la confección de alimentos.

Karpazuki es la combinación de las palabras Karpati —una antigua moto soviética que se comercializó en Cuba entres los años 60 y 80 del pasado siglo—, y la palabra Suzuki. Es el resultado del cambio del motor de la moto antigua por uno más moderno de la marca japonesa. Riquimbili se le dice, al menos en el oriente y centro del país, a los autos que son el resultado de un armado artesanal con piezas del más diverso origen. Remotorización es la acción de cambiar el motor antiguo de un auto por uno más moderno, algo que se hacía mucho para cambiar también el tipo de combustible que consumía el vehículo, de gasolina a petróleo, en los tiempos en que el petróleo era comercializado en el mercado negro a un precio mucho más económico que la gasolina. Almendrón es la palabra usada en Cuba para definir un carro viejo; se ha generalizado su uso al punto de que el diccionario de la lengua española ha reconocido la acepción junto a un árbol originario de Jamaica.

No es que el conjunto de normas entradas en vigor no contenga algunas novedades positivas, básicamente las que permitirán a los empresarios privados con personalidad jurídica, al parecer, adquirir vehículos a precios relativamente más económicos que los de la comercialización minorista. Es que esta "novedad" se hace autorizando, para su importación y venta, únicamente a empresas y MIPYMES estatales junto a empresas mixtas. Al sector privado nacional este filón se le bloquea.

Del mismo modo, escandaliza el impuesto sobre los vehículos de combustión, que alcanza el 250% a partir del quinto vehículo adquirido. La disposición dificulta la competencia del empresario privado frente a todo el entramado empresarial estatal que carece de restricciones semejantes.

En un país donde el transporte de carga privado se realiza con camiones de mediados del siglo pasado reformados por las vías más diversas, impedir la adquisición de camiones modernos seguirá gravando el producto final de lo transportado y encareciendo nuestras vidas, tan privadas de lo esencial.

Para los cubanos que no son empresarios, adquirir un vehículo parece mantener las dificultades que hasta ahora ha tenido desde que se autorizó su compraventa en 2013 —por primera vez en 50 años—, con sobrecostos exagerados para sus magros ingresos.

Cuando se dice exagerado sobrecosto puede no estarse insistiendo suficiente, pero en 2017 un auto Audi de diez años de uso costaba el equivalente a 622 años de trabajo para un cubano que ganara un salario mínimo. Para el que ingresaba el salario medio, el número de siglos de trabajo para obtener el vehículo se reducía, "esperanzadoramente", de seis a uno, pues en apenas 189 años podía adquirirlo. El abogado Eloy Viera Cañive comenta sobre las nuevas disposiciones que su novedad, para un cubano sin respaldo empresarial, "parece ser solamente que se pueden importar ciclomotores eléctricos sin límite de potencia, algo que impedía una Resolución de la Aduana de 2007 para los que excedieran los mil watts".

El bloqueo castrista sobre el anhelo ciudadano de poseer un vehículo significó, desde su mismo debut, la puesta en práctica de una innumerable cantidad de vías ilegales para obtenerlo. El 24 de agosto de 1961 fue necesario emitir la Ley No. 966, que disponía en su Artículo 1 que los vehículos ocupados a las personas "detenidas o sujetas al procedimiento de los Tribunales Revolucionarios o sancionados por estos y los que pertenezcan a las que hubieren abandonado el territorio nacional y deban pasar a la propiedad del Estado conforme a las leyes vigentes, quedarán bajo la custodia y jurisdicción del Ministerio del Interior."

En el artículo siguiente la norma establecía penas de prisión de entre cinco y diez años para cualquier civil o militar que dispusiera de esos vehículos sin autorización del Ministerio del Interior.

El sistema arbitrario de confiscaciones que impuso el castrismo fue una piñata para sus partidarios, que se repartieron viviendas, mobiliario y joyas, sin dejar los vehículos ajenos al frenesí de su latrocinio. La norma descrita buscaba, al parecer, poner orden entre tanto despojo.

Si el socialismo es el camino más largo entre el capitalismo y el capitalismo, se explica que los jerarcas comunistas no vean con buenos ojos el acceso a vehículos modernos de la población sometida por ellos. La modernidad está asociada a la velocidad y de la demora depende la hegemonía de su estupidez.