La respuesta del Gobierno de Miguel Díaz Canel a las distorsiones de la economía estatal planificada que generan la crisis de desabastecimiento e inflación descontrolada en Cuba es reprimir en vez de eliminar los obstáculos a la libertad económica.
En ese sentido, a finales de octubre anunció su nueva campaña de enfrentamiento a lo que llama de manera general "ilegalidades y precios abusivos", dirigida contra los cubanos a los que califica de "pillos, lumpen, vagos y corruptos", y con más de 40 directivas aprobadas para ese fin por el Consejo de Ministros.
Sin embargo, en la práctica tales acciones por sí solas, sin resolver las causas que provocan el mal, terminan causando más desabastecimiento y mayores vicisitudes a la familia cubana.
Tras su nueva "orden de combate" no se hicieron esperar las noticias en la prensa oficial de decomisos en almacenes particulares, multas y detenciones. Solo en La Habana, "71 casas almacenes fueron desmanteladas". Se detalló la lista de decomisos de mercancías de primera necesidad, cuyos proveedores "por la izquierda" son lógicamente los establecimientos y almacenes del propio Gobierno.
Y no puede ser de otra manera pues el Estado es el único en Cuba que puede ejercer la actividad económica de comercio mayorista, que mantiene prohibida para el sector privado aunque no logra cubrir con eficacia las necesidades de este. Al no suministrar mercadería e insumos a un sector cada vez más importante en la economía cubana, como el privado, surge esta cadena "ilegal" para cubrir el vacío y que el país pueda funcionar mínimamente.
En la provincia de Holguín, aunque todavía no se han realizado grandes operativos como en la capital —al menos no a un nivel que impacte en el funcionamiento "normal" del comercio privado e informal ni trascienda en la percepción ciudadana ni en los medios de comunicación— se sienten las primeras señales y se palpa el temor en las calles por el desequilibrio que se avecina. Y para no lucir fuera de sintonía con la política oficial, el periódico local ¡Ahora! se adelanta a resaltar las estadísticas del enfrentamiento en octubre pasado, anteriores al lanzamiento de la campaña gubernamental.
En un artículo de Lourdes Pichs del 18 de diciembre, se resaltan las estadísticas de la represión económica en el territorio: "se impusieron 5.389 multas, con el importe de 6.159.628 pesos, se realizaron 101 decomisos y 11 hallazgos 8, sin precisar de qué), por el valor de 448.343 pesos". "Se operó contra 136 vendedores y dos ilegales, fueron embargadas 415 cuentas a personas naturales y limitó la salida del país de 15 ciudadanos". Entre otros datos en igual sentido.
Cabe resaltar que, en efecto, hay un sector de la población cubana interesado en este tipo de accionar gubernamental contra el sector privado, o de combate a las consecuencias de la política económica oficial, como son los altos precios y la escasez. Son presumiblemente las únicas bases con que cuenta el Gobierno.
Lo integran principalmente personas de la tercera edad que apenas sobreviven con sus miserables pensiones o salarios, que se creen aún el relato manipulador de los medios oficiales porque son los únicos que consumen. También el sector vinculado al Gobierno y a la política oficial y trabajadores de sectores como educación, salud y las empresas militares, que emplean un porcentaje elevado de la fuerza laboral activa, muy ideologizados todavía, a pesar de que cada vez son menos influenciables.
Díaz Canel, imposibilitado de hacer los cambios que el país demanda para salir del atolladero, (presumiblemente por falta de autorización de la octogenaria cúpula partidista que lo designó mandatario), se sumerge en el descrédito y la burla popular. Por ello, eventualmente acude a la estrategia de hacer el papel de "amigo del pueblo" combatiendo las ilegalidades y los precios abusivos, una especie de Robin Hood comunista.
Pillería al fin, lo que hacen equivale solo a atacar las consecuencias del problema, no las causas, que están en su propia política de "continuidad" fracasada. En su corto mandato de poco más de cuatro años, esta es la tercera "operación rastrillo" que ordena, y como en las otras, sucederá lo mismo: miedo, persecución, coacción, más desabastecimiento y carestía para el pueblo y paralización momentánea de muchas actividades económicas del sector privado, con su respectivo impacto negativo en toda la economía.
En el mismo año 2018, en que Díaz Canel asumió los principales cargos del Estado y del Gobierno, tuvo lugar la primera redada contra los productores porcinos más exitosos en Cuba, que marcó el inicio de la quiebra de ese importante renglón productivo y de una oleada de multas elevadas contra el sector cuentapropista. La segunda fue más general y mediática, con reportes diarios en el Noticiero Nacional de la televisión estatal de los negocios desmantelados en todas las provincias, donde resultaron destronados los reyes del queso y del tomate, en Artemisa y Pinar del Río, respectivamente.
